Por Alonso Rosales
La confrontación entre el presidente Donald Trump y buena parte de la prensa estadounidense entró esta semana en una nueva fase: pasó de los enfrentamientos públicos y las acusaciones de “noticias falsas” a los tribunales, mientras varias de las principales cadenas de televisión decidieron suspender la cobertura conjunta de los actos presidenciales en solidaridad con los medios excluidos de la Casa Blanca.
CNN, Politico y MS NOW presentaron este lunes una demanda contra la administración Trump ante un tribunal federal de Washington, argumentando que la decisión de impedir el ingreso de sus periodistas a la Casa Blanca vulnera las garantías constitucionales de libertad de prensa y debido proceso. Los tres medios solicitaron que un juez intervenga de manera acelerada y restablezca el acceso de sus corresponsales.
La controversia comenzó el viernes, cuando Trump anunció que CNN, MS NOW y Politico quedarían excluidos de las instalaciones de la Casa Blanca. El presidente justificó la medida acusando a esos medios de realizar una cobertura que consideraba injusta y de difundir lo que calificó como “fake news”.
Al día siguiente, la medida pasó de las palabras a los hechos. Periodistas de los tres medios llegaron a la Casa Blanca y se encontraron con que sus credenciales habían sido desactivadas o confiscadas. Reuters informó que los equipos periodísticos fueron impedidos de ingresar al complejo presidencial.
Para los medios afectados, el problema no consiste únicamente en perder acceso físico al edificio presidencial. El argumento central de la demanda es que un gobierno no debería determinar qué organizaciones pueden cubrirlo basándose en su valoración de las informaciones publicadas.
La demanda sostiene que la exclusión representa una interferencia gubernamental con la libertad de prensa y solicita la restitución del acceso de los periodistas. El caso fue asignado al juez federal Timothy Kelly, quien durante el primer mandato de Trump intervino en una disputa relacionada con el entonces corresponsal de CNN Jim Acosta y su credencial de acceso a la Casa Blanca.
La reacción de otras organizaciones periodísticas fue inmediata.
CNN forma parte, junto con ABC, CBS, NBC y Fox News, del denominado White House TV pool. Se trata de un sistema mediante el cual una cadena se encarga de producir las imágenes de determinadas actividades presidenciales y posteriormente las comparte con las demás cadenas y organizaciones informativas.
CNN debía asumir este lunes una de esas funciones. Sin embargo, después de que la Casa Blanca le impidiera trabajar dentro del esquema habitual, ABC, CBS, NBC y Fox News decidieron no sustituirla.
Las cinco cadenas comunicaron que no habría cobertura televisiva conjunta de los actos presidenciales correspondientes al pool. Al mismo tiempo, dejaron claro que otras coberturas políticas y gubernamentales continuarían con normalidad.
La decisión constituye una señal poco habitual de solidaridad entre medios que compiten diariamente por audiencia, publicidad y exclusivas.
La declaración conjunta de las cinco cadenas sostuvo que el público tiene un interés fundamental en recibir información independiente y que ninguna administración debería restringir a una organización periodística simplemente porque desaprueba su cobertura.
También se pronunció la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Su presidenta, Jacqui Heinrich, periodista de Fox News, pidió que se restituyera el acceso a los reporteros afectados y planteó que el problema trasciende a CNN, Politico y MS NOW.
La preocupación es que si un gobierno puede retirar el acceso a un medio debido a su cobertura, el precedente podría terminar afectando a otras organizaciones periodísticas.
Existe, sin embargo, una diferencia importante que conviene aclarar.
Las cadenas no anunciaron el fin de toda cobertura periodística de Donald Trump. La decisión afecta principalmente al sistema de cobertura audiovisual conjunta de los actos presidenciales conocido como pool.
ABC, CBS, NBC, Fox News y CNN continuarán realizando cobertura política y periodística de la administración. Lo que se suspendió es la responsabilidad compartida de producir y distribuir determinadas imágenes de las actividades presidenciales mientras CNN esté impedida de cumplir su turno.
Esto significa que el conflicto no es un boicot absoluto a la información sobre Trump. Es, más concretamente, una protesta institucional de los grandes medios contra la exclusión de determinadas organizaciones de la cobertura presidencial.
La solidaridad tampoco se limitó a las cinco cadenas.
NPR condenó la decisión de la Casa Blanca. Su editor jefe, Tommy Evans, afirmó que impedir que periodistas trabajen dentro de la Casa Blanca porque al presidente no le gusta su cobertura constituye una amenaza a la libertad de prensa.
The New York Times y The Washington Post también cuestionaron públicamente la medida, mientras organizaciones dedicadas a la defensa de la Primera Enmienda manifestaron su respaldo a los medios demandantes. El Knight First Amendment Institute de Columbia University anunció que apoyaría a las organizaciones periodísticas en el proceso judicial.
El conflicto también pone sobre la mesa una cuestión más profunda: quién debe controlar el acceso de los periodistas al presidente de Estados Unidos.
La Casa Blanca sostiene que el presidente tiene autoridad para determinar quién recibe acceso a determinados espacios y ha defendido la exclusión argumentando que los medios afectados realizan una cobertura que considera falsa o propagandística.
Los medios demandantes sostienen exactamente lo contrario: que permitir que el Gobierno castigue a organizaciones por el contenido de sus informaciones abre la puerta a una forma de control político de la prensa.
Trump ha utilizado un lenguaje especialmente duro contra los medios que considera hostiles a su administración. Pero el debate jurídico no se limita a determinar si una información concreta fue correcta o incorrecta. La cuestión que deberá examinar el tribunal es si el Gobierno puede utilizar el acceso a la Casa Blanca como mecanismo de presión frente a organizaciones periodísticas.
La importancia del caso reside precisamente en que puede establecer un precedente que trascienda a la actual administración.
La relación entre presidentes estadounidenses y medios de comunicación siempre ha sido conflictiva. Sin embargo, en los últimos años las disputas por credenciales, acceso, entrevistas y cobertura presidencial han adquirido una dimensión institucional cada vez mayor.
En esta ocasión, CNN, Politico y MS NOW decidieron recurrir a los tribunales. Al mismo tiempo, ABC, CBS, NBC y Fox News optaron por no reemplazar a CNN dentro del sistema de cobertura televisiva compartida.
El resultado es una escena poco habitual: medios que compiten entre sí han cerrado filas alrededor de un principio común, mientras el Gobierno defiende su derecho a decidir qué organizaciones tienen acceso a determinados espacios presidenciales.
Ahora la palabra la tendrá la justicia.
El caso plantea una pregunta que va mucho más allá de CNN, Politico o MS NOW: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno en su capacidad de controlar el acceso de la prensa sin convertir ese acceso en una herramienta para premiar o castigar determinadas coberturas?
La respuesta del tribunal podría convertirse en uno de los capítulos más importantes de la relación entre la Casa Blanca y la prensa estadounidense durante el segundo mandato de Trump.