Por Alonso Rosales Analista Internacional
Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos autorizó este martes al Gobierno del presidente Donald Trump a reanudar a nivel nacional las deportaciones aceleradas de inmigrantes indocumentados, una medida que amplía significativamente el alcance de este mecanismo migratorio.
El fallo, emitido por un panel de tres jueces del Circuito del Distrito de Columbia en una votación dividida de 2-1, respalda la decisión del Ejecutivo de aplicar las expulsiones exprés no solo en zonas fronterizas, sino en cualquier parte del país. Esta política permite a las autoridades migratorias deportar rápidamente a personas sin documentos sin necesidad de que comparezcan ante un juez de inmigración.
En su resolución, el juez Justin R. Walker sostuvo que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo la autoridad para determinar qué grupos de migrantes pueden ser sujetos a deportación expedita. Según el fallo, la ampliación implementada en 2025 se encuentra dentro de los límites legales establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La medida representa un cambio sustancial respecto a políticas anteriores. Antes de esta expansión, las deportaciones aceleradas se aplicaban únicamente a migrantes detenidos dentro de un radio de 100 millas de la frontera y que no pudieran demostrar una permanencia mayor a dos semanas en el país. Con la nueva normativa, el criterio se extiende a cualquier inmigrante indocumentado que no logre probar que ha residido en Estados Unidos por más de dos años.
El Gobierno ha defendido la política argumentando que fortalece la seguridad nacional y reduce los costos del sistema migratorio al agilizar los procesos de expulsión. Sin embargo, la decisión ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y de inmigrantes.
Diversas ONG han expresado su preocupación por lo que consideran una erosión de las garantías legales básicas. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) advirtió que la medida podría llevar a deportaciones injustas, incluso de personas con derecho a permanecer en el país.
“Este fallo abre la puerta a abusos graves y a la deportación de individuos sin acceso a una defensa adecuada”, señaló la organización en un comunicado. Por su parte, Human Rights Watch afirmó que la expansión de las deportaciones aceleradas “pone en riesgo a miles de familias y socava principios fundamentales del debido proceso”.
Asimismo, grupos comunitarios han denunciado que la política genera temor entre comunidades migrantes, desincentivando la denuncia de delitos y afectando la cohesión social.
Analistas legales consideran que el tema podría escalar hasta la Corte Suprema, dada la relevancia constitucional del debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.
Mientras tanto, la decisión judicial permite al Gobierno avanzar con una de sus políticas migratorias más controvertidas, en medio de un clima de creciente tensión sobre el manejo de la inmigración en Estados Unidos.