El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, recomendó a las instituciones legislativas y ministeriales la ampliación de garantías constitucionales para promover la inclusión de las personas con discapacidad en el país. También, demandó a las autoridades judiciales la aplicación de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad (LEICD), para asegurar el cumplimiento de sus derechos.
Las demandas de la autónoma giraron en torno a la conmemoración del Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad, y reivindicación de sus derechos humanos; mismo que fue proclamado tras la resolución 47/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés), el 14 de octubre del año 1992.
“En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador de la Mesa Permanente de la PDDH de las Personas con Discapacidad, una vez más me sumo a conmemorar este 03 de diciembre “Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad”, expresó Tobar, en un comunicado oficial.
Tobar reiteró, asimismo, la importancia de las Organizaciones Sociales en la defensa y “reivindicación de los derechos humanos y libertades fundamentales” de las personas con discapacidad. También instó a las mismas a su fortalecimiento, liderazgo representativo, participación e incidencia en las políticas públicas.
Las Recomendaciones
El procurador hizo sus recomendaciones en favor de las personas con discapacidad a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Ministerio de Hacienda, a la Asamblea Legislativa y al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).
Tobar pidió al titular del Ministerio de Hacienda, Alejandra Zelaya, “que todas las instituciones públicas asignen un porcentaje razonable en sus presupuestos institucionales”, en base a la LEICD.
Asimismo, recomendó al Presidente de la CSJ, Armando Pineda, la creación de medidas “urgentes” para asegurar la “accesibilidad” institucional, y garantía jurídicas de las personas con discapacidad.
También exhortó al Presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, Ernesto Luis Muyshondr, la promoción de “acciones efectivas de oclusión de las personas con discapacidad en sus planes, programas y proyectos”, en las 262 municipalidades, a nivel nacional
Y reiteró su demanda por la promoción de la “promover la armonización de las normativas que contengan disposiciones que contraríen los derechos de las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad intelectual y psicosocial”, al Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
