Por Alonso Rosales, analista internacional
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en territorio mexicano bajo el argumento de combatir a los cárteles de la droga y garantizar la seguridad fronteriza.
El decreto, presentado como una medida de “seguridad nacional” y “defensa preventiva”, faculta al Pentágono a desplegar tropas en áreas estratégicas cercanas y, de ser considerado necesario, dentro del territorio mexicano, con la justificación de atacar estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. La medida incluye la autorización para operaciones especiales, el uso de drones armados y la cooperación con agencias estadounidenses de inteligencia, pero sin el consentimiento explícito del gobierno mexicano.
Los alcances del decreto
Más allá de un acto unilateral, el decreto sienta un precedente delicado: la intervención militar directa en México sin el aval de sus instituciones. En la práctica, abre la puerta a incursiones armadas bajo el pretexto de “neutralizar amenazas” y refuerza la narrativa de Trump de “llevar la guerra a los cárteles” como estrategia electoral y de política exterior.
El alcance real de este decreto no solo es militar, sino también político y diplomático. Significa que Washington se arroga la potestad de decidir cuándo y dónde intervenir en territorio extranjero, ignorando los marcos de cooperación internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios de soberanía nacional.
La postura de Claudia Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó con firmeza al considerar la medida como un acto de injerencia y una amenaza directa a la soberanía nacional. En un mensaje transmitido desde Palacio Nacional, subrayó que “México no aceptará la presencia de tropas extranjeras en su territorio” y calificó el decreto como una acción imperialista que revive las peores páginas de la historia de intervenciones militares en América Latina.
Sheinbaum también dejó claro que su gobierno privilegiará la vía diplomática y el diálogo bilateral, pero advirtió que, de mantenerse la intención de desplegar tropas estadounidenses en suelo mexicano, se recurrirá a instancias internacionales como la ONU y la Corte Internacional de Justicia para denunciar la violación de la soberanía y el derecho internacional.
Aristas del debate
La postura mexicana no solo es de rechazo frontal, sino también de advertencia sobre los riesgos que implica un precedente de este tipo. En lo interno, la presidenta busca enviar un mensaje de unidad y defensa nacional, recordando que la lucha contra el narcotráfico es responsabilidad de México y que cualquier acción unilateral mina la cooperación bilateral construida en décadas.
En lo regional, el decreto de Trump ha despertado la solidaridad de varios gobiernos latinoamericanos que ven en la medida una amenaza para la autonomía de sus propias naciones. En el plano internacional, plantea un desafío mayor: la reinterpretación del derecho de intervención bajo supuestas razones de seguridad transnacional.
La reacción de México refleja la necesidad de reafirmar un principio histórico: la soberanía de los pueblos se respeta. Frente a las presiones y la retórica imperial, el mensaje desde la Ciudad de México busca no solo defender sus fronteras, sino también la dignidad de toda América Latina.