Por Redacción ContraPunto
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) adjudicó a la empresa española INDRA Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U. el contrato para desarrollar, implementar y ejecutar el sistema de votación electrónica de los salvadoreños residentes en el extranjero para las elecciones presidenciales y legislativas de 2027, por un monto de $30,799,887.64.
La contratación fue realizada mediante contratación directa, de acuerdo con la información registrada en el sistema de Compras Públicas del Estado (Comprasal). La adjudicación se produjo el 13 de agosto de 2026, después de una segunda convocatoria del proceso, publicada el 23 de julio y cerrada el 31 de julio.
El monto contratado representa un incremento superior a los $4.7 millones respecto al contrato otorgado a la misma empresa para las elecciones de 2024, cuando el TSE pagó $26,047,224.87 por la implementación del voto electrónico en el extranjero, tanto en su modalidad remota por internet como presencial.
El contrato correspondiente al proceso de 2027 fue firmado el 11 de septiembre de 2026. El monto inicialmente planificado y certificado por el organismo electoral ascendía a $32 millones.
Además de INDRA, en el proceso participaron Inversiones Avilés, S.A.S. de C.V.; EVoting; New Millennium S.A. de C.V.; Juan Pablo Avelar Melgar; y MQA El Salvador, S.A. de C.V.
La adjudicación coloca nuevamente a INDRA como responsable de una de las áreas tecnológicas más sensibles del proceso electoral salvadoreño: el voto de los ciudadanos que residen fuera del territorio nacional.
El sistema deberá garantizar tanto el voto remoto por internet como el voto electrónico presencial en los centros habilitados para los salvadoreños en el exterior.
Uno de los elementos que vuelve a colocar el contrato bajo atención pública es el antecedente de las auditorías realizadas al sistema utilizado en las elecciones de 2024.
Para aquel proceso, el TSE contrató a CGTS Corp. por $4,392,310 para auditar el sistema de voto electrónico y al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec) por $210,640.
CGTS también fue contratado para auditar el sistema de transmisión de resultados de la votación nacional, por un monto de $1,397,000.
Sin embargo, de acuerdo con la información citada en el proceso de contratación, los resultados de esas auditorías todavía no han sido publicados por el TSE.
La situación adquiere relevancia de cara a 2027, debido a que la confianza en un sistema de votación electrónica depende no solamente de su funcionamiento técnico, sino también de la posibilidad de que los ciudadanos, partidos políticos y observadores puedan conocer los mecanismos utilizados para verificar su seguridad, integridad y transparencia.
El calendario electoral actualizado establece que las pruebas de implementación del voto remoto por internet y del sistema de votación electrónica presencial podrán realizarse desde el 7 de septiembre de 2026 hasta el 14 de enero de 2027.
Durante este periodo deberán ponerse a prueba los mecanismos tecnológicos y los procedimientos relacionados con el sistema electoral.
El calendario también contempla auditorías informáticas destinadas a verificar el funcionamiento de las plataformas de votación.
Además, el TSE estableció procesos de auditoría sobre el registro de documentos de identidad y pasaportes proporcionados por distintas instituciones estatales.
En particular, la revisión deberá considerar la información entregada por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Otra de las etapas previstas es la auditoría del escrutinio final del sufragio en el extranjero.
Según el calendario electoral, este proceso está programado entre el 2 y el 15 de marzo de 2027, después de la jornada electoral.
La existencia de auditorías antes, durante y después de la elección busca establecer controles sobre diferentes fases del voto electrónico, desde la identificación de los electores hasta el procesamiento y escrutinio de los resultados.
El TSE tenía hasta el 31 de agosto de 2026 para contratar a las empresas o instituciones encargadas de las auditorías correspondientes al voto remoto por internet, la votación electrónica presencial, el registro de documentos de identidad y pasaportes y el escrutinio final.
La adjudicación de más de $30.7 millones convierte al sistema de voto en el extranjero en uno de los componentes tecnológicos de mayor importancia económica y política dentro de las elecciones de 2027.
El incremento del costo respecto de 2024 y la ausencia de publicación de los resultados de las auditorías anteriores plantean interrogantes sobre los mecanismos de transparencia que acompañarán la nueva contratación.
Al cierre de la información utilizada para esta nota, el Tribunal Supremo Electoral no había emitido un pronunciamiento público específico sobre la adjudicación a INDRA ni sobre las condiciones de la contratación.
Más allá de la empresa seleccionada, el desafío para el organismo electoral será demostrar que el sistema utilizado en 2027 puede ser sometido a controles técnicos independientes y que los resultados de esas verificaciones estarán disponibles para el escrutinio público.
La participación electoral de los salvadoreños en el exterior representa una parte importante del proceso democrático. Por ello, la seguridad tecnológica, la protección de los datos, la transparencia de las auditorías y la trazabilidad del voto serán elementos centrales para la confianza en los resultados de 2027.