Crédito France 24
Por Alonso Rosales
Revés significativo para la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El juez federal John McConnell Jr. dictaminó este viernes 5 de junio de 2026 que el Gobierno impidió de manera “ilegal” que solicitantes de 39 países, sujetos a la prohibición de viajar a la Unión Americana, recibieran resoluciones sobre asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia y ciudadanía. En consecuencia, el magistrado ordenó a la Administración reiniciar de inmediato dichos procesos.
El fallo, contenido en un documento de más de 100 páginas, representa uno de los golpes judiciales más contundentes contra las políticas migratorias impulsadas por la actual administración. McConnell concluyó que las acciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) fueron “arbitrarias, caprichosas y contrarias a la ley”.
Según el juez, el Gobierno “reclama una autoridad legal y reglamentaria que no posee” y tomó decisiones sin ofrecer explicaciones razonadas, escudándose en argumentos de seguridad nacional que, en su criterio, encubrían motivaciones discriminatorias.
Los países afectados por el veto migratorio
La orden ejecutiva de Trump impactaba a ciudadanos de 39 países, principalmente de África, Medio Oriente, Asia y América Latina. Entre ellos se incluyen:
Afganistán, Irán, Siria, Yemen, Somalia, Sudán, Libia, Irak, Pakistán, Bangladesh, Nigeria, Eritrea, Etiopía, Sudán del Sur, Chad, República Democrática del Congo, Venezuela, Cuba, Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Myanmar, Laos, Camboya, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Argelia, Marruecos, Túnez, Líbano, Palestina, Nepal, Sri Lanka, Malí, Níger y Mauritania.
Estas naciones formaban parte de un listado ampliado que, según la administración Trump, respondía a preocupaciones de seguridad nacional tras incidentes recientes, como el tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional. Sin embargo, el tribunal determinó que tales justificaciones no cumplían con los estándares legales requeridos.
Un “limbo legal” para miles de inmigrantes
El juez McConnell subrayó que las medidas “sumieron la vida de innumerables inmigrantes en un limbo legal indeterminado”. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley, miles de solicitantes quedaron atrapados durante meses —e incluso años— sin respuesta a sus trámites migratorios.
“La retención de las resoluciones no se debe a ninguna irregularidad cometida por estas personas; surge únicamente del hecho de haber nacido en determinados países”, afirmó el magistrado.
El fallo responde a una demanda presentada en marzo por una coalición de organizaciones de defensa de inmigrantes y sindicatos, quienes denunciaron que el USCIS había paralizado deliberadamente los procesos administrativos.
Implicaciones políticas y legales
La decisión judicial no solo obliga a reactivar inmediatamente los trámites de asilo, residencia y ciudadanía, sino que también refuerza el principio de que el Ejecutivo no puede ignorar los procedimientos establecidos por el Congreso.
McConnell fue enfático al señalar que “el estado de derecho debe aplicarse a todos por igual” y que las agencias federales están obligadas a cumplir las leyes que administran.
Por su parte, Skye Perryman, presidenta de la organización Democracy Forward, celebró el fallo al afirmar que reafirma un principio fundamental: “el Gobierno federal no puede cerrar las vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su origen”.
Un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense
Este fallo abre un nuevo capítulo en el debate sobre la política migratoria en Estados Unidos, particularmente en un contexto electoral y de creciente polarización. Mientras la administración Trump podría apelar la decisión, expertos consideran que el dictamen sienta un precedente clave sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.
En términos prácticos, miles de personas afectadas podrían ver reactivados sus procesos en las próximas semanas, lo que representa un alivio para familias, trabajadores y solicitantes de asilo que permanecían en incertidumbre.
Sin embargo, el trasfondo político y legal del caso sugiere que la batalla sobre la política migratoria estadounidense está lejos de concluir.
Fuente: France 24