La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar toda la asistencia financiera a Colombia, marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre ambos países y podría tener efectos inmediatos en la lucha antidrogas en toda América Latina, según advirtieron analistas y fuentes diplomáticas consultadas por medios internacionales..
Durante el año fiscal concluido en septiembre, Washington destinó US$ 230 millones en asistencia a Colombia, incluyendo US$ 43 millones para operaciones de emergencia, de acuerdo con datos preliminares del Departamento de Estado. Esta cifra representa poco más de un tercio de los US$ 720 millones que el país recibió el año anterior, reflejando el fuerte retroceso de la ayuda exterior tras el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y los recortes presupuestarios ordenados por la Casa Blanca.
Pese a la reducción, Colombia seguía siendo el principal receptor de ayuda estadounidense en la región, solo superado en algunos años por Haití. Sin embargo, el anuncio de Trump —en medio de su abierto enfrentamiento con el presidente Gustavo Petro— implica la suspensión total del apoyo, incluso para programas de cooperación militar, desarrollo rural y control de cultivos ilícitos.
“Esto golpea el funcionamiento de algunas unidades policiales y militares que están dedicadas a actividad antinarcóticos”, explicó Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte (Colombia). “Limita el uso de infraestructura y herramientas como los helicópteros Blackhawk enviados por EE.UU., cuyo mantenimiento y combustible dependían de fondos estadounidenses”, agregó.
El impacto se sentirá también en la implementación del acuerdo de paz con las FARC, particularmente en el punto sobre la sustitución de cultivos ilegales. Expertos prevén un aumento de hectáreas sembradas de coca y una mayor dificultad para mantener la presencia institucional en zonas vulnerables.
Históricamente, la cooperación entre Washington y Bogotá fue uno de los pilares de la estrategia regional contra el narcotráfico. Durante los años del Plan Colombia, el país llegó a recibir más de US$ 1.200 millones anuales (2006), de los cuales más del 90% se destinaba a operaciones militares y policiales. Colombia llegó a ser el segundo receptor mundial de ayuda militar estadounidense, solo detrás de Israel, durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.
Sin embargo, la tendencia cambió tras el Acuerdo de Paz de 2016 y la llegada de Gustavo Petro en 2022, quien impulsó una política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y suspensión de fumigaciones aéreas. Aunque las contribuciones estadounidenses se mantuvieron estables en los primeros años de su mandato, las tensiones políticas crecieron rápidamente, culminando con el actual rompimiento financiero y diplomático.
El analista Trejos señaló que la medida “tendrá consecuencias más amplias en la región”, ya que Colombia servía como centro logístico y de inteligencia para operaciones conjuntas con países vecinos. La interrupción de esos programas, dijo, “podría favorecer el reacomodo de redes criminales transnacionales y aumentar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos”.
Paradójicamente, el propio Trump ha hecho de la lucha contra el narcotráfico uno de los ejes de su discurso regional, junto con la migración, lo que evidencia —según Trejos— “una profunda contradicción” entre sus objetivos declarados y las decisiones tomadas por su gobierno.
La ruptura con Bogotá, además de afectar la seguridad hemisférica, plantea un riesgo directo para la estrategia antidrogas estadounidense, al debilitar los mecanismos de cooperación y vigilancia en una de las rutas clave del tráfico internacional de cocaína.