El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió este viernes perdón público a los familiares de cuatro defensores de derechos humanos desaparecidos durante el conflicto armado interno
Redacción ContraPunto
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió este viernes perdón público a los familiares de cuatro defensores de derechos humanos desaparecidos durante el conflicto armado interno (1960–1996), en un acto oficial realizado en el Palacio Nacional de la Cultura. Durante su intervención, el mandatario reconoció de forma explícita la responsabilidad del Estado guatemalteco y subrayó que estos hechos “no deben repetirse”.
“El Estado de Guatemala incumplió con sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como de llevar adelante la búsqueda de estos defensores de derechos humanos”, afirmó Arévalo. En ese contexto, ofreció disculpas públicas “por la desaparición forzada y por la posterior denegación de justicia”, insistiendo en que el acto implica “fundamentalmente un compromiso de no repetición”.
Las víctimas fueron Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz, integrantes del Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), quienes desaparecieron en 1989 en una finca del departamento de Suchitepéquez, al sur del país. Según testimonios de sus compañeros, los cuatro hombres —indígenas y defensores de derechos humanos— ayudaban a proteger a sus comunidades frente al reclutamiento ilegal realizado por el Ejército durante el conflicto.
“Cuatro compañeros fueron desaparecidos forzadamente. Hombres armados, vestidos con uniformes militares, irrumpieron en sus hogares y se los llevaron. Nadie volvió a verlos”, relató Amílcar Méndez, representante del CERJ. “Sus familias siguen viviendo esa ausencia, una ausencia impuesta por la violencia del Estado”, añadió.
Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que los cuatro defensores “fueron víctimas de desaparición forzada por parte del Estado de Guatemala”, señalando que su único “delito” fue organizarse y exigir justicia en un contexto de represión sistemática.
Como parte del fallo, la CIDH ordenó al Estado guatemalteco implementar medidas de reparación, entre ellas una investigación exhaustiva de las desapariciones, la desclasificación de archivos del conflicto armado interno y la creación de un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas forzadamente.
Al acto asistieron familiares de las víctimas y representantes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellas Kennedy Human Rights, organización que llevó el litigio ante la CIDH desde 2024. Su presidenta, Kerry Kennedy, afirmó que el reconocimiento público “no es un simple acto simbólico, sino el reconocimiento formal del Estado, ante su pueblo y ante el mundo, de graves violaciones a los derechos humanos”.
Durante la guerra civil guatemalteca, miles de personas —principalmente indígenas— fueron asesinadas o desaparecidas. A décadas del fin del conflicto, muchas familias aún desconocen el paradero de sus seres queridos.