El manejo gubernamental de la gestión administrativa y sanitaria para la contención de la Pandemia del virus del COVID-19 fue cuestionado por parte de activistas del Foro Nacional de Salud (FNS), y del Colectivo ALMES-Margarita Posada. Los manifestantes reiteraron sus denuncias al Gabinete de Salud Ampliado, denunciando, entre otras cosas, supuestas irregularidades en la gestión financiera, en la aplicación de políticas sanitarias y en la falta de transparencia administrativa, entre otras cosas, tal y como lo destacaron en el balance titulado “Un año de Corrupción, Ineptitud e Improvisación”.
Titulares de gobernación, sin embargo, han sostenido que la ejecución de normas restrictivas tuvieron un impacto favorable en la contención del COVID-19; pero que, tras ser descontinuadas y sancionadas, perdieron su efecto. En su lugar, tras la reapertura gradual de la economía, los reportes oficiales registraron picos de hasta 480 casos de infecciones confirmadas.
La controversia por la contención del COVID-19
La gestión sanitaria para la contención del COVID-19 ha recibido, en numerosas encuestas, la aprobación de un número significativo de salvadoreños. Hasta el mes de julio del presente año, las actuaciones político-sanitarias per0mitieron a Nayib Bukele posicionarse como el mandatario mejor evaluado del mundo.
Al día de hoy, sin embargo, el país ostenta la posición número 26 de la lista total de países de América con reportes de infecciones de COVID-19, totalizando un registro de 45,960 casos confirmados; de los cuales, 3,521 corresponderían a personas con un diagnóstico activo.
No así, organizaciones de sociedad civil han reiterado denuncias al GOES, y han cuestionado los balances cifrados oficialmente. En su reciente informe, denunciaron que la aplicación de cuarentenas, restricciones ambulatorias y la focalización de la atención en los centros hospitalarios no han hecho efectiva la contención del virus. Por el contrario, denuncian que éstas medidas restrictivas expusieron a la población al contagio del virus, y a la vulneración de derechos humanos.
VEA: FNS DENUNCIA RETROCESOS EN EL SISTEMA SANITARIO DURANTE LA PRESIDENCIA DE BUKELE
“Los llamados “centros de contención” se transformaron en centros de contagio y violación de derechos humanos, al igual que las medidas populistas sin ningún ordenamiento ni restricciones de distanciamiento (como el reparto de los paquetes alimentarios y los $300 de subsidio); se establecieron cercos sanitarios (realmente cercos militares) cuando ya no eran necesarios por la circulación activa del virus en todo el territorio (Metapán, La Libertad, Corinto, San Francisco Gotera, pasos fronterizos y otros)”, reza el informe.
Desde la declaración del Estado de Alerta Nacional, el GOES estableció decretos de carácter sancionatorio, relativos a la suspensión de garantías constitucionales (la libre circulación, la libre asociación y el traslado domiciliario). Sin embargo, la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los decretos Ejecutivos N.º 19, 28 y 32, que contemplaban, entre otras cosas, la contención de la pandemia por medio de la aplicación de cuarentenas focalizadas, la suspensión de servicios de información pública, y la aplicación de un Plan de Reapertura Económica, entre otras cosas.
En su defecto, la reapertura gradual de las actividades económicas tuvo lugar sin regulaciones ejecutivas. La Asamblea Legislativa, por su parte, elaboró la vigente “Ley Especial de Emergencia por la Pandemia del COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía”.
Sin embargo, los casos de infecciones incrementaron. En sus inicios, las nuevas regulaciones no reportaron descensos en las cifras de contagio. El Ministerio de Salud (MINSAL) dio reportes de picos de hasta 449 casos confirmados hasta el 11 de agosto. A continuación, los descensos no serían mayores a los 84 casos reportados hasta el 1 de noviembre del presente año.
"Se ha ido frenando la cantidad de letalidad en la pandemia esto es congruente con la disminución de los casos confirmados (…) Esto no es una gripe, esta es una enfermedad que puede generar complicaciones muy severas y causar la muerte. Las medidas de protección son importantes”, confirmó en su momento el Ministro de Salud, Francisco Alabí.
Pese a la ausencia de regulaciones ejecutivas, los activistas descalificaron las acciones gubernamentales. Al término del segundo semestre del año, miembros del FNS cuestionaron la efectividad del Gobierno en la contención del COVID-19.
“No es cierto que el país es el que haya manejado mejor la pandemia, El Salvador es uno de los países que peor han manejado la Pandemia. Lo que sucede es que los datos oficiales que se publican son incompletos, y se han ocultado deliberadamente. Eso se demuestra a través del estudio de neumonias, y otras muertes (…)”, denunció uno de los activistas.
Al mismo tiempo, reiteraron su denuncia ante la suspensión de atenciones a enfermedades crónicas, y aseguraron que dichas medidas incrementaron el nivel de mortalidad en pacientes con dichos diagnósticos de salud, durante el período de la Cuarentena Restrictiva.
“Hemos tenido mucho impacto, porque se nos murió mucha gente por la falta de atención, gente a la que no le llagaban sus mendicamentos; gente que… más que todo, adultos mayores, que no podían salir, y que no era por la cuestión de la Pandemia, sino que era por otras enfermedades que estaban anexas”, dijo una de las activistas.
Pese a los reportes de Sociedad Civil, el MINSAL dio continuidad a la entrega domiciliar de medicamentos, que hasta el mes de mayo acumularon un total de 40 mil personas beneficiadas. Asimismo, el Gobierno Central puso a disposición el transporte de pacientes con padecimientos crónicos a los centros de salud del país, durante el periodo de cuarentena obligatoria.
Al día de hoy, El Salvador se sitúa en el puesto 15 de la lista de los 28 de países del continente americano con reportes de personas fallecidas por COVID-19. La cifra totalizaría hasta 1,327 casos de personas fallecidas. Los datos nacionales también demuestran que la proporción entre personas recuperadas es superior a la del 89% del total de personas con casos confirmados.
La Controversia con la Gestión Financiera de la Pandemia COVID19
En su balance, el FSN no proporcionó datos concluyentes sobre la administración de los fondos asignados para la contención de la Pandemia del COVID-19. Los activistas determinaron que no era posible obtener información financiera vigente, debido a la restricción de los “mecanismos de acceso a la información de la gestión pública” establecidos por el Gobierno Central, disposición que, sin embargo, perdió vigencia durante los primeros meses del segundo semestre del año.
Informes preliminares dieron a conocer que el Gobierno de El Salvador inició su administración con un presupuesto de $780.63 millones de dólares para el Ministerio de Salud (MINSAL). Pero, hasta el 31 de mayo del presente año, el presupuesto tuvo un ajuste, con un incremento de hasta $839.92 millones de dólares.
VEA: MEMORIA DE LABORES 2019-2020
Sin embargo, tras el último reajuste presupuestario, el GOES redistribuyó los saldos iniciales de varias de las partidas, entre ellas, la de la asignación presupuestaria para la el Primer Nivel de Atención, definido como la “puerta de entrada a la red de servicios para resolver no menos del 90% de los problemas de salud, debió ser la instancia de choque para controlar desde el inicio la pandemia en la comunidad y con la comunidad”, por el FNS.
Hasta el año 2019, la asignación presupuestaria del Primer Nivel de Atención era de $258,439,371.26, e incrementó a $217.93 millones de dólares en 2020. Sin embargo, hasta el 31 de mayo del presente año, los reportes oficiales declararon una reducción de hasta el 23.8% de la última asignación, totalizando un presupuesto de hasta $199.87 millones de dólares.
A juicio de los activistas, la reducción presupuestaria “condujo al abandono de los grupos mas vulnerados: personas con enfermedades crónicas, tercera edad, embarazadas, atención institucional del parto, seguimiento a trasplantados e inmunosuprimidos, suspensión de cirugías electivas programadas, programas de vacunación a infantes, terapias con cáncer, suministro de medicamentos esenciales”.
En consecuencia, los activistas responsabilizan al sistema de salud público del incremento en la mortalidad materna, llevando a cifras de hasta 42 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, “lo que casi duplicaría la tasa que la Reforma de Salud redujo a 25 muertes maternas por 100,000 recién nacidos vivos”, señalaron.
VEA: INGRESOS Y DEUDAS DEL ESTADO
Los balances reportados hasta el mes de mayo demostraban que los gastos acumulaban un total de $67,712,784.65 millones de dólares en contrataciones y adquisiciones. Sólo en medicamentos, el presupuesto destinado fue de $45,312,012.41 millones de dólares, de acuerdo con los datos de la última Memoria de Labores del MINSAL.
VEA: AUTORIZAN IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE ASTRAZENECA
Adicionalmente, otros $170 millones de dólares se sumarían a la partida de gastos de salud, provenientes de préstamos del Banco Ineteramericano de Desarrollo (BID), para “ampliación de la red de Unidades de Salud, Hogares de Espera Materna, Hospital de Nejapa para toda la zona norte y el nuevo Hospital Rosales”, según lo detallan.
Sociedad civil, sin embargo, teme a que la “focalización” de los recursos en el sistema de hospitales tengan, como consecuencia, la “desprotección” de los sistemas de salud comunitarios.
