La Pandemia por Coronavirus alerta la situación epidemiológica de VIH en El Salvador. Defensores de  los Derechos Humanos para la Lucha contra el SIDA denuncian la falta de regulaciones sanitarias para la prevención y erradicación del VIH en el Ministerio de Salud, así como el desbasto de medicamentos Nevirapina y Ritonavir para el tratamiento de ésta enfermedad.

Asimismo, organismos defensores demandan al Ministerio de Salud la creación de un Protocolo sanitario oportuno para la cobertura de personas con VIH ante los riesgos de infección por COVID-19.

La Mesa Temática del VIH tiene un recuento de 23 mil casos de personas infectadas por VIH, dentro de los que existen más de 14 mil en estado avanzado que se ven amenazadas por el avance del COVID-19, al no disponer de las garantías sanitarias pertinentes. Al día de hoy, el Ministerio de Salud reporta a más  2,395 personas infectadas por COVID-19.

Menores garantías para persona con VIH

La fase III declarada por el Ministerio de Salud plantea la ejecución de medidas sanitarias más “estrictas”, exclusivas en la protección del COVID-19. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha reducido las garantías sanitarias para la prevención y tratamiento del VIH desde el pasado 16 de marzo.

La política gubernamental en El Salvador es alarmante para los defensores de Derechos Humanos para la lucha contra el SIDA. Ellos alertan que la situación podría elevar la carga viral y los números de casos de VIH durante la pandemia de COVID-19; y que el riesgo de infección por coronavirus podría elevar la mortalidad de las personas seropositivas.

“Estamos en una emergencia… y todas las actividades de prevención del VIH están suspendidas, incluso las implementadas por las ONG`s con apoyo del Fondo Mundial de Vih. Todo el Sistema de salud esta en función del Covid”, explica Francisco Ortiz, activista de Fundasida y miembro alterno del Mecanismo Coordinador de País El Salvador (MCP-ES) .

Pero en el informe titulado “Decálogo de Derechos Humanos para afrontar la Pandemia del Coronavirus”, Amnistía Internacional sugiere a los Estados la atención a “Personas que viven en la pobreza y con menor acceso a medidas preventivas”, a “personas sin hogar”, a “inmigrantes con situación administrativa irregular”, entre otros “Grupos Vulnerables”.

Esta tendencia es reproducida internacionalmente: Se conoce que en el Reino Unido y en Estados Unidos las prestaciones para la atención y prevención del VIH y SIDA se redujeron entre 53% y un 90%, para darle mayor prioridad al combate y tratamiento del COVID-19, según un estudio reciente de la Asociación Británica sobre la Salud Sexual y el VIH .

Y desde el pasado 9 de marzo, el Ministerio de Salud de España registró a las 5 primeras personas con VIH diagnosticadas con COVID-19: Tres de los casos eran personas transgénero, y cuatro de las personas se identificaron como Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH). Cabe destacar, también, que dos de éstas se dedicaban al Trabajo Sexual. A éstas personas se les prescribió medicamentos anti-retrovirales de distintos tipos, conforme a su estado de salud.

Sin embargo, en El Salvador aún no existe un registro público específico de personas con VIH contagiadas por COVID-19. Los datos disponibles se limitan a un registro de 23 mil casos de infección, dentro de los que se conocen más de 14 mil casos de VIH avanzado, frente a 2,395 casos de personas infectadas por COVID-19.

El Ministerio de Salud, además, reconoce que la mayor cifra de personas contagiadas con VIH se identifica en el sector de los HSH, de las Trabajadoras Sexuales, el de las personas Homosexuales, así como el de las personas Trans que están, además, ubicadas en el registro de personas en Situaciones de Vulnerabilidad económica y social.

Por su parte, la Mesa Temática de VIH y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) demandan la “identificación de personas con VIH en situación de vulnerabilidad, para la provisión de canastas básicas, u otros beneficios económicos”, así como la entrega oportuna y monitorizada de medicamentos anti-retrovirales, ante las restricciones de movilidad, en el contexto de la Pandemia de COVID-19.

“Estas medidas, aunque son duras, son necesarias. Sin embargo, deben tomarse medidas paliativas dirigidas a los más vulnerables, como las personas con VIH que no tienen acceso a un empleo formal.  El estado ofrece garrote y macana a quienes salen a la rebusca y viven el día a día…”, expresa  Francisco Ortiz.

Ley CONAVIH limitada por el MINSAL

El Ministerio de Salud difundió, el pasado 16 de marzo, un memorándum sobre las Indicaciones para la Atención a Personas con VIH durante Estado de Emergencia por la Pandemia del Coronavirus. El documento establece las pautas requeridas por el sistema sanitario en el abordaje de personas con VIH.

La institución de gobierno declara que las personas con VIH, al “tener un sistema inmunológico comprometido pueden ser más vulnerables a la pandemia”. Además, reconoce que, por su “condición”, una buena cantidad de  personas con VIH  “necesita recibir atención periódica a fin de evitar complicaciones de salud”

“Estamos en una emergencia y todas las actividades de prevención del VIH están suspendidas incluso las implementadas por las ONG’s con apoyo del Fondo Mundial de VIH”, explica Francisco Ortiz.

El documento también decreta la suspensión temporal de servicios de salud. Así pues, las consultas de las Pruebas de CD-4 para la detección de la carga viral de la población salvadoreña quedan suspendida,  por tiempo indefinido, al considerarse un servicio “no esencial”.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud expone que “las personas con VIH que se encuentran en un estado avanzado de la enfermedad, presentan un recuento bajo de CD-4 y una elevada carga viral o no reciben tratamiento anti-retroviral corren, de manera general, un mayor riesgo de sufrir infecciones y complicaciones relacionadas”.

El congreso nacional no ha elaborado cambios a la ley CONAVIH (Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana). Sin embargo, el “negar el acceso voluntario a la realización de la prueba de VIH” podría constituir un hecho violatorio al literal “a” del artículo 33 de ésta ley .

La institución del Estado establece la entrega de dos raciones de medicamentos antiretrovirales correspondientes a los primeros dos meses de cuarentena previstos, con el fin de evitar las aglomeraciones en los lugares de espera.

No obstante, el Ministerio de Salud limita la entrega de medicamentos exclusivamente a los casos de “emergencia”, y a “personas sintomáticas” de portar el Virus de Inmunodeficiencia Humana. Esta disposición limitará la detección preventiva del VIH de las personas asintomáticas.

Ante ésta situación, las organizaciones sociales plantean que éstas limitaciones podrían elevar los riesgos de mortalidad de las personas seropositivas, al desconocer de su carga viral, y que estarían sujetas a riesgos de inmunodeficiencia para resistir a una infección por Covid-19.

Falta de Transparencia alerta la gestión sanitaria por VIH

Por la inoperancia de instituciones de transparencia no es posible obtener información estadística oficial y actualizada sobre el incremento de personas infectadas con VIH; ni la evolución de casos afectados por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). No es posible, además, saber la cantidad de personas con VIH diagnosticadas con COVID-19, ni conocer los suministros de medicamentos anti-retrovirales en los centros de salud del país.

El día 12 de abril, el  Instituto de Acceso a la Información Pública ha permanecido inoperante. La institución informa que el servicio de obtención de respuesta permanece inhabilitado hasta nuevo aviso, para “darle prioridad a la situación de emergencia nacional”.

De momento, se conoce que el Sistema de Salud de El Salvador dispone de $757,852,654 millones de dólares, y destina $4,591,755 millones de dólares para financiar proyectos inter-institucionales. De éstos, son cerca de $650,000 dólares los que se destinan a organizaciones para la defensa de las personas con VIH y la lucha contra el SIDA. Pero no se conocen las entradas destinadas a éste presupuesto, ni las salidas requeridas de éste presupuesto.

Por tal razón, la Mesa Temática del VIH demanda al Ministerio de Salud el “monitoreo general de hospitales y clínicas de Terápia Anti-Retroviral, “dónde se dispensan medicamentos anti-retrovirales”, para conocer el estado de los suministros, el “estado de compras”, así como los “mecanismos de distribución” de éstos.

Amnistía Internacional también manifiesta que las restricciones de las políticas públicas para “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, y el derecho a acceder a información sobre la salud”, ponen en peligro la “eficacia de la respuesta en materia de salud pública”.

No obstante, en el Primer Informe a Sala de lo Constitucional Relativo a Medidas COVID-19, la PDDH data que, entre el 21 de marzo y 22 de abril, conoció 778 denuncias. Se manifiesta que el 67% de las denuncias “se vinculan a presuntas violaciones del derecho a la Salud, la Libertad Personal y el Acceso a la Información”.