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miércoles, 27 de octubre del 2021

VMT interpone Aviso de presunta Corrupción a Cobros Ilegales

El VMT interpuso un aviso de investigación por el cobro irregular de tramitaciones para habilitar permisos de transporte. Sostiene la comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

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En horas de la tarde, le titular del Ministerio de Transporte (VMT) Saúl Castelar, interpuso un aviso de investigación a la Fiscalía General de la República (FGR); ante un supuesto caso de corrupción. Según lo detalló el funcionario, se observó el incremento irregular en la tarifa en concesiones de trámites para habilitar permisos a compañías que prestan servicio de transporte público. Sin embargo, no se detallaron datos de las personas involucradas, ni declaraciones en su defensa.

Tal y como lo informó Castelar a la prensa, "en el aviso se incluyen pruebas sobre la forma de operar del denunciado, que ha estado haciendo cobros ilegales de hasta $1,200 por emitir un permiso de transporte público especial de pasajeros que, en realidad, tiene un costo administrativo de $100".

De acuerdo con el VMT, en el caso se individualiza a un “presudo-tramitador” en acciones relativas a la diligencia de permisos de tránsito. Además, señala la posible existencia acciones delictivas relacionadas al “tráfico de influencias” y al de “cohecho”.

Los tramitadores que abusen de su calidad para poder facilitar trámite tienen que ser perseguidos, tienen que ser castigados. Que no se preste, el operador de transporte, a que no abuse de la buena fe del operador; que cumpla con los requerimientos, como cualquier otra persona. Y que tengan confianza de que en el vice-ministerio van a ser atendidos, sin ningún tipo de problemas”, expresó el funcionario.

El titular de transporte también explicó que las diligencias que ya operan en el Ministerio Público son un recurso oportuno para “sentar un precedente”, y un mensaje ejemplarizante de condena a las acciones ilegales en dicha institución.

Según el Código Penal, los delitos de tráfico de influencia (art. 336) y de cohecho (art. 330) son sancionados con penas de cárcel de hasta 3 y 6 años, cada uno. Además, se impone la inhabilitación especial del ejercicio del cargo o empleo público por igual tiempo.

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Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto, especialista en temas sociales, culturales y de género
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