Crédito France 24
Por Alonso Rosales
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Perú de anular la condena de 15 años de prisión impuesta al expresidente Ollanta Humala por lavado de activos ha provocado una fuerte reacción política y jurídica en el país. Mientras el exmandatario recuperó su libertad la noche del viernes, dirigentes de oposición, juristas y simpatizantes del expresidente Pedro Castillo cuestionan por qué no se aplica un criterio similar en su caso.
Humala había sido condenado por recibir presuntos aportes irregulares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña presidencial de 2011. Sin embargo, el Tribunal Constitucional concluyó que el proceso vulneró los principios de legalidad y tipicidad penal, al considerar que, cuando ocurrieron los hechos investigados, la conducta imputada no estaba claramente tipificada como lavado de activos. Esa decisión dejó sin efecto la sentencia y permitió su inmediata excarcelación.
Tras conocerse el fallo, diversos sectores de la oposición peruana y seguidores de Pedro Castillo sostuvieron que la resolución abre un debate sobre la igualdad en la aplicación de la justicia. Argumentan que si el máximo intérprete de la Constitución anuló el proceso contra Humala por vulneraciones al debido proceso, también deberían revisarse otros casos de alto perfil.
Uno de los principales argumentos utilizados por quienes respaldan a Castillo es un reciente pronunciamiento del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. Ese órgano de expertos independientes concluyó que la detención del exmandatario fue “arbitraria” y recomendó su liberación inmediata, además de una reparación, al considerar que se vulneraron garantías fundamentales durante su arresto y proceso.
No obstante, es importante precisar que ese documento no constituye una sentencia obligatoria para el Estado peruano. Se trata de un dictamen emitido por un mecanismo especializado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyas recomendaciones tienen un importante peso jurídico y político internacional, pero no son vinculantes, por lo que su cumplimiento depende de las autoridades nacionales.
La ahora presidenta peruana, Keiko Fujimori, afirmó que respeta la decisión del Tribunal Constitucional en favor de Humala, aunque manifestó que no necesariamente comparte el contenido del fallo. También señaló que ella misma fue beneficiada anteriormente por una resolución del mismo tribunal que anuló el proceso que enfrentaba por presunto lavado de activos.
Las críticas de sectores opositores sostienen que las decisiones del Tribunal Constitucional favorecen principalmente a dirigentes vinculados a la derecha política peruana, mientras otros procesos, como el de Pedro Castillo, continúan sin una resolución similar pese al reciente pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU. Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión del Tribunal Constitucional que haya anulado la condena o el proceso penal de Castillo, cuyo caso sigue su curso dentro del sistema judicial peruano.
La liberación de Ollanta Humala reabre así el debate sobre la independencia judicial, el debido proceso y la igualdad ante la ley en Perú, en un contexto de profunda polarización política que continúa marcando la vida institucional del país.