Por Luis Armando González*
A raíz de mi escrito “¿Es prescindible la cultura no científica para el cultivo de la ciencia?” (Insurgencia Magisterial, 21 de septiembre, 2026) una colega y amiga socióloga que vive en México me escribió lo siguiente en un texto de WhatsApp:
“Luis, he leído detenidamente tu ensayo y estoy de acuerdo contigo en que la cultura no científica es esencial para el cultivo de la ciencia. Tu idea de los distintos entornos virtuosos de la ciencia me parece muy sugerente, pero te faltó añadir que para que alguien se convierta en un científico (en una científica, en mi caso) se tiene que transitar por ellos; son, desde mi punto de vista, una especie de puerta de entrada al mundo científico. Aprovechando –y sé que este mensaje es bastante largo— te pregunto por la situación actual de quienes, por ejemplo en tu país, se dedican al trabajo académico. Estoy interesada en conocer tu opinión sobre las problemáticas más llamativas que les afectan. Si pudieras escribir un texto reflexivo al respecto sería estupendo”.
Pues bien, le he tomado la palabra a mi amiga y colega –cuyo nombre omito a petición suya— y a continuación esbozo unas cuantas ideas sobre lo que, a mi juicio, constituyen las dos principales problemáticas que afectan a una buena parte de los trabajadores académicos de El Salvador y, me temo, de otras naciones. Las más graves son dos: la precarización y la incertidumbre laboral. Una vez que las describa, reflexionaré sobre las implicaciones negativas que ello tiene en la educación superior de mi país.
Ante todo, es oportuno anotar algo sobre lo que entiendo, en estas líneas, por “precario”, “precarización” y “trabajadores académicos”. Precario, según el Diccionario de la lengua española, es un adjetivo que significa “de poca estabilidad o duración”. Y que tiene como sinónimos las palabras “inestable, inseguro, frágil, provisional, temporal, efímero”. Por su parte, siempre según ese diccionario, precarizar significa “acción y efecto de precarizar”, es decir, de llevar a alguien (una persona, un grupo) a una condición precaria, “de poca estabilidad y duración” o, si se usan los sinónimos, a una condición inestable, insegura, frágil y provisional (de corta duración). En cuanto a “trabajadores académicos” me refiero los graduados universitarios (licenciados, maestros y doctores) que ejercen labores de docencia o investigación en instituciones educativas privadas o públicas, lo cual, en el caso de El Salvador, concierne a su única universidad pública.
En las consideraciones que haré sobre los trabajadores académicos excluyo a quienes se dedican a consultorías, pues desconozco sus condiciones laborales; también a quienes se desempeñan en el ámbito no universitario, pues –aunque lo conozco bastante bien— creo que merece un escrutinio pormenorizado que excede lo que pretendo en estas someras reflexiones. Por último, en estas acotaciones terminológicas, por “incertidumbre laboral” me refiero a la ausencia de seguridad en la estabilidad laboral que puede caracterizar a individuos o a grupos. En términos prácticos, esta “ausencia de seguridad” se traduce en no tener certidumbre –al finalizar un periodo laboral semanal, quincenal, mensual, semestral o anual— acerca de si se continuará laborando, ante la posibilidad –e incluso amenazas abiertas— de despido o de no renovación de los contratos de trabajo.
Dicho lo anterior, algo inquietante (y ciertamente grave para el desarrollo cultural, científico, técnico, filosófico, literario y estético de distintas sociedades en la actualidad) es, precisamente, la precarización a la que se ha venido sometiendo –y se sigue sometiendo— a segmentos significativos (en número y calidad) de sus trabajadores académicos de las distintas disciplinas y áreas del conocimiento. Ahí en donde se da tal situación –como en el caso de El Salvador— no se trata de unos cuantos profesionales universitarios que han sido precarizados por acciones y decisiones privadas y públicas, sino de un número importante de ellos que han sido afectados por un proceso de precarización que se aceleró y profundizó una vez finalizada la guerra civil (1992).
La contratación “hora clase” para la labor docente de nivel universitario, de ser una excepción absoluta en los años setenta y ochenta del siglo XX, se convirtió en una práctica normal y cada vez más extendida, lo cual quiere decir que más y más profesionales universitarios realizaron –y siguen realizando— su trabajo académico mediante un vínculo laboral que en nuestro medio se define como “contrato por servicios profesionales” y que contempla, como pago por el trabajo docente, una determinada cantidad de horas –por ello, la expresión “hora clase”—. En esta condición laboral, un académico, para obtener un ingreso relativamente decente, usualmente debe laborar en distintas universidades, impartiendo todas las asignaturas que le sean posibles (dedicando al máximo su tiempo y energías) y para las que le hayan solicitado sus servicios. ¿Dinero para comprar libros, ir a museos o al cine? Pues, no lo hay. ¿Tiempo y energías para ir a bibliotecas, escribir o leer algo ajeno a las tareas docentes agobiantes del día a día? Tampoco se tienen.
Así pues, se trata de una condición laboral precaria, comenzando con lo pagado por una “hora clase” –siendo quienes imparten clases en los niveles de licenciatura los peor pagados—, pasando por lo provisional de su quehacer y la falta de prestaciones laborales, y terminando con la incertidumbre que sigue a la finalización de cada contrato. Hay que decirlo con firmeza: los trabajadores a académicos –en El Salvador y en otras partes— no llegaron a una condición laboral precaria por automatismos naturales o tecnológicos; fueron llevados a esa condición –y siguen en ellas— por decisiones privadas y públicas que bien pudieron ser (y pueden ser) de otro carácter.
O sea, los trabajadores académicos han sido sometidos a un proceso de precarización. Y lo siguen siendo, porque –desde criterios de rentabilidad— desde que la precarización del trabajo docente se aceleró en los años noventa del siglo XX el empeño de los empleadores ha sido (y es) que los “docentes hora clase” den mucho más de lo que se les paga, exigiéndoles que, adicionalmente, a su hora clase –que es por lo que se les paga— den atención de diverso tipo a sus estudiantes y que, en algunos casos, realicen investigaciones y publiquen, amén de mil y un requisitos formales-burocráticos en los les exige dejar constancia (o registro) del trabajo que hacen.
Por cierto, ahora ha aparecido otro factor para que su precarización alcance extremos espeluznantes: la inteligencia artificial está siendo pensada por muchos como como una vía para reemplazar a los docentes, con lo cual se completaría un proceso ya iniciado con la educación virtual que ha convertido a los docentes en “tutores virtuales”. Aquí se los convirtió en secundarios (en algunos casos, con disminución en su paga) y ahora se los quiere convertir en irrelevantes. Precarización total, si esto llegara a suceder.
Todo lo anterior coloca a muchos trabajadores académicos ante una dramática incertidumbre laboral, de la cual por cierto no están exentos quienes tienen contratos permanentes en las instituciones educativas para las que laboran. De hecho, el que haya un “ejército académico de reserva” ejerce una presión sobre los salarios y la estabilidad laboral de quienes tienen trabajo; y eso lo saben los empleadores y quienes están a su servicio en puestos intermedios (recursos humanos, jefaturas, coordinaciones, etc.) cuando se trata de exigir más tareas a los docentes (o investigadores) o cuando se trata de amenazarlos o incluso despedirlos sin ningún miramiento. Es inevitable, pues, que los académicos contratados por servicios profesionales (hora clase) vivan en una permanente incertidumbre laboral semestre tras semestre y que tengan que aceptar, sin posibilidad de resistencia –dado que sus derechos laborales son exiguos o nulos—, decisiones arbitrarias de no renovación de contratos (y de pérdida de su trabajo). Tienen que aceptar, asimismo, el desprecio e irrespeto –instalados como algo normal en distintas instancias universitarias— no sólo a sus capacidades y trayectorias académicas, sino a sus personas.
¿Y el impacto de todo ello en la educación superior? Obviamente, se graves consecuencias. Porque lo que se sigue de la precarización e incertidumbre laboral de los trabajadores académicos no puede ser otra cosa que el empobrecimiento de la cultura intelectual, que se construye desde el cultivo de una docencia universitaria de calidad, una investigación científica real y una producción constante de conocimientos filosóficos, literarios y estéticos, junto con los hábitos y habilidades correspondientes. Nada de esto es viable con unos trabajadores académicos precarizados y temerosos de perder sus empleos.
De quienes alientan esa precarización e incertidumbre laboral, y además desprecian a los académicos, bien se puede decir que no saben lo que hacen… No saben la magnitud del daño social que causan. Lo peor de todo quizás sea la alegría y satisfacción de la que hacen gala muchos de los que están en camino a ser precarizados debido al anunciado reemplazo que se hará de ellos con la inteligencia artificial. Ya antes se mostraron felices con la virtualidad educativa, sin percatarse de que con ella se los convertía en actores secundarios del proceso educativo. Ahora celebran quedar al margen del él. Y todo porque no quieren ser vistos como ajenos a los avances tecnológicos de última generación y a la ideología que se ha gestado en torno a ellos.
En fin, mientras que no se acepte que las decisiones humanas son cruciales para orientar el rumbo de las sociedades –y no sólo en el ámbito tecnológico— se seguirá creyendo que todo lo que sucede en las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales es resultado de automatismos (naturales, económicos o tecnológicos) ante los que no queda más que resignarse. En el caso de la precariedad e incertidumbre laboral de los trabajadores académicos se trata de una realidad que se fue construyendo (y se sigue construyendo) a partir de decisiones que, por ser tales, pudieron y pueden ser distintas en cuanto a sus propósitos. Claro está que para tomar decisiones que vayan en dirección opuesta a la precarización e incertidumbre laboral de los trabajadores académicos se requiere honradez y decencia con la realidad, escrúpulos para obrar correctamente (y no una falta de escrúpulos para obrar mal), una ética de compromiso con el bien común, una perspectiva de futuro y una mínima cultura intelectual –que comienza con saber leer y escribir, pero que trasciende hacia el razonamiento lógico y realista, y la renuncia al pensamiento mágico y fantasioso—.
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