Colombia enfrenta ola de violencia a semanas de elecciones presidenciales

Por Alonso Rosales

Colombia atraviesa un preocupante repunte de violencia a pocas semanas de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo, en un contexto marcado por ataques contra civiles, infraestructura y fuerzas militares. Los recientes atentados, concentrados especialmente en el suroeste del país, han encendido las alarmas de las autoridades y reavivado el debate sobre la seguridad y la efectividad de las políticas de paz.

El hecho más grave ocurrió el sábado 25 de abril en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, donde un ataque con explosivos dejó al menos 19 personas muertas. Según información oficial, un cilindro bomba fue lanzado contra un autobús que transitaba por el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío. La explosión no solo impactó al vehículo de transporte público, sino que también afectó a al menos otros 15 automóviles que circulaban por la zona, dejando una escena de destrucción y un gran cráter en la carretera.

Este atentado se suma a otros hechos violentos ocurridos en los días previos. El viernes 24 de abril, un carro bomba explotó cerca del Batallón Pichincha, en Cali, y otro ataque se registró contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira. Aunque estos ataques no dejaron víctimas, evidencian una escalada coordinada contra instalaciones militares en el Valle del Cauca.

Asimismo, hombres armados atacaron un radar en el Cerro Santana, en el municipio de El Tambo, también en Cauca, infraestructura clave para el control del tráfico aéreo en la región. Las autoridades reportaron además acciones violentas en otros municipios como Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda, lo que sugiere una ofensiva simultánea en distintos puntos estratégicos.

El Gobierno colombiano atribuye esta ola de violencia a disidencias de las antiguas FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016, así como a la guerrilla del ELN y otras organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En particular, se señala a la estructura ‘Jaime Martínez’, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), como responsable de varios de los ataques recientes.

El presidente Gustavo Petro calificó los hechos como actos de “terrorismo” y responsabilizó a estos grupos armados de intentar sembrar miedo entre la población. Según el mandatario, estas acciones serían una reacción a la presión ejercida por las fuerzas militares contra las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, afirmó que se han ordenado operaciones conjuntas para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de la población. “La presión sostenida ha afectado significativamente sus estructuras, lo que genera reacciones violentas”, señaló.

Desde el ámbito político, las reacciones no se hicieron esperar. La candidata presidencial Paloma Valencia criticó duramente al Gobierno, acusándolo de minimizar la gravedad de la situación y de debilitar las instituciones de seguridad. Exigió medidas inmediatas y un respaldo más firme a las fuerzas armadas.

El departamento del Cauca ha sido históricamente una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia, debido a su ubicación estratégica como corredor hacia el océano Pacífico, utilizado para el tráfico de drogas. La presencia de múltiples actores armados ilegales ha generado una disputa constante por el control territorial.

Este repunte de violencia ocurre en un contexto electoral, lo que genera preocupación sobre las garantías de seguridad para el proceso democrático. De hecho, informes previos han señalado que los periodos electorales en Colombia suelen estar acompañados de un aumento en los hechos violentos, como ocurrió en las elecciones de 2022, consideradas las más violentas en más de una década.

Mientras el país se prepara para acudir a las urnas, el desafío de garantizar la seguridad y la estabilidad se posiciona como uno de los temas centrales del debate político y social.

Fuentes: Reuters, Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP), EFE, France 24 y medios locales.