Redacción ContraPunto
El Ministerio de Vivienda proyecta ejecutar seis programas por un monto de $7,334,445 durante 2027, mediante una combinación de cooperación internacional, préstamos y fondos del Estado, con el objetivo de mejorar las condiciones habitacionales de familias vulnerables, intervenir comunidades ubicadas en zonas de riesgo y continuar desarrollando proyectos de vivienda social.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, presentó este lunes 9 de noviembre los proyectos ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, en el marco de la discusión del presupuesto institucional para el próximo año, que asciende a $13.5 millones.
El proyecto de mayor inversión corresponde al rescate de la función habitacional en el Centro Histórico de San Salvador, mediante la implementación de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Para esta iniciativa se han destinado $4,037,060, principalmente provenientes de la cooperación italiana, a través de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), con una contrapartida menor del Gobierno salvadoreño.
La iniciativa busca fortalecer un modelo de organización comunitaria en el que las familias participan directamente en los procesos de construcción y mejoramiento de sus viviendas.
Intervención de comunidades vulnerables
Otro de los proyectos contempla una inversión de $1 millón para la construcción de obras complementarias del programa de vivienda y mejoramiento integral de asentamientos urbanos precarios. Entre las intervenciones previstas figura la construcción de un colector de aguas negras en la comunidad América y Canadá, que beneficiaría aproximadamente a 200 personas.
Asimismo, se destinarán $619,995, mediante financiamiento del banco alemán KfW, al programa de reducción de daños en asentamientos urbanos precarios expuestos a riesgos por vientos en el Área Metropolitana de San Salvador.
Michelle Sol explicó que durante 2026 comenzaron las intervenciones en seis comunidades: La Naval, Vía Kiwanis, Nicaragua II, La Quiñónez I, La Chacra y La Campanera.
Para 2027 también están contratadas obras en El Coro, Coro Nuevo, Quiñónez II, San Martín Municipal, San Martín Privado, San Luis, Los Portales, Bolívar, Nueva Esperanza y El Granjero I y II.
Según las proyecciones ministeriales, los recursos permitirán beneficiar a otras 679 familias, con lo que el programa alcanzaría un total de 1,016 hogares atendidos mediante mejoras en techos, pisos, paredes y ventanas.
Cooperación internacional y fortalecimiento comunitario
La planificación también incorpora $118,505 para el fortalecimiento institucional y la administración del programa, además de $58,885 destinados a gestión social y fortalecimiento comunitario. Ambos componentes cuentan con financiamiento del KfW.
La ministra señaló que estos recursos permitirán desarrollar capacitaciones en actividades relacionadas con la construcción, entre ellas colocación de pisos, sustitución de techos, instalación de ventanas y levantamiento de paredes.
También destacó la participación de personas privadas de libertad que se encuentran en fase de confianza y que colaboran como mano de obra en determinados proyectos. Según Sol, algunos participantes han logrado posteriormente reincorporarse a la sociedad mediante estas experiencias laborales.
La Bretaña: continuidad de la vivienda social
El sexto proyecto corresponde a la construcción del Complejo Habitacional La Bretaña, ubicado en el municipio de San Martín, departamento de San Salvador, para el cual se han programado $1.5 millones provenientes del Fondo General.
Sol explicó que la construcción se desarrolla por etapas debido a las limitaciones de financiamiento. Las primeras cinco fases comprendieron 140 apartamentos, que ya fueron entregados a familias de las comunidades El Cacao y 10 de Octubre.
La presentación de estos seis proyectos refleja la combinación de recursos nacionales y cooperación internacional en la política habitacional del Gobierno. Sin embargo, el desafío para 2027 será garantizar que las inversiones se traduzcan en soluciones sostenibles, con infraestructura adecuada, seguridad estructural y acceso a servicios básicos para las familias beneficiarias.
El alcance de los programas también dependerá de la ejecución presupuestaria, la continuidad del financiamiento externo y la capacidad institucional para completar las intervenciones previstas.
Fuente: declaraciones de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, 9 de noviembre de 2026.