Redacción ContraPunto
10 empresas privadas son procesadas por la presunta “obstaculización de investigaciones por incrementos injustificados de precios”. Las demandas son requeridas por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, y algunos de los cargos representan una sanción de hasta 500 salarios mínimos, según lo detalló el titular de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
Como resultado de un intenso trabajo de @Defensoria_910, ya estan en proceso 10 denuncias contra igual número de empresas que han obstaculizado las investigaciones realizadas por incrementos injustificados de precios en alimentos e insumos agricolas. #CombateALaEspeculacion https://t.co/wqG93D2tn6
— Ricardo Salazar 🇸🇻 (@rasalazar4) June 15, 2022
Los procesos sancionatorios responden a que las empresas “obstaculizaron las funciones de información, vigilancia e inspección de la Defensoría del Consumidor o se negaron a suministrar datos e información requerida durante las investigaciones por el incremento injustificado de precios”. La Defensoría también detalla que las empresas se caracterizaban por su presencia en el “ supermercado y comercios de productos lácteos, fertilizantes, insumos agrícolas e insecticidas”
“Súper Selectos S. A de C.V”es una de las empresas nacionales que se enumeran en las denuncias, por “infracciones muy graves” en la Ley de Protección al Consumidor. El tribunal sancionador también individualizó responsabilidades en contra de otras empresas distribuidoras de servicios lácteos “Importadora y Distribuidora Isaac, S.A. de C.V. (Super Lácteos Sonia); Productos Lácteos de Metapán de El Salvador, S.A. de C.V., (Quesos de Metapán); y, Mario Arnulfo Déras Fuentes (Casa Matriz)”.
Más empresas
“Bayer S. A de CV” es otra de las principales empresas internacionales que se enumeran en el requerimiento del Tribunal. Junto con otras seis entidades privadas, han sido sometidas a procesos sancionatorios por el presunto desacato de la Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de Precios de Productos Básicos, que fue ratificada por la Asamblea Legislativa, ante la prevista escasez de suministros, ocasionada por las sanciones contra Rusia, desde la Organización Trans Atlántico Norte.
Otras empresas proveedora de fertilizantes y de productos agrícolas han sido sometidas a juicio, con cargos de hasta 500 salarios mínimos. Tal es el caso de “Gema Industrial, S.A. de C.V.; Zamorano Group, S.A. de C.V.; ZELL CHEMIE de El Salvador, S.A. de C.V; y, Droguería Italiana, S.A. de C.V”, según lo señala la Defensoría del Consumidor.
La institución de servicio al consumidor reitera que los agentes estatales se encuentran en el despliegue de operativos dedicados a la provisión de seguridad, según lo establece el “art. 4 inc. 2 de la Ley Especial Transitoria”
