Reformas a la salud y educación: ¿Una renovación controversial?

En El Salvador, se están implementando reformas profundas y sin precedentes, en los sectores de salud y educación con una rapidez notable.  Igual que pasó en el tema de seguridad.

No obstante, se percibe la ausencia de participación de la sociedad civil y los gremios profesionales. Esta exclusión plantea incertidumbre en el llamado proceso democrático (tal como lo conocíamos), la calidad de los servicios públicos y el bienestar de la población, sobre todo los más excluidos de todos los sistemas.

Habría que ver los resultados en el corto, mediano y largo plazo, para observar la certeza de dichas reformas.

Reforma de salud

En la superficie, los recientes cambios en la política de salud de El Salvador pueden parecer audaces. El país ha asegurado financiamiento internacional para fortalecer la atención primaria, infraestructura y recursos humanos, además de aprobar incrementos presupuestarios para programas enfocados en enfermedades crónicas y modernización de hospitales públicos..

Sin embargo, estas iniciativas se están impulsando con mínima consulta. Los profesionales de la salud —que son la columna vertebral de cualquier sistema efectivo— han tenido espacio exiguo para expresar sus ideas o preocupaciones. La ausencia de debate público o colaboración es notable, aunque debe decirse que la oposición perdió su correlación de fuerza.

Sin la participación de quienes están en la primera línea, existe el riesgo de que las reformas sean más performativas que transformadoras, un eco  de  modelos centralizados como el cubano.

Reforma educativa

El nombramiento de una oficial militar como ministra de Educación desató una fuerte controversia. Los gremios docentes han criticado la decisión como un signo de “militarización” de la educación pública y una amenaza a los principios pedagógicos.

Las señales se hicieron aún más evidentes cuando a pocos días de asumir, la nueva ministra ordenó la aplicación de normas estrictas de uniformes y cortes de cabello para estudiantes en todas las escuelas públicas, con inspecciones diarias a cargo de los directores. El gobierno alega que eso es disciplina para el alumnado. Opositores creen que tal medida marca “una ruptura con los valores educativos basados en la confianza, la creatividad y el pensamiento crítico”, lo cual desmiente el oficialismo.

¿Por qué importa?

Las reformas en sociedades democráticas, que en El Salvador ha sido siempre prematura, adquieren legitimidad a través de la transparencia, la participación de expertos y el debate público.

Países como Dinamarca, Francia y Alemania —que el gobierno salvadoreño suele mencionar como ejemplos— aseguran que los cambios en sectores tan sensibles se desarrollen mediante negociación colectiva, diálogo civil y planificación basada en evidencias.

De acuerdo a los críticos del Gobierno actual, el rumbo de El Salvador parece más orientado al marketing político que a la gobernanza responsable. La exclusión de quienes tienen la experiencia práctica —médicos y maestros— no sólo compromete la efectividad de las reformas, sino que erosiona la confianza de la ciudadanía.

La militarización de la educación refuerza esa preocupación. Una médica militar convertida en ministra que supuestamente  prioriza disciplina y vigilancia por encima de la pedagogía, proyecta una imagen de control autoritario, en lugar de una apuesta por la formación democrática.

Estas reformas no son necesariamente equivocadas en su origen, pero sin la consulta adecuada corren el riesgo de ser superficiales, excluyentes y contraproducentes para avanzar de forma responsable.