Bolivia debe "atacar la corrupción en el sistema judicial con políticas de transparencia y rendición de cuentas", según le demanda la ONU. También debe sancionar la corrupción en el sistema judicial.
Por Juan Gasparini
Bolivia enfrenta desafíos de injerencias ilegales, amenazas, y amedrentamiento sistemático en perjuicio de los tribunales de justicia, hasta presuntas «ventas» de cargos públicos, y asignaturas pendientes para esclarecer la crisis de 2019-2020.
El Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, el peruano Diego García-Sayán, urgió a Bolivia “atacar la corrupción en el sistema judicial con políticas de transparencia y rendición de cuentas, así como la sanción de los jueces responsables por prácticas corruptas”, resume su informe presentado en Ginebra.
Estos Relatores, elegidos por dicho Consejo por dos mandatos como máximo de tres años cada uno, quienes no son funcionarios de la institución y actúan de forma independiente según su formación y conciencia, viven en sus países de origen o residencia y no cobran sueldo, solo los viáticos para sus actividades, y rinden un informe anual y público de las mismas.
Tras visitar Bolivia, García-Sayán se alarmó del “impacto de la corrupción, que incide en una profunda desconfianza en la administración de justicia”. Observó un “gran rezago procesal en la jurisdicción ordinaria”. Deploró que “su cobertura se limita … a áreas urbanas”, mientras “siguen esperando justicia las víctimas de la violencia de genero, feminicidio”, y las de “la crisis sociopolítica de 2019/2020”.
Paralelamente fustigó que “la carrera judicial es muy débil dada la alta proporción de jueces transitorios, así como regulaciones y prácticas que afectan principios básicos como la inmovilidad”, amen de “dificultades en el acceso a la justicia”, conviviendo con “patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data aún no erradicados”, sumados al “hacinamiento carcelario” del 349,8%, y un magro “presupuesto” del 0,5% del total nacional.
Las recomendaciones del Relator García-Sayán a Bolivia para superar tales déficits pasarían por construir “un sistema de justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en la Constitución”, en vigor desde 2009, para lo cual alentó “vertebrar un gran acuerdo nacional”, haciendo “un llamado a la sociedad e instituciones a marchar en esa dirección”.
Con esos propósitos subrayó como imprescindible “identificar mejor” las eventuales reformas a las “reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura”, en base a “procedimientos no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del estado de derecho”, tomando como referencia criterios para la “Independencia de la Judicatura”.
El necesario aumento del presupuesto para el “órgano judicial” debería “establecerse por ley”, siempre según García-Sayán, con el fin de “abordar una mejora de los sueldos de los operadores de justicia, la creación de nuevos juzgados, la formación del personal”, y que se fortalezca la cobertura “a todos los municipios del país”, subrayando que “los jueces, vocales y magistrados, se constriñan a administrar justicia y no se involucren en asuntos administrativos y de gestión”.
En paralelo, este “Relator Especial” de la ONU, planteo la necesidad que Bolivia establezca “una efectiva carrera judicial por medio de legislación que” ademas de considerar las reglas de “Independencia de la Judicatura”, incluya “la idoneidad para desempeñar funciones judiciales, criterios de procedimientos apropiados para la selección y designación, y garantías normativas e institucionales de inmovilidad de quienes se desempeñen con integridad”.
En ese contexto, el Relator estimó asimismo ineludible “regularizar a todos los jueces transitorios antes del final de 2022”, aumentar “el número de juzgados y fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la violencia contra la mujer”, sin olvidar revisar casos de “violación y feminicidio”, presentando conclusiones “a la brevedad, incluyendo planes a programas de acción”, en el marco de impedir “la generalización y abuso de las detenciones preventivas”.
Al tiempo de legislar también en torno a un “código procesal agroambiental”, y designar “al titular de la Defensoría del Pueblo”, el Relator encomendó a Bolivia “avanzar sin demoras en las investigaciones de oficio” relativas a la “crisis sociopolítica de 2019-2020”, y a “resarcir a las víctimas de violaciones de los derechos humanos”, como “las de Sacaba, Senkata y Zona Sur producidas en 2019”.