La re-valorización de las propuestas de las víctimas demandantes para judicializar los hechos de violencia que suscitaron la Guerra Civil de 1980 en El Salvador; así como las garantías de obtención de justicia, verdad, reparación, no repetición y fortalecimiento institucional han sido las principales demandas reiteradas por la Mesa de Memoria Histórica de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La reiteración responde a la necesidad por la existencia de una normativa que dé cobertura a las víctimas demandantes, en concreto, la discusión de la propuesta de Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado, elaborada por organizaciones como Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos Durante el Conflicto Armado Interno (Pro-Búsqueda), la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” (ATLMJ), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), entre otros.
Pronunciamiento de la Mesa de Memoria Histórica, coordinada por la #PDDH, en ocasión del 5° aniversario de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz pic.twitter.com/9o9JkV9xpt
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La demanda también evoca la derogatoria de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de La Paz, que, tras veinte años de vigencia, fue derogada el 13 de julio del año 2016, por la Sala de lo Constitucional. La resolución respondía a que la normativa era “contraria al derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial y al derecho a la reparación integral de víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, reiteró al PDDH.
Y añade que también responde al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario delegados al país por su membresía de instituciones como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que establece la impreptibilidad ante los crímenes de güera y de lesa humanidad.
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Pero, ante la ausencia de una normativa que resguarde a las víctimas, las organizaciones denuncian el incumplimiento a sus derechos humanos por irregularidades procesales en los casos ventilados en la administración de justicia salvadoreña.
“No podemos seguir permitiendo que dichos bejámenes sigan en la impunidad; por eso es que me encuentro yo aquí denunciado a las instancias judiciales; y, en especial, al gobierno central de no mostrar buena voluntad para judicializar estos casos”, juzgó una de las víctimas demandantes del conflicto Armado y representante del Comité de Presos Políticos de El Salvador. “Nos revictimizan cada vez más que nos ignoran”, lamentó.
.@davidemorDDHH explica algunas de las exigencias a las autoridades a cinco años de declarada inconstitucionalidad la Ley de Amnistía: pic.twitter.com/VldRq9J2CZ
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La Guerra Civil de 1980 transcurrió hasta el año 1992, tras la firma de los Acuerdos de Paz, en Chapultepec, México. El conflicto habría dejado un saldo mayor a 75 mil víctimas que perdieron la vida, de acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU; y más de 4,3 mil denuncias de personas desaparecidas de manera forzada por la guerrilla y el Estado de El Salvador, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado (Conabúsqueda), hasta el año pasado.
Entre los crímenes de Guerra, la Comisión de la Verdad enumera más de 27 masacres durante el conflicto armado, tales como la Masacre del Mozote y Lugares Aledaños, la Masacre del Sumpul, en 1980 y 1981; así como la Masacre de Guazapa y la Masacre de los Martires de la UCA, en 1981 y en 1989, respectivamente.
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#ElSalvador | Compartimos #COMUNICADO de la Mesa contra la impunidad y el Grupo gestor para la ley de reparación integral de víctimas del conflicto armado, por los cinco años de la inconstitucionalidad de Ley de Amnistía. pic.twitter.com/EGSgEWU0r3
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Sin embargo, entre “los únicos casos que han sido judicializado”, han condenado a actores de guerra como el Coronel Endgado Montano a través de los mecanismos de justicia internacional. En cambio, denuncian que no han existido avances significativos en la judicialización de los crímenes de guerra.
“Motivamos, animamos a las organizaciones de víctimas, a las asociaciones de víctimas y a las organizaciones a seguir adelante en la lucha contra la impunidad, a nivel interno e internacional, ya en las décadas de la guerra y en las décadas de la postguerra, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos continúen activas frente a los sistemas de protección internacional”, instó el ex-procurador de la PDDH y representante de Cristosal, David Morales, en una conferencia de prensa.