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Por Alonso Rosales, analista internacional
Un nuevo reporte del The Wall Street Journal revela profundas divisiones dentro de la administración de Donald Trump respecto a la posibilidad de atacar infraestructura civil en Irán, en medio de la creciente escalada entre Washington y Teherán.
Según el periódico, asesores cercanos al mandatario han planteado que instalaciones como plantas eléctricas, carreteras y puentes podrían ser considerados objetivos militares legítimos si su destrucción afecta directamente las capacidades nucleares y de misiles iraníes. Esta interpretación se basa en la premisa de que ciertos activos civiles cumplen funciones duales, apoyando indirectamente el aparato militar.
Entre quienes respaldan esta postura figura el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien habría sugerido atacar vías de transporte utilizadas para movilizar armamento y componentes estratégicos. Además, algunos funcionarios sostienen que golpear la infraestructura energética podría generar presión interna sobre el gobierno iraní, debilitando su posición.
Sin embargo, esta línea argumental enfrenta una fuerte oposición dentro del propio ámbito militar estadounidense. Expertos y oficiales, tanto en servicio como retirados, advierten que atacar infraestructura civil con fines de presión política o psicológica podría violar principios fundamentales del derecho internacional humanitario, particularmente los de proporcionalidad y necesidad militar.
El debate no se limita al plano jurídico. Aliados de Estados Unidos en el Golfo han manifestado preocupación ante una posible escalada regional, temiendo represalias iraníes contra su propia infraestructura energética, especialmente en una zona crítica como el estrecho de Ormuz.
Así, la discusión en Washington trasciende lo táctico: se sitúa en una encrucijada entre legalidad, estrategia y estabilidad regional. La decisión final podría redefinir no solo el curso del conflicto con Irán, sino también los límites contemporáneos de la guerra moderna.