Por Alonso Rosales
En el marco del fortalecimiento del ordenamiento jurídico en materia de propiedad intelectual, la Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó, con 60 votos favorables durante la sesión plenaria 113, la adhesión del país al Tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños (DLT), instrumento internacional orientado a la armonización de los procedimientos de registro de diseños industriales.
La ratificación de este tratado implica la incorporación de estándares internacionales en los procesos administrativos vinculados al registro de diseños industriales, particularmente en lo relativo a la simplificación, uniformidad y eficiencia de los requisitos formales exigidos por las oficinas nacionales competentes. En ese sentido, el DLT no crea derechos sustantivos ni sustituye la legislación interna, sino que establece un marco procedimental común que debe ser observado por los Estados parte.
Desde una perspectiva jurídica, el tratado, adoptado en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), constituye un mecanismo de derecho internacional público que busca reducir las barreras administrativas para los solicitantes, facilitando la protección de diseños en múltiples jurisdicciones mediante procesos más accesibles y previsibles. No obstante, la concesión de derechos de propiedad industrial continuará siendo una potestad soberana de cada Estado, conforme a su normativa interna vigente.
La incorporación de El Salvador a este sistema normativo internacional consolida un esquema armonizado en las tres principales categorías de propiedad industrial: patentes de invención, diseños industriales y marcas. Este avance legislativo refuerza la coherencia del sistema nacional, alineándolo con las mejores prácticas internacionales y promoviendo mayor seguridad jurídica para los usuarios del sistema.
En términos de impacto, la ratificación del DLT se proyecta como un factor relevante para la atracción de inversión extranjera y el fortalecimiento de la competitividad nacional. La adopción de estándares internacionales en materia de registro genera confianza en los inversionistas, especialmente en sectores vinculados a la innovación, el diseño y la manufactura, donde la protección de activos intangibles resulta determinante.
Asimismo, el Estado salvadoreño reafirma su compromiso con el sistema multilateral de propiedad intelectual, consolidando su imagen como un sujeto de derecho internacional que respeta y adopta instrumentos jurídicos orientados a la protección de la creatividad y la innovación. Este posicionamiento contribuye a su inserción en mercados globales y al desarrollo de industrias basadas en el conocimiento.
Finalmente, desde el punto de vista legislativo, la ratificación del tratado no solo representa la adopción de un instrumento internacional, sino también la necesidad de adecuaciones normativas internas que aseguren su correcta implementación. Ello implica un proceso de armonización legislativa y reglamentaria que permita materializar los beneficios del tratado en el ámbito nacional, garantizando su eficacia y operatividad dentro del sistema jurídico salvadoreño.