Por Alonso Rosales
Periodista y analista internacional
La captura de Omar Hernández, exempleado de la municipalidad de Metapán, acusado de desacato por publicaciones y expresiones contra el alcalde de Santa Ana Norte, Carlos Landaverde, abre nuevamente un debate incómodo para El Salvador: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para proteger el honor de un funcionario público frente a las críticas de un ciudadano?
De acuerdo con información publicada por La Prensa Gráfica, Hernández fue detenido la noche del jueves 27 de agosto después de realizar publicaciones reiteradas en redes sociales en las que cuestionaba la actuación del alcalde. Según fuentes policiales citadas por el medio, algunas de sus expresiones fueron consideradas “degradantes” y, en una transmisión en vivo, habría utilizado calificativos ofensivos contra el funcionario.
La acusación se fundamenta en el artículo 339 del Código Penal salvadoreño, que contempla el delito de desacato y establece penas de prisión para quien ofenda de hecho o de palabra el honor o decoro de un funcionario público en determinadas circunstancias.
El caso, sin embargo, trasciende la situación personal de Hernández. La pregunta fundamental es qué espacio existe en El Salvador para la crítica política, especialmente cuando esta resulta incómoda, dura o incluso ofensiva para quienes ejercen cargos públicos.
En las democracias occidentales existe una diferencia importante entre una amenaza, una acusación falsa que cause un daño jurídicamente demostrable y la crítica política, incluso cuando esta última sea áspera, desagradable o vulgar.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que la libertad de expresión ocupa un lugar central en una sociedad democrática y que las restricciones a quienes participan en debates de interés público deben superar un examen particularmente estricto.
En un caso reciente relacionado con Dinamarca, el tribunal europeo consideró desproporcionada una condena penal por una expresión publicada en redes sociales contra un dirigente político. La Corte señaló que las autoridades nacionales no habían realizado adecuadamente el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la reputación.
Eso no significa que en Europa los políticos estén desprotegidos. Existen leyes contra la difamación, las amenazas y otras conductas ilícitas. De hecho, el propio Tribunal Europeo ha avalado determinadas sanciones cuando las expresiones exceden los límites establecidos por la protección de los derechos de terceros.
La diferencia fundamental es que la crítica a quienes gobiernan es considerada un componente esencial del control ciudadano sobre el poder.
El contraste resulta particularmente evidente cuando se observa el debate internacional alrededor del presidente estadounidense Donald Trump.
Trump ha sido objeto de duras críticas de políticos, periodistas, académicos y ciudadanos dentro y fuera de Estados Unidos. En Europa, dirigentes políticos han cuestionado públicamente sus políticas comerciales, migratorias, militares y diplomáticas.
El propio gobierno de Trump ha convertido la libertad de expresión en uno de sus principales argumentos políticos, aunque organizaciones de derechos civiles y expertos han cuestionado algunas de sus actuaciones. Una investigación de Reuters publicada este mes señaló que jueces federales estadounidenses habían determinado en decenas de casos que determinadas actuaciones de la administración Trump habían vulnerado derechos relacionados con la libertad de expresión.
En otro fallo conocido esta semana, un juez federal estadounidense determinó que el gobierno de Trump había actuado de manera inconstitucional al intentar utilizar mecanismos migratorios contra estudiantes extranjeros por expresiones políticas relacionadas con Israel y Palestina. El fallo recordó que la Primera Enmienda protege la libertad de expresión frente a actuaciones gubernamentales.
Es decir, incluso en Estados Unidos —un país con fuertes tensiones políticas y profundas controversias sobre los límites del discurso— la discusión jurídica gira alrededor de cómo proteger la expresión política frente al poder estatal.
El caso de Hernández plantea una cuestión más profunda para El Salvador.
Un alcalde, un diputado, un ministro, un presidente o cualquier funcionario público no debería ser considerado una figura inmune a la crítica simplemente por ocupar un cargo.
Quien administra fondos públicos, toma decisiones que afectan a una comunidad y ejerce autoridad sobre los ciudadanos debe estar sujeto a un escrutinio mayor, no menor.
La crítica puede ser injusta. Puede ser equivocada. Puede ser exagerada. Incluso puede ser ofensiva. Pero una democracia madura debería distinguir entre una expresión desagradable y una conducta que verdaderamente constituye una amenaza o un delito.
El Tribunal Europeo ha insistido precisamente en esa necesidad de ponderación. En un caso relacionado con un periodista búlgaro condenado por difamar a un alto funcionario, determinó que la sanción había vulnerado la libertad de expresión porque no existían suficientes garantías contra la arbitrariedad.
La detención de Hernández debería provocar un debate nacional que vaya más allá de simpatías políticas.
No se trata de defender automáticamente al detenido ni de afirmar que todo lo que publicó era correcto. Tampoco significa que los funcionarios deban soportar amenazas o acusaciones falsas sin mecanismos legales de defensa.
La discusión es otra: ¿debe un ciudadano terminar privado de libertad por insultar a un funcionario público?
Una democracia sólida se mide precisamente cuando permite que alguien cuestione al poder, incluso cuando ese cuestionamiento resulta incómodo para quienes gobiernan.
En países democráticos, los primeros ministros, presidentes, alcaldes y parlamentarios son sometidos diariamente a críticas, caricaturas, sátiras, insultos políticos y campañas de oposición. La respuesta institucional, por regla general, no consiste en utilizar al aparato policial para silenciar al crítico, sino en responder políticamente, presentar pruebas, acudir a los tribunales cuando corresponda o aceptar el costo de ejercer el poder.
El Salvador tiene derecho a construir su propio modelo institucional, pero también debe preguntarse qué clase de democracia quiere consolidar.
Porque una democracia no se demuestra cuando todos hablan bien del Gobierno.
Se demuestra cuando un ciudadano puede hablar mal del Gobierno sin tener miedo de que la policía llegue a su casa.