Más de 275 niñas, niños y jóvenes víctimas de desplazamientos forzados rindieron sus testimonios en el informe “Afectación del Desplazamiento Interno Forzado en la Niñez y la Adolescencia Salvadoreña” ante los impactos sobre su vida social, en su salud mental y en integridad física como consecuencia de las amenazas y de la violencia, durante los períodos en los años 2017-2019.
El estudio fue elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humano (PDDH) y Cristosal.
Éstos datos totalizaron una cifra de más de 350 migrantes desaparecidos hasta el mes de agosto de 2020, según autoridades del Banco Forense de Migrantes de El Salvador; y del total de 455,900 personas víctimas de desplazamiento forzado interno durante el 2019, de acuerdo con los datos del Observatorio de Monitoreo sobre Desplazamiento Forzado (IDCM, por sus siglas en ingles).
El estudio evidencia que al menos 201 niños y niñas y 74 jóvenes fueron las víctimas que rindieron su testimonio sobre la afectación en su integridad física, emocional, económica, educativa y comunitaria ante los desplazamientos forzados perpetrados, principalmente, por maras y pandillas, así como por las Fuerzas de Seguridad Nacional.
Para el Director ejecutivo de Cristosal, Noan Bullok, “la experiencias de las víctimas es el mejor diagnóstico sobre la situación de inseguridad del país”
“La presencia de la fórmula histórica de desplazamiento que hemos podido documentar en informes anteriores es la percepción de la población sobre la capacidad de grupos criminales de ejercer o hacer amenazas, intimidaciones, y cumplir con esas amenazas; es decir, la capacidad del crimen organizado ene el territorio. Y se ocupa la percepción de la población sobre la capacidad del Estado de garantizar una protección ante una antes que hubo una amenaza, o después de que hubo un hecho de violencia”, explicó el director ejecutivo de Cristosal, Noan Bullock,
VEA: INFORME SOBRE EFECTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO SOBRE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
El Crimen Organizado, la mayor causa de desplazamientos
Los resultados del estudio revelaron que el comportamiento migratorio fue motivado, entre otras cosas, por la violencia generalizada en casos de amenazas, homicidios, extorsiones, lesiones por represalias, temor por la violencia y el amedrentamiento, principalmente.
"Hemos encontrado que muchos casos de desplazamiento forzado son ocasionados por grupos delincuenciales, pero también es grave que algunos son provocados por autoridades que actúan de manera extraoficial", destacó el Procurador Adjunto apara los Derechos de la Niñez, Ulises Rivas
En efecto, los resultados señalan que el 85.8% de los casos de los desplazamientos están precedidos por la violencia y las amenazas de maras y pandillas. Otro 7.2% fue motivado por las Fuerzas de Seguridad Nacional (PNC y FAES).
Del mismo modo, el estudio demostró que la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas (FAES) influyeron en un 7.2% de los casos de desplazamientos forzados.
Los jóvenes, los mayor afectados
Según los datos recopilados en el Informe, de los 134 expedientes y 20 denuncias analizadas, se trataron a 120 adultos en desplazamiento, 50 más en peligro y 201 niños y niñas y 74 jóvenes. Asimismo, otras 150 personas se expusieron al riesgo de desplazamientos.
"El desplazamiento forzado afecta mayormente a los adolescentes, pues ellos comprenden la situación de inseguridad y de temor que están pasando. Es necesario un equipo profesional que ayude de forma integral a este grupo vulnerable", sugirió Ulises.
En el informe se reconoce que los adolescentes y jóvenes, además, testificaron que sus zonas de residencia se fueron despoblando, en la medida en que fueron acosados por el crimen organizado. En consecuencia, las personas que no se movilizaban incrementaban su nivel de percepción ante la amenaza de represalias por parte de grupos pandilleriles.
“Por lo general, las zonas que no cuentan con seguridad pública, son las dónde más se generan los deplazamientos forzados, porque ellos no tienen un mecanismo de protección para sus derechos”, reiteró Ulises.
Demandan Fortalecimiento en Mecanismos de Búsqueda
El Estado cuenta con un “Protocolo de Acción Urgente (PAU) y Estrategia de Búsqueda” de personas desaparecidas, que integra a la PDDH, a la Fiscalía General de la República (FGR) a la Policía Nacional Civil (PNC), entre otras instituciones.
Además, condena a la “Desaparición de Personas” como un hecho delictivo en los artículos 148, 129, 364 y 365 del Código Penal, con agravantes en los tres últimos.
Para el año 2019 la cifra de personas desaparecidas, reportadas por la FGR, fue de 3,202. Y, hasta el primer semestre del presente año, la cantidad ya alcanza los 824 casos, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, "de enero a agosto de 2020, solo en la PDDH hemos recibido 47 casos a nivel nacional de desplazamiento forzado, pero el Estado no ha dado respuestas contundentes al respecto",dijo la Procuradora Adjunta de los Derechos de los Migrantes y Seguridad Ciudadana de la PDDH, Beatriz Campos.
Pese a la existencia de éstos instrumentos, la PDDH denuncia que el Estado aún no está llevando a cabo la Ley a Favor de Personas Migrantes Desparecidos y sus Familias.
La ley establece estrategias técnicas para la búsqueda de desaparecidos, la creación de una Mesa Inrterseccional para la Participación Ciudadana; la estructuración de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas facultado por el Ministerio de Relaciones Exteriores; la documentación gratuita de información de personas desaparecidas a través de una Banco de Datos (Genéticos) y las formas de financiación de proyectos.
“Todo ese aparataje, todo ese sistema de protección que la ley establece, pues no se está llevando a cabo.y tendría que ponerse en marcha, porque la ley fue aprobada éste año. Hemos tenido algunas dificultades, como Procuraduría, en el caso del Ministerio de Justicia”, dijo Ulises Rivas.
También demandan la regulación del Banco Forense de Migrantes de El Salvador, para la identificación de los restos humanos de las personas desaparecidas en el extranjero. Y es que señalan que en el país aún no se cuenta con una "dinámica de búsqueda" de búsqueda, localización e identificación de restos de personas desaparecidas, así administrada por el Estado.
“Realmente, no existen mecanismos actuales desde el Estado que actualmente que estén asumiendo ésta dinámica de búsqueda, localización e identificación de restos, el cual lo deberían asumir Medicina Legal en coordinación, obviamente, con los consulados”, lamentó Beatriz Campos.
