Por Alonso Rosales
Bolivia atraviesa seis semanas de bloqueos iniciados por la Central Obrera Boliviana, que han escalado hasta incluir grupos armados y una creciente tensión social. En respuesta, el presidente Rodrigo Paz promulgó el 8 de junio la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, que le permite declarar medidas extraordinarias mediante decreto ante amenazas a la seguridad, conmoción interna o desastres.
La normativa otorga a la Policía un papel central, con apoyo limitado de las Fuerzas Armadas, en un contexto donde ciudades como La Paz y El Alto enfrentan escasez de combustible y dificultades de abastecimiento. Paz justificó la medida señalando la presencia de actores vinculados al narcotráfico en las protestas, a las que calificó como impulsadas por “narcoterroristas”.
Las movilizaciones, que exigen la renuncia del mandatario, se han intensificado pese a los llamados al diálogo. Cerca de 100 bloqueos afectan a la mayoría de las regiones del país, mientras crecen las denuncias de abusos en operativos policiales y el número de manifestantes.
La violencia también ha impactado a autoridades locales. En San Julián, el alcalde Carlos Vaca se encuentra en la clandestinidad tras el saqueo de su vivienda, en represalia por su presunta participación en intentos de desbloqueo.
El conflicto refleja una creciente presión sobre el Gobierno de Paz, que enfrenta problemas económicos y de abastecimiento en medio de una crisis social cada vez más profunda.
.