Por Álvaro Rivera Larios
Durante décadas, El Salvador vivió una paradoja democrática pocas veces asumida en su verdadera gravedad: mientras las élites urbanas ejercían ciertos derechos civiles conquistados tras una larga guerra civil, millones de ciudadanos en barrios populares y zonas periféricas no podían desplazarse libremente, vivir sin miedo ni proteger sus bienes materiales o su vida. El país era, formalmente, una democracia; pero para buena parte de la población, esa democracia coexistía con un régimen de facto impuesto por estructuras criminales que operaban como un Estado paralelo.
En esa atmósfera, la libertad fue un privilegio de clase. La prensa era libre, sí, pero muchos de sus lectores no podían cruzar de una colonia a otra sin arriesgar la vida. Se podía votar, pero no siempre se podía salir de casa sin permiso de las pandillas. Se celebraban elecciones, se fomentaban retóricamente las libertades ciudadanas, pero millones vivían secuestrados simbólicamente por el miedo, la extorsión o el desplazamiento forzado. La democracia, en ese contexto, se volvió un teatro de las apariencias: una formalidad sin contenido para quienes más necesitaban su protección.
Es en ese vacío donde debe ubicarse el ascenso imprevisto y fulgurante de Nayib Bukele. Su proyecto político no brota del aire ni de un laboratorio digital, sino de un escenario marcado por el descrédito total de los partidos tradicionales, la bancarrota de la transición posbélica y el colapso ético de la democracia representativa. La figura de Bukele —con todos sus gestos autoritarios, su aparato de propaganda y su culto al líder— emerge como respuesta distorsionada pero eficaz a una demanda legítima: seguridad, dignidad cotidiana, orden mínimo.
La pregunta que muchos analistas liberales no se atreven a formular es esta: ¿qué libertad es más urgente para quien ha vivido años bajo el terror cotidiano? ¿La libertad de expresión o la libertad de moverse sin ser asesinado? En su voto por Bukele, una parte significativa del pueblo salvadoreño no abandonó la democracia: más bien castigó su impotencia política, su hipocresía. Canjeó libertades institucionales que nunca sintió propias, a cambio de un orden tangible, aunque impuesto por medios autoritarios. Ese canje es peligroso, sí, pero también profundamente comprensible desde la experiencia histórica del país.
El error de buena parte de la crítica a Bukele ha sido moralizar la política, como si bastara con señalar el retroceso democrático para invalidar el apoyo popular que lo sostiene. Porque ese apoyo no proviene solo del fanatismo o la ignorancia: proviene de la memoria del abandono institucional en que ha vivido durante décadas gran parte de la ciudadanía. Mientras las ONG hablaban de derechos humanos, a diario aparecían cuerpos desmembrados. Mientras la clase política discutía reformas, las comunidades eran ocupadas por maras armadas. Bukele no inventó la demanda de orden: la heredó de una democracia que no supo garantizarlo.
Nada de esto justifica el autoritarismo creciente, la concentración de poder ni el régimen de excepción prolongado indefinidamente. Pero entender su origen no es complicidad, sino una forma de lucidez política. Porque si no se comprende la historia que hizo posible el bukelismo, será imposible pensar una alternativa real. La democracia salvadoreña no puede restaurarse en su forma anterior: debe refundarse desde abajo, incluyendo a quienes durante décadas no fueron considerados ciudadanos plenos.
Hoy El Salvador ya no es el mismo. No lo es porque la libertad de movimiento ha sido en parte recuperada, pero al precio de otras libertades fundamentales. El desafío no es retornar a la vieja democracia fallida, sino construir una forma política que articule orden con justicia, seguridad con pluralismo, autoridad con derechos para todos. Para eso, es imprescindible dejar de negar la realidad y empezar a leerla sin los anteojos de una ideología autoindulgente. Solo así podrá pensarse un país distinto: más allá de Bukele, pero también más allá de lo que existía antes de él.