Por: Juan Gasparini
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo aumentó la represión en Nicaragua desde el 2018, «utilizando el género como instrumento de control, humillación y silenciamiento», quitándoles la nacionalidad a 452 personas en los últimos meses, entre ellas a 84 mujeres, acusadas de «traición a la patria», tras procesos injustos, expulsándolas a «Estados Unidos, Guatemala, Ciudad del Vaticano, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Panamá», informó el Grupo de 3 Expertos sobre Nicaragua, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. (1)
Concierne a «feministas, periodistas, mujeres del colectivo LGBTIQ+, así como lideresas políticas comunitarias, campesinas, indígenas y afrodescendientes, y familiares de personas opositoras», que han sufrido «discriminación, agresiones y persecución política alimentadas por estereotipos de género y la manipulación de roles de cuidado, y profundizadas por prejuicios raciales», resumieron los expertos, en un documento publicado por el citado Consejo de la ONU. (2)
«Las autoridades promueven un modelo tradicional de mujer asociado a la maternidad, la familia y la obediencia, mientras estigmatizan a las mujeres disidentes como amenaza para el orden social. Esta narrativa ha servido para justificar ataques contra mujeres que ejercen liderazgo público o defienden los derechos humanos, activistas feministas, periodistas, lideresas estudiantiles, que fueron reprimidas, y sufrieron detención arbitraria, violencia física y tortura». (3)
También han sido canceladas «cerca de 300 organizaciones de mujeres y del colectivo LGBTIQ+, eliminando espacios especiales de protección, acompañamiento y denuncia que brindaban servicios legales, psicosociales, comunitarios y de salud sexual y reproductivas, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niñas, en particular a quiens dependían de esos servicios frente a la violencia de género, la pobreza, la exclusión o el despojo territorial, destruyendo instancias de asistencia que sostenían la vida diaria de muchas comunidades». (4)
Aumentaron «las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, teniendo impactos específicos en las mujeres, en particular las opositoras o percibidas como tales, sometidas a procesos sin garantías, incomunicación, cargos infundados y estigmatización basada en el género, interrumpiendo trayectorias profesionales, desarticulando familias, y separando a madres de sus hijos e hijas», agrediendo «a mujeres que buscaban a familiares detenidos o desaparecidos, que acudían a centros de detención o reclamaban justicia», siendo «acosadas, vigiladas y amenazadas». (5)
«La tortura y los malos tratos en lugares de detención incluyeron formas claras de violencia sexual y de genero, incluidas la violación. Las mujeres detenidas subrayaron con frecuencia que fueron sometidas a insultos sexistas, amenazas de violación, desnudez forzada, acoso sexual, aislamiento, restricción de visitas familiares y privación de atención médica adecuada. Estas practicas buscaron humillarlas y castigarlas por su participación en política y por apartarse de roles tradicionales. La violencia sexual y las amenazas contra su maternidad o la custodia de sus hijos, profundizaron el sufrimiento psicológico. Quienes visitaban a detenidos también sufrieron registros abusivos y tratos degradantes». (6)
«Por otra parte, la vigilancia constante, el acoso y las campañas de difamación han servido para aislar y silenciar a un gran número de mujeres dentro y fuera de Nicaragua. Muchas fueron llamadas «malas madres», «abortistas» , «traidoras», o «enemigas de la familia». Adicionalmente «las mujeres del colectivo LGBTIQ+ enfrentaron ataques homófobos y estigmatizantes», mientras «que las lideresas indígenas y afrodescendientes sufrieron también a causa del racismo en su contra y la violencia e impunidad ligadas con esta forma de discriminación». (7)
«Asimismo, la prohibición de ingreso al propio país, la denegación de expedición o renovación de pasaportes y documentos de viaje, las expulsiones, la prohibición arbitraria de la nacionalidad y la confiscación de bienes han dejado a muchas mujeres en situación de desarraigo, precariedad económica, separación familiar y, en varios casos, apátrida de jure y de facto, en caso de no tener otra nacionalidad, constituyendo, varias de estas violaciones, crímenes de lesa humanidad de encarcelación, desaparición forzada, deportación y persecución por motivos políticos. (8)
«Aunque el motivo principal de la persecución es político, el genero de las víctimas ha influenciado en su selección por los perpetradores, en los métodos represivos utilizados y en los impactos sufridos. El Grupo de Expertos concluye en consecuencia que las graves violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018 han tenido dimensiones de género claras y sistemáticas, afectando de manera diferenciada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, sino que ademas ha reproducido, instrumentalizado y profundizado desigualdades estructurales, y estereotipos de genero preexistentes para castigar, disciplinar y silenciar víctimas y para destruir redes de apoyo, organización y resistencia». (9)
Los expertos hacen «un llamado al Gobierno nicaragüenses a poner fin a la represión, liberar a las personas detenidas arbitrariamente, investigar las violaciones, restituir derechos y garantizar un entorno seguro para las organizaciones feministas y de derechos humanos, instando ademas a la comunidad internacional a mantener el monitoreo, apoyar la rendición de cuentas y proteger a las mujeres nicaragüenses en el exilio», y a abandonar los asesinatos, las encarcelaciones, la tortura, la deportación, las desapariciones forzadas. (10)
En ese contexto, recuerdan «que en muchos casos la confiscación arbitraria de bienes y las pensiones de las mujeres exiliadas ha profundizado las desigualdades estructurales de genero preexistentes, como los obstáculos para acceder a fuentes de ingresos y su dependencia económica, exponiéndolas así a la precariedad económica y la pobreza» sin olvidar «que estas confiscaciones afectan también a los familiares que dependen de ellas, como hijas e hijos menores y adultos, tanto en Nicaragua como en el extranjero». (11)
Para el sistema de protección y promoción de los derechos humanos vigente en la ONU, «los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto con altos funcionarios de los diferentes poderes del Estado e integrantes del FSLN, son responsables, prima facie, de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril de 2018. Estas violaciones que, en si o por su efecto acumulativo, constituyen persecución por motivos políticos se agravan aun más por su convergencia con la discriminación de genero. Asimismo, genera un impacto diferencial dependiendo del género de la víctima». (12)
Desde Ginebra, Juan Gasparini
(1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) Mujeres y violaciones de Derechos Humanos, en Nicaragua, Ginebra, 18 de junio de 2026.
2) Se trata de Jan Michael Simon, (Alemania), Ariela Peralta Distéfano (Uruguay) y Reed Brody (Hungría-Estados Unidos), quienes no son empleados de la ONU, ni cobran sueldo, solo viáticos para cubrir gastos de sus mandatos. Actúan según conciencia, y concurren a Ginebra una vez al año para informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y participar de los debates e investigaciones.