La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fundación para la Alimentación y Nutrición de Centroamérica y Panamá (FANCAP) firman una carta de colaboración para la ejecución del proyecto “Respuesta Sostenible al VIH en Centroamérica”, con el objetivo de formar educadores en los temas de Derechos Humanos, VIH y Población LGBT.
“Lo que busca realmente es fortalecer las capacidades en la población para que se pueda repeler las agresiones a los derechos fundamentales. Pero también eso nos obliga a nosotros, como PDDH, a ser consecuentes con el mandato que la Constitución nos impone”, expresó Apolonio Tobar, Procurador de Derechos Humanos.
El programa, además, cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA del Presidente de los EEUU (PEPFAR).
“El aporte es que viene a fortalecer la lucha contra el estigma y la discriminación asociados al VIH en las instituciones públicas, a través de que nuestros formadores van a tener herramientas, para que ellos también puedan formar a otras personas que dan atención en las instituciones públicas”, explicó Jaime Argueta, jefe del Departamento de VIH y Derechos Humanos de la PDDH.
El proyecto tiene como misión implementar programas educativos para la sensibilización de servidores públicos y de profesionales. Del mismo modo, pretende “empoderar” a sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad (población LGBT, personas con VIH, etc) a reducir el estigma y la discriminación.
Argueta, además, explica que el programa permite “poder replicar, poder transmitir los conocimientos hacia otros formadores para que así haya un efecto cascada, y más funcionarios públicos que están sensibilizados, que están formados, que están trabajando en el tema de la reducción de estigma y discriminación hacia las personas con VIH y población LGBTIQ”.
Hasta 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció un acumulado de 692 denuncias sobre casos de violencia contra personas de la población LGBT, la cifra es creciente en medio del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19:
Hasta Julio de 2020, al menos 160 demandas para asesorías jurídicas se hicieron a COMCAVIS TRANS, sobre casos de agresiones, desplazamientos forzados internos y violencia psicológica, que implicaban principalmente al crimen organizado y a las fuerzas represivas del Estado.
“Hemos visto lamentablemente cómo personas de la población LGBTI se ven altamente ofendidos, vilipendiados… por su misma condición. Y eso sólo lo podremos eliminar a través de la educación, y la promoción de los Derechos Humanos”, explica Tobar.