Por: Alonso Rosales Analista Internacional
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del 30 de junio de 2026, mediante la cual se declaró inválida la orden ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a restringir la ciudadanía por nacimiento, constituye uno de los pronunciamientos constitucionales más relevantes en materia migratoria de las últimas décadas. El fallo reafirma el alcance de la Cláusula de Ciudadanía contenida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y confirma que el Poder Ejecutivo carece de facultades para limitar, mediante una orden administrativa, un derecho de naturaleza constitucional consolidado por más de un siglo de jurisprudencia.
Alcance jurídico del fallo
Desde una perspectiva constitucional, la sentencia ratifica que toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere la ciudadanía estadounidense al momento de su nacimiento, con independencia de la condición migratoria de sus progenitores, salvo las excepciones históricamente reconocidas por el derecho constitucional estadounidense, como los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados o de fuerzas militares enemigas en ocupación.
El criterio adoptado por la Corte preserva la interpretación tradicional de la expresión “subject to the jurisdiction thereof” (“sujetas a su jurisdicción”), prevista en la Decimocuarta Enmienda, rechazando la interpretación restrictiva impulsada por la Administración Trump, según la cual los hijos de inmigrantes en situación migratoria irregular o de personas con visas temporales no deberían adquirir automáticamente la ciudadanía.
En consecuencia, el estatus migratorio de los padres no constituye un elemento jurídicamente relevante para determinar la nacionalidad del hijo nacido dentro del territorio estadounidense.
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Desde el punto de vista legal, el fallo mantiene plenamente vigente el principio del jus soli, sistema por el cual la nacionalidad se adquiere por el lugar de nacimiento y no por la nacionalidad o situación migratoria de los padres.
Ello implica que:
En términos jurídicos, la sentencia evita que la ciudadanía se convierta en una prerrogativa condicionada al estatus migratorio de los padres, reafirmando que se trata de un derecho constitucional originario y no de una concesión administrativa.
El precedente Wong Kim Ark continúa siendo vinculante
La Corte reafirmó la vigencia del precedente establecido en United States v. Wong Kim Ark, 169 U.S. 649 (1898), considerado uno de los pilares del derecho constitucional estadounidense.
En dicho caso, el máximo tribunal sostuvo que una persona nacida en California de padres chinos era ciudadana estadounidense pese a que sus progenitores no podían acceder a la naturalización conforme a la legislación vigente en aquella época.
Ese precedente consolidó la doctrina según la cual la ciudadanía por nacimiento protege prácticamente a todos los nacidos dentro del territorio nacional.
Al mantener la fuerza obligatoria de dicho precedente, la Corte reafirma el principio de stare decisis, fundamental en el sistema jurídico estadounidense, según el cual los precedentes constitucionales solo pueden modificarse cuando existan razones jurídicas excepcionales.
Límites al poder presidencial
Otro aspecto de especial relevancia institucional consiste en que la sentencia delimita el alcance de las facultades presidenciales.
La Corte recordó que una orden ejecutiva constituye un instrumento administrativo destinado a ejecutar la legislación vigente, pero no puede modificar derechos expresamente reconocidos por la Constitución.
En consecuencia, cualquier intento de restringir la ciudadanía por nacimiento requeriría, en términos jurídicos, una reforma constitucional —un procedimiento extraordinariamente complejo— o, como mínimo, un cambio de interpretación constitucional realizado por la propia Corte Suprema, circunstancia que el tribunal descartó expresamente.
El fallo fortalece el principio de separación de poderes y reafirma el papel del Poder Judicial como garante último del control de constitucionalidad.
Reacción del presidente Donald Trump
Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema, el presidente Donald Trump expresó su desacuerdo con el fallo y sostuvo que continuará impulsando medidas para reformar el sistema migratorio y limitar lo que considera un uso indebido de la ciudadanía por nacimiento. El mandatario insistió en que la interpretación tradicional de la Decimocuarta Enmienda incentiva la inmigración irregular y afirmó que su Administración evaluará las alternativas legales y legislativas disponibles para alcanzar ese objetivo. Asimismo, reiteró que corresponde al Congreso y a los tribunales seguir debatiendo el alcance de la Cláusula de Ciudadanía, aunque reconoció que la decisión del máximo tribunal constituye un precedente de obligatorio cumplimiento.
Reacción de las organizaciones defensoras de inmigrantes
Diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes celebraron la decisión al considerar que preserva una garantía constitucional fundamental y evita la creación de categorías diferenciadas de ciudadanos.
La American Civil Liberties Union (ACLU) sostuvo que la sentencia confirma que ningún presidente puede privar unilateralmente de la ciudadanía a personas nacidas en Estados Unidos y calificó la decisión como una reafirmación del Estado de Derecho y de la supremacía constitucional.
Por su parte, el National Immigration Law Center (NILC) afirmó que el fallo protege a cientos de miles de familias inmigrantes frente a la incertidumbre jurídica que habría generado la aplicación de la orden ejecutiva, señalando que la ciudadanía por nacimiento constituye una piedra angular del sistema constitucional estadounidense.
La organización United We Dream, una de las mayores redes de jóvenes inmigrantes del país, manifestó que la decisión evita que miles de niños nacidos en Estados Unidos sean privados de derechos fundamentales por la condición migratoria de sus padres, subrayando que la Constitución no admite diferencias entre ciudadanos de primera y segunda categoría.
Asimismo, America’s Voice destacó que el pronunciamiento preserva la seguridad jurídica de millones de familias y evita la creación de conflictos administrativos relacionados con la acreditación del estatus migratorio parental al momento del nacimiento.
Impacto constitucional
Más allá del debate migratorio, la decisión representa un precedente institucional de gran relevancia.
La Corte Suprema reafirma que los derechos constitucionales no pueden ser restringidos mediante decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo y que la estabilidad interpretativa de la Constitución constituye un elemento esencial del Estado de Derecho.
El fallo también reduce significativamente las posibilidades de que futuras administraciones intenten modificar la ciudadanía por nacimiento mediante decretos presidenciales, consolidando nuevamente el alcance de la Decimocuarta Enmienda como una garantía constitucional de aplicación general.
Fuentes