Por Alessia Genoves
Salvador Sánchez Cerén niega que sean suyos los inmuebles y vehículos incautados por la justicia. El expresidente de la república compartió una denuncia en contra de la Fiscalía General de la República (FGR), y se refirió a las acusaciones como “difamatorias”. Los bienes incautados estaban a nombre de su yerno, William Vaquerano, y el operativo buscaba resarcir un presunto robo, durante su administración, por $350 millones de dólares.
“Un inmueble, tres vehículos y la inmovilización de dos cuentas bancaria” han sido investigados e intervenidos por la FGR. El anuncio fue divulgado de forma oficial, a través de la Unidad de Extinción de Dominios; y pese a la negación expresa por el expresidente, el Ministerio Público Fiscal indicó que con la intervención “inicia el proceso de recuperar los fondos que fueron sustraídos al Estado, de manera ilegal”.
Cerén niega lujos
“No poseo bienes muebles, inmuebles ni vehículos de mi propiedad”. Esas declaraciones defendió el expresidente Cerén, ante las “noticias originadas por la FGR”, que anunciaban la tenencia material de una vivienda y tres automóviles.
“Falsas acusaciones” y “actos de difamación”, así calificó Cerén los señalamientos del Ministerio Público. Sus declaraciones fueron expuestas en organizaciones sociales, y medios de comunicación como la Agencia de Noticias EFE. Principalmente, declaró: “que la vivienda incautada por la FGR no es de mi propiedad”.
William Oswaldo Vaquerano León es el nombre de la persona a quien estarían inscritos los activos que están siendo investigados por el Estado. Pese a la condición jurídica material identificada, la institución de investigación insiste en que tales elementos habrían formado parte, en realidad, del patrimonio del yerno del sospechoso, el expresidente Sánchez Cerén.
Cerén, por su parte, detalló “que la vivienda en mención fue adquirida y remodelada con créditos hipotecarios y personales obtenidos por mi hija y su esposo en agencias bancarias: Agrícola, América Central y ACODJAR. Cabe mencionar, que dichos créditos están pendientes de pago”.
FGR, por su parte, no rindió detalles de la ubicuidad del inmueble, ni del valor unitario de los bienes decomisados. Sin embargo, indicó que los bienes en conjunto tenían un valor estimado de $1,275,107.41 dólares.
“Fiscalía me ha congelado es la cuenta bancaria donde el INPEP (Instituto Nacional para las Pensiones de Empleados Públicos) me depositaba la pensión, por lo que estoy imposibilitado de acceder a la misma, privándome de los medios de mi manutención”, denunció.
Al cierre de ésta nota, el sistema de justicia aún no ha establecido una relación directa entre acusaciones de corrupción, que se elevan a los $350 millones de dólares de su gestión presidencial. Sin embargo, desde el año 2020 ha recibido asilo político y nacionalidad nicaragûense, y tendría la cobertura de la Constitución de la República, por lo que no podría ser extraditado.
Niega corrupción
Cerén negó acusaciones de corrupción. El expresidente responde a las acusaciones de corrupción, que el gobierno salvadoreño divulgó desde los meses de julio y agosto del año 2021. “Rechazo rotundamente que me haya apropiado de fondos públicos indebidamente”, aseguró Cerén.
FGR, por su parte, establece causas penales en su contra, por los delitos de “peculado y lavado de dinero”. Mientras tanto, el portal de la secretaría de prensa de la presidencia lo señala de haber recibido $530,000 dólares de sobresueldos, y un robo al Estado de $350 millones de dólares.
La cifra responde a una estimación aproximada divulgada por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, de los informes adquiridos por la Corte de Cuentas de la República, poco tiempo después de que se confirmara el acuerdo de “otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado” al expresidente, según lo constata La Gaceta del Diario Oficial 30-07-2021, en referencia de la resolución N.º 3273.
$183.46 millonesdólares, del total estimado en pérdidas del gobierno de Cerén, no habían sido auditados por la Corte de Cuentas de la República (CCR), al declararse “incapaz de auditar la partida de gastos reservados”, de las cuentas de la presidencia, hasta el año 2019.
La declaración respondería a que la presidencia de Cerén habría limitado los exámenes de auditoría a la Presidencia. Sin embargo, las recientes investigaciones de la FGR ampliarían las observaciones en el monto de pérdidas, cifra que ascendería a los $183,860,715.02 dólares.
18 empleados del gobierno salvadoreño participaron en la sustracción dineraria. En específico, los fondos tenían origen de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, y eran transferidos hacia 6 cuentas bancarias no autorizadas de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, según lo detalló el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la institución ha hecho pública la identidad de al menos 9 de los imputados.
Cerén, pese a las acusaciones e investigaciones en desarrollo, ha reiterado su inocencia. También aseguró que las acusaciones responden a una “persecución política”.
“Si de algo puedo enorgulleceme es de carecer de riquezas materiales, costatado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por ello exijo las aclaraciones y cese la persecución política en mi contra”, aseguró Cerén.
