Por Alonso Rosales
La presión de Estados Unidos para que los países de América Latina incrementen su gasto militar abre un debate que trasciende la seguridad y el combate al crimen organizado. Detrás de la iniciativa Escudo de las Américas, impulsada por la administración de Donald Trump, aparece una pregunta fundamental: ¿pueden las economías latinoamericanas asumir mayores presupuestos de defensa sin sacrificar otras prioridades sociales y fiscales?
La propuesta estadounidense busca que los gobiernos de la región fortalezcan sus capacidades militares para colaborar con Washington en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas transnacionales. Sin embargo, trasladar a América Latina una lógica de gasto semejante a la que Estados Unidos ha promovido entre sus aliados de la OTAN resulta mucho más complejo.
El experto argentino en temas de Defensa, Juan José Roldán, sostiene que la mayoría de los países latinoamericanos destina alrededor del 1% de su PIB al gasto militar, aunque existen importantes diferencias entre ellos. Brasil, por ejemplo, se encuentra cerca del 1%, Chile alrededor del 1,6% y Colombia alcanza aproximadamente el 3,4%. Para buena parte del resto de la región, elevar de manera significativa ese porcentaje supondría un esfuerzo fiscal difícil de sostener.
La diferencia con Europa es también institucional. Los países de la OTAN están sometidos a compromisos colectivos y metas de defensa que permiten coordinar sus políticas militares. América Latina carece de una estructura equivalente que obligue a sus gobiernos a alcanzar un determinado nivel de gasto. Por ello, establecer desde Washington una meta uniforme del 2% del PIB plantea dificultades económicas y políticas.
Pero el problema no es exclusivamente presupuestario. Como señala el analista internacional argentino Cristian Riom, aumentar el gasto militar constituye, en última instancia, una decisión política. Un gobierno puede optar por destinar mayores recursos a sus Fuerzas Armadas, incluso cuando ello implique reducir el margen disponible para educación, salud, infraestructura, seguridad ciudadana o programas sociales.
Aquí aparece la principal contradicción de la propuesta estadounidense. América Latina enfrenta economías con crecimiento desigual, elevados niveles de informalidad, déficit fiscales y profundas necesidades sociales. Exigir mayores inversiones militares sin considerar esas realidades podría aumentar las tensiones internas de los gobiernos y obligarlos a elegir entre seguridad exterior, seguridad pública y bienestar social.
Además, combatir al narcotráfico y al crimen organizado no depende exclusivamente de disponer de más aviones, helicópteros, buques o armamento. La lucha contra estas estructuras también requiere inteligencia financiera, fortalecimiento judicial, cooperación policial, control fronterizo, tecnología, prevención social y combate a la corrupción.
Por ello, el debate debería centrarse menos en cuánto dinero deben gastar los países latinoamericanos y más en qué tipo de seguridad necesitan y cuáles son sus prioridades nacionales.
La presión de Washington puede producir resultados políticos, especialmente en gobiernos que dependen de la cooperación estadounidense. Sin embargo, imponer una carrera regional de incremento del gasto militar podría generar desequilibrios fiscales sin resolver necesariamente las causas profundas de la violencia y el narcotráfico.
América Latina necesita fortalecer su capacidad de seguridad, pero hacerlo de manera sostenible exige tomar en cuenta sus propias realidades económicas y sociales. La seguridad no puede medirse únicamente en porcentajes del PIB: también debe evaluarse por la capacidad de los Estados para proteger a sus ciudadanos, combatir las redes criminales y garantizar instituciones eficaces.
En ese sentido, la discusión planteada por Estados Unidos no debería reducirse a cuánto gastar en defensa, sino a quién define las prioridades de seguridad de América Latina y con qué recursos deben financiarse.