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Por Alonso Rosales, analista internacional
La escalada militar impulsada por la administración de Donald Trump contra Irán no solo ha encendido Oriente Medio, sino que ha desatado una tormenta política en Washington que pone en entredicho la legalidad, la moralidad y la racionalidad estratégica de la Casa Blanca. Lo que comenzó como una ofensiva conjunta con Israel se ha transformado en un punto de quiebre institucional dentro de Estados Unidos, donde crecen las voces que piden medidas extremas como el juicio político e incluso la aplicación de la Vigésima Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
En el centro de la controversia no solo está Trump, sino también su secretario de Defensa, Pete Hegseth, señalado por legisladores demócratas como corresponsable de una estrategia militar que, según denuncias, habría cruzado líneas rojas del derecho internacional. Los reportes sobre ataques a infraestructura civil —incluyendo instalaciones energéticas y objetivos no militares— han alimentado acusaciones que apuntan a posibles crímenes de guerra, una etiqueta que, de confirmarse, tendría consecuencias devastadoras para la legitimidad global de Washington.
Más allá del debate jurídico, lo que emerge es una crítica profunda al estilo de القيادة de Trump: impulsivo, confrontativo y peligrosamente personalista. Sus recientes declaraciones, cargadas de amenazas apocalípticas hacia Teherán, no solo elevan el riesgo de una guerra regional a gran escala, sino que también reflejan una preocupante desconexión con los límites institucionales del poder presidencial. En una democracia constitucional, la facultad de declarar la guerra recae en el Congreso, no en decisiones unilaterales guiadas por cálculos políticos o impulsos retóricos.
La invocación de la Vigésima Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, aunque improbable, revela la magnitud de la alarma dentro de ciertos sectores políticos. No se trata únicamente de una disputa partidista, sino de un cuestionamiento sobre la capacidad del mandatario para ejercer el cargo con responsabilidad. Cuando figuras incluso dentro del espectro conservador sugieren evaluar la aptitud mental del presidente, el problema deja de ser ideológico y pasa a ser institucional.
Sin embargo, los obstáculos para materializar estas iniciativas son evidentes. El control republicano del Congreso actúa como un escudo político que protege, al menos por ahora, tanto a Trump como a Hegseth. La aritmética legislativa hace inviable una destitución, mientras que la lealtad dentro del gabinete reduce a mínimos la posibilidad de activar mecanismos constitucionales extraordinarios.
Aun así, el daño ya está hecho. La guerra con Irán no solo amenaza con desestabilizar el orden internacional, sino que también ha expuesto las fisuras del sistema político estadounidense frente a liderazgos que tensan —y en ocasiones ignoran— los límites del poder. Trump no está solo contra las cuerdas por la presión externa, sino por el creciente cuestionamiento interno que pone en duda su juicio, su estrategia y su respeto por el marco legal que juró defender.