Por Alessia Genoves
“Prórroga por 30 días más de Régimen de Excepción” demandan autoridades de seguridad pública. La propuesta busca darle vigencia al Decreto N.º 333, que permite la “des-articulación y captura” de un estimado de 70 mil activos de maras y pandillas, agrupaciones “terroristas” identificadas como las máximas responsables de perpetrar los más de 116 mil homicidios en las últimas tres décadas.
Llevada a la Asamblea Legislativa, la propuesta recibió la moción del diputado y presidente de la institución, Ernesto Castro. El legislador expresó sus afinidades por la propuesta, que sería complementaria a la del Plan Control Territorial (PCT). La definió, asimismo, como un “apoyo para seguir combatiendo a las pandillas, tengan la seguridad que cuentan con diputados que respaldarán sus decisiones”.
Régimen contra pandillas
“Venimos a solicitar una nueva prórroga del Régimen de Excepción por 30 días más”, así lo manifestó el titular del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro, en la presentación del requerimiento. Su moción fue acompañada con la del titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy; y con la del titular de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chica.
“La única intención es proteger y garantizar la vida y los vienes de las familias salvadoreñas”, indicó Arriaza Chicas. Refiriéndose a los motivos que preceden al contenido de la propuesta, que son demostrables con resultados como los de la contención las más de 46 mil personas, acusadas de participar o pertenecer a maras y pandillas; y en la reducción en los números de homicidios.
“A partir del Régimen De Excepción, el promedio de homicidios diarios ha disminuido”, reafirmó Merino Monroy. Ésta tendencia acontece tras el reporte de los 87 homicidios perpetrados durante los días 25 al 27 de marzo, mes que acumuló 172 hechos violentos hasta su término. En adelante, los meses de abril (23), mayo (16) y junio (28) reportaron estadísticas menores, incluso respecto a las de enero (75) y febrero (67).
64 días sin homicidios se han reportado durante los días transcurridos del 2022. El número de personas fallecidas, hasta la fecha, no es mayor a la de 411, de acuerdo con los registros divulgados por la PNC. Pero la cifra aún es alta, en contras con los 197 días transcurridos del año; lo que daría un promedio de 2.08 homicidios por día, hasta el día 17 de julio de 2022.
“Con toda la información que recopilamos día a día y el esfuerzo de nuestros héroes azules por liberar a la población de grupos terroristas, estamos impactando de manera efectiva a las pandillas”, indicó Villatoro. Ello demuestra que, de forma paralela a las detenciones, unas “1,103 armas de fuego han sido incautadas; otros 1,314 vehículos han sido decomisados y más de $1 millón de dólares en efectivo han sido confiscados”. Al mismo tiempo, la PNC cuantifica el decomiso de “10,566 teléfonos y de unos 49,103 porciones de droga”.
Derechos humanos
“Nuestras actuaciones como Gabinete de Seguridad están basadas en la Constitución de la República, las leyes y los derechos humanos de la población honesta, trabajadora y honrada”, aseguró Arriaza Chicas. A los operativos de seguridad pública se contempla la aplicación del principio de legítima defensa, ante la confrontación mortal con estructuras terroristas, en la declarada “Guerra Contra Pandillas”.
“Las acciones del ejercito están totalmente justificadas.”, se refirió, en su momento, el Fiscal General Rodolfo Delgado a la aplicación de las recientes reformas en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. “He girado las instrucciones en que no se procese a ningún policía o a ningún efectivo militar, que se vea envuelto en éste tipo de acciones. Porque su accionar está totalmente justificado por la ley: ellos actúan en cumplimiento del deber. Ellos actúan en legítima defensa de su persona y de terceros”, detalló.
Para sostener la tendencia de homicidios a la baja, Delgado insiste en que políticas de seguridad pública, como las de el Régimen de Excepción “tiene que continuar, mientras sea necesario, y que logre erradicar éste cáncer que se encoraba en las diferentes comunidades”, para lo que el Estado tendría que registrar un aproximado de 70 mil miembros de maras y pandillas en las cárceles. “Los pandilleros, al final de cuantas, son una lacra que deben ser expulsadas en la sociedad”, opinó.
Sin embargo, hasta el 11 de mayo, el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP) confirmó la liberación de 168 personas, que habían sido detenidas en cárceles y bartolinas, durante los primeros 15 días de las investigaciones iniciales. A éstos hechos, se suman unos 20 reclusos que perdieron la vida en los centros de contención, de acuerdo con declaraciones de la Fundación Cristosal. El titular del MJSP sostuvo que algunos de los decesos tuvieron qué ver con “complicaciones previas” a las su arresto; y serán hechos por “investigar”.
Delgado insistió: “En ningún momento -el Régimen de Excepción- viola los derechos de los salvadoreños. En primer lugar, se trata de una suspensión de garantías constitucionales. Las garantías constitucionales existen, están establecidas en la Constitución; sin embargo, no todas las garantías constitucionales están suspendidas. Únicamente, aquellas que se refieren precisamente, al manejo que éste volumen de personas, relacionadas a organizaciones criminales, que deben de ser presentadas ante los tribunales de justicia”.
A esa misma línea de ideas, Villatoro insistió que las “actuaciones como Gabinete de Seguridad están basadas en la Constitución de la República, las leyes y los derechos humanos de la población honesta, trabajadora y honrada”.
