Por Alessia Genoves
6 líderes ambientales son acusados y procesados por el asesinato de María Inés Alvarenga, en 1989. La Fiscalía General de la República (FGR) también deduce responsabilidades el ex-coronel Fermán Cienfuegos, como es conocido Eduardo Sancho Castañeda; y el ex-guerrillero Fidel Recinos. Sin embargo, la comunidad Santa Marta sostiene que el proceso es “desigual”, pues la justicia aún no ha hecho justicia a las víctimas de la Masacre El Calabozo, que implican a militares como el fallecido Sigifredo Ochoa Pérez.
Detención provisional es la orden establecida por el Juzgado de Segunda Instancia de San Salvador, en contra de los reos presentes. El caso avanza hacia la fase de instrucción, sin que progrese en el Juzgado de Instrucción de Sensutepeque. La Fiscalía General de la República (FGR) ejecuta las investigaciones atenuantes, que individualicen las acciones a cada imputado. No obstante las pruebas de cargo apenas consisten en “la partida de defunción y el testimonio de los familiares”; por lo que la Comunidad de Santa Marta sostiene que no tienen la robustez probatoria para instruir la detención formal.
20 organizaciones sociales y comunitarias han presentado sus quejas ante el órgano judicial, expresando su disconformidad en el arbodaje del proceso de instrucción, en el Juzgado de Instrucción de San Salvador. Desde luego, el caso se eborda como un Crímen de Lesa Humanidad. No obstante, la defensa sostiene que las imputaciones responden a un hecho discriminatorio y violatorio a sus derechos; e insisten en que su estado de salud sería delicado. Entre otras cosas, respondieron a la negación de abordar el proceso en Sensuntepeque, y reiteraron que no tendrían peligro de fuga.
Santa Marta: 6 detenidos
Inocentes son los 6 líderes comunitarios procesados en el asesinato de María Inés, a juicio de organizaciones sociales. Entre las gremiales, se identifican a organizaciones sociales como al Asociación de Desarrollo Económico y Comunitario (Ades), de Santa Mara; la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), el Foro del Agua; el Foro Nacional de Salud (FNS) y otras.
“Asesinato, tortura y privación de libertad” son, sin embargo, las imputaciones que el Ministerio Público Fiscal ventila en contra de los acusados. Contrario a ser identificados como líderes comunitarios, la FGR los identifica como ex-guerrilleros, una afirmación que no es reiterada por las organizaciones sociales. Otra imputación asociada, es la de agrupaciones ilícitas, que implica también a los reos ausentes.
“Teodoro Antonio Pacheco, Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Saúl Agustín Rivas Ortega” son los nombres a los que responden los imputados presentes, en el requerimiento y juicio que se ventila en el “Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia”, de San Salvador. El proceso avanza la etapa de instrucción. No obstante, los representantes de los imputados sostienen que existen irregularidades en el proceso, y limitaciones en el acceso a la información que se justifican con ordenes de reservas.
Presuntas irregularidades y controversias
ContraPunto enumera varios puntos de controversia, en respuesta de las imputaciones y descripción del juicio que imputa a los detenidos y los ausentes. Algunos de los puntos también han sido socializados por las referidas organizaciones ambientales, por lo que justifican que el proceso prodría justificarse como una “fabricación de caso”:
- Crimen de Lesa Humanidad: 34 años han transcurrido desde que la muerte de María Inés fue reportada, en el año 1989, según lo haría constar su partida de defunción. Representantes de los acusados confirmaron a ContraPunto que el caso se ventila como un “crimen de lesa humanidad” que, de acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas (1995) sería imprescindible. Éste hecho se reafirma con la derogación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz (2016).
- Retroactividad: FGR sostiene que el proceso judicial se está ventilando con el Código Penal de 1974, con base a sus imputaciones. Henríquez sostiene que el presunto asesinato de Inés se dio en 1989, cuestiona por qué se le adjudicarían causas de 1974. Pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enumera precedentes, como el juicio en contra del ex-coronel Guillermo Alfredo Benavidez, juzgado por “asesinato”, en el Caso Jesuitas (1989), con la ley de 1974.
- Presunta falta de robustez probatoria: La FGR sostuvo que entre los indicios se tiene “una partida de defunción, que refiere la causa de la muerte de la ahora occisa señora Inés” y “a familiares de la señora María Inés que ha colaborado con la investigación”. Sin embargo, representantes de el Foro del Agua, como Alejandro Henríquez, sostienen que los únicos elementos no definen una “robustez probatoria”, para la detención formal de los imputados.
- Período de detención:“Éste proceso, ésta audiencia está siendo ya pasado el tiempo. Porque desde el día 11, se que se capturaron a los compañeros, la Fiscalía dijo que éste proceso estaba fuera del Régimen de Excepción. Entonces, cuando ya transcurrieron los 8 días, porque el día 11 fue la captura de los compañeros. Ya pasamos el tiempo prudencial que hacen, que era de 72 horas”, comentó a ContraPunto, la representante de Santa Marta, Videlina Morales.
- Instancia Judicial: El proceso judicial que se ventila contra los imputados tiene lugar en el Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador. Contrario a lo previsto, la orden de judicialización la estableció “la señora jueza de Paz, de Victoria, Cabañas”, en donde tenía jurisdicción, según lo informó la representación fiscal.
- Reserva total: La defensa de los acusados sostienen que la reserva de información vulneraría el derecho a la información de la prensa. No obstante, las imputaciones responden a la víctima y a sus demandantes, María Inés; de quien, en el proceso de detención, la FGR detalló un proceso de violencia que no podría pormenorizarse por la naturaleza de las agresiones.
El proceso transitaría a la etapa de instrucción. A los acusados presentes se les sería procesados con orden de detención provisional, según lo indicó a la prensa, el abogado de los incoados. Sin embargo, la información proporcionada fue limitada, debido a la orden de reserva establecida.
-El caso pasa a la siguiente etapa, para que queden privados de libertad. -¿Y la familia acusadora? -La desconozco. Desconozco si están aquí. -¿Se han logrado individualizar las acciones, de quiénes fueron los que cometieron lo homicidios? -No. No se sabe. Es que, el juicio no ha empezado.
Acusados ausentes
Ausente permanece el coronel Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz (1992), que habrían puesto fin al conflicto armado entre la Guerrilla y los gobiernos militares. Su nombre permanece infrascrito en el documento de los Acuerdos de Chapultepec, con su nombre civil “José Eduardo Sánchez Castaneda”.
Cienfuegos fue propiciador de la Guerra Civil, que inició con un estallido social; y firmante para la erradicación de la misma. El firmante que además tuvo una carrera política en El Salvador, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, en lo sucesivo ha sido objeto de controversias, como caso de María Inés Alvarenga, del cual se le establecen imputaciones.
FGR, además, detalló que uno de los ex-miembros de la Resistencia Nacional (RN) “es fallecido por la comisión de 3 delitos que ocurrieron en 1989”. en perjuicio de Inés Alvarenga. Sin embargo, el ausente sigue referido en el proceso, para la reconstrucción de los hechos, que habrían dado la muerte de la fallecida.
-¿Qué opinión se merece el arresto de (Fermán) Cienfuegos?. ¿Ha formado parte de la comunidad? (consulta ContraPunto a Videlina). - En ese caso, yo no tengo opinión. No lo hemos conocido, porque él no es de la comunidad. Por lo tanto, yo puedo defender a los líderes que son de nuestra comunidad, a nuestros compañeros que son de la organización, a la cual yo pertenezco. Pero de otros casos, yo no puedo dar opinión. (responde Videlina).
Santa Marta sin justicia
200 personas fueron asesinadas en los cantones de Santa Marta y Victoria, en Cabañas. Los hechos habrían tenido lugar durante las fechas del 15 y 18 de marzo de 1989; y habrían sido perpetrados por elementos de la Fuerza Armada. El hecho, sin embargo, apenas se menciona en el Informe de la Comisión de la Verdad, de la Organización de las naciones Unidas, donde, sin embargo, al menos 30 personas fueron referidas como asesinadas, y otras 189 como desaparecidas.
33 años habrían transcurrido al hecho de sangre, y al escenario de provocó el desplazamiento de cerca de 1,200 hacia Honduras. Las víctimas salieron del país, motivadas por la preservación de sus vidas, ante la amenaza del ejército. Entre los presuntos ejecutores, se enumera al ex-coronel Sigifredo Ochoa Pérez, quien es además acusado por el caso de la Masacre de El Calabozo, en Morazán, que habría dejado un igual número de muertes.
“Nosotros, como comunidad, tenemos suficientes argumentos para pedir justicia para el caso de la masacre de la Comunidad Santa Marta. Y, claro, la justicia divina se ha encargado de llevarse a Ochoa Pérez. Pero, dentro de todo eso, seguramente hay más involucrados”, indicó Videlina a ContraPunto.
Efectivamente, Ochoa Pérez murió en un accidente de tránsito, en enero de 2023. La información la compartió el portal oficial de Comandos de Salvamentos de El Salvador, y los hechos fueron reafirmados por sus familiares. Para entonces, el ex-coronel, ex-diputado y ex-embajador en Honduras estaba cumpliendo una condena de responsabilidad civil de servicio comunitario, tras ser vencido en juicio por el delito de administración fraudulenta, en junio de 2022. Fue procesado en libertad.
“El papel que debería de jugar la Fiscalía: Dar con quiénes fueron los que provocaron ésta serie de situación horrible en años del conflicto armado, donde yo puedo decir que en la Comunidad Santa Marta no hay ni una tan sola persona que no tenga un fallecido que fue asesinado en la guerra; o un familiar o de alguien cercano a la familia. Toda la comunidad tiene familiares cercanos que fueron asesinados por el Ejercito Salvadoreño”, mencionó Videlina.
