La Sala Segunda del Tribunal Supremo de España confirmó este miércoles la condena al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, a 133 años de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles durante la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ubicada en la capital salvadoreña.
En el crimen en masa fueron asesinados, además de los cinco curas españoles, un salvadoreño Joaquín López y López, así como dos mujeres que eran madre e hija. La madre Elba Ramos era empleada doméstica de los jesuitas; Celina, su hija, era menor de edad.
Además, el tribunal confirma que se trató de "asesinatos de carácter terrorista", por lo que impone penas de 26 años, ocho meses y un día de prisión por cada uno de los delitos. Montano, de 78 años y con delicado estado de salud, se encuentra encarcelado desde 2017. Cumplirá un máximo de 30 años de prisión, límite de cumplimiento de sentencia que impone la legislación española.
Padres jesuitas asesinados en el jardín, frente a su casa de hogar
Aunque en el fallo de la Audiencia Nacional, ahora confirmado, también se consideró a Montano como autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, de la cocinera de la universidad y de la hija de ésta, de 15 años, no se le pudo condenar por estos hechos puesto que EE.UU. no concedió su extradición por esos crímenes.
El tribunal español considera acreditado que los integrantes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, entre los que se encontraba el condenado, decidieron ejecutar al sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría, la persona que de forma más intensa y efectiva impulsaba las negociaciones de paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el régimen.
Además, los jueces consideran que, siguiendo un plan preconcebido, dieron la orden directa de ejecutar al jesuita, así como a todos aquellos que estuvieran presentes, para no dejar testigos.
Esta ratificación llega cinco meses después de que Montano fuera condenado por la Audiencia Nacional y 32 años después de la matanza que se ha juzgado.
Cúpula militar (la Tandona) incriminada en la Masacre de la UCA
Reacciones en El Salvador
"Esta resolución por la apelación de la sentencia definitiva viene a confirmar lo que ya se había dicho en el juicio: en el Caso Jesuitas, el ejército, en conexión con autoridades públicas, cometieron una masacre contra personas civiles, que nada tenían que ver con las partes beligerantes sino, al contrario, entre ellas habían personas que estaban trabajando decididamente por la paz.
Una masacre que se manifestó en 8 asesinatos terroristas, como el resultado de la orden de matar a Ellacuría, sin dejar testigos. Una orden tomada y permitida por el Alto Mando militar, en cuyo encubrimiento también participaron autoridades gubernamentales, policiales, fiscales y judiciales", opinó el abogado Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).
Por su parte, Alfredo Bonilla, Erlinda Franco e Irma Serrano, integrantes de Víctimas Demandantes (VIDAS), expresaron sus reacciones emotivas respecto a la sentencia confirmada de Montano.
"Ojalá no me llegue la muerte sin antes ver a los militares asesinos de mi país sin que sean condenados de por vida, por los crímenes atroces cometidos por ellos en contra de salvadoreños", dijo la viuda de Manuel Franco, un líder popular mártir asesinado por militares en noviembre de 1980, junto a otros dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR).
En tanto, el abogado Alfredo Bonilla, también de VIDAS, apuntó: "Aplaudimos la resolución judicial emitida este día por el Tribunal Supremo, en Madrid, España, que deja firme la condena que la Audiencia Nacional había impuesto al coronel Inocente Montano por la matanza en 1989 de cinco jesuitas españoles en El Salvador. La resolución reivindica el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas y sus familiares por las graves violaciones de derechos humanos cometidas antes y durante el conflicto armado salvadoreño, en particular perpetrados por las Fuerzas Armadas o por grupos paramilitares. Lamentamos que sea la justicia extra-territorial la que deba hacer los deberes en materia de investigación, sanción y juzgamiento de tales violaciones.
Esperamos que esta sentencia incida de forma positiva en la justicia interna salvadoreña, en las y los operadores de justicia que tienen a su cargo investigar y juzgar estos casos, y que el flagelo de la impunidad vaya disipándose de nuestro país en pos del rescate de la verdad, la memoria y la reconciliación nacional".
Irma Serrano, familiar de víctimas de ambas partes de la guerra: ejército y guerrilla, afirmó a ContraPunto: "Es una buena noticia. Felicitaciones a los abogados, abogadas y a la justicia española por emitir una sentencia ejemplarizante de los crímenes de lesa humanidad. Felicitaciones al abogado Benjamín Cuéllar por su colaboración en este proceso", y añadió finalmente: "La deuda histórica sigue pendiente en El Salvador; este sentencia nos deja claro a VIDAS que la lucha por la justicia restaurativa debe continuar, que aunque el Estado siga atrasando la Ley de Justicia Restaurativa, las víctimas no olvidamos y seguiremos peleando para que se lleve a juicio a los criminales del pueblo".
