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Por Alonso Rosales
La crisis financiera de Paraguay ha escalado hasta convertirse en uno de los mayores escándalos políticos e institucionales de los últimos años. El juez penal de Garantías Humberto Otazú ordenó este sábado 7 de noviembre de 2026 la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, después de que la Fiscalía formalizara una imputación en su contra por presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso, en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank.
La resolución judicial representa un giro extraordinario en la política paraguaya: un exjefe de Estado que perdió el poder tras un juicio político ahora enfrenta una investigación penal relacionada con una crisis bancaria que habría dejado a millones de personas sin acceso a sus ahorros.
De acuerdo con la información divulgada por France 24, con base en reportes de Reuters, EFE y medios paraguayos, Peña deberá permanecer bajo prisión preventiva en dependencias de la Escolta Presidencial, donde ya había pasado la noche después de ser detenido por agentes de la Policía y la Fiscalía.
La medida fue adoptada luego de que el exmandatario compareciera ante la Fiscalía General del Estado, en Asunción. Los fiscales también solicitaron prisión preventiva para Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), quien había presentado su renuncia el pasado 3 de noviembre, en medio de la crisis de Ueno Bank.
La situación de Peña se agravó después de que el Senado paraguayo aprobara su destitución mediante un juicio político por mal desempeño de funciones. La decisión parlamentaria estuvo relacionada con las denuncias sobre posibles conflictos de intereses y su presunta vinculación empresarial con Ueno Holding, conglomerado propietario de la entidad financiera.
Uno de los principales cuestionamientos de los legisladores fue la participación accionarial que Peña habría mantenido en el grupo empresarial y que, según los argumentos expuestos durante el proceso político, habría vendido en 2025.
Este elemento resulta particularmente relevante desde la perspectiva institucional, porque plantea interrogantes sobre la separación entre el ejercicio del poder público y los intereses económicos privados. La investigación deberá determinar si existieron actuaciones desde el aparato estatal que favorecieron intereses empresariales vinculados al entonces presidente.
Sin embargo, es importante distinguir entre las acusaciones fiscales y las responsabilidades judicialmente demostradas. La imputación no constituye una declaración de culpabilidad y Peña conserva el derecho a defenderse durante el proceso.
El caso adquiere una dimensión todavía mayor por sus consecuencias económicas y sociales. El colapso de Ueno Bank no representa únicamente un problema empresarial: pone en discusión la supervisión financiera, la transparencia de las instituciones reguladoras y la protección de los depositantes.
La investigación también alcanza a Carlos Carvallo, quien dirigió el Banco Central paraguayo hasta el 3 de noviembre y anteriormente había presidido Financiera Ueno, antecedente de la entidad bancaria investigada.
Esta trayectoria constituye uno de los puntos que deberá esclarecer la Fiscalía, particularmente en relación con las decisiones regulatorias, los mecanismos de supervisión y las posibles responsabilidades de quienes participaron en la evolución y administración de la institución financiera.
Hasta el momento, las autoridades han imputado a 27 personas. Entre ellas figura Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, quien fue trasladado a prisión junto con otros cinco directivos.
La dimensión de las investigaciones sugiere que las autoridades buscan establecer si el deterioro de la entidad fue consecuencia de decisiones administrativas irregulares, posibles operaciones en beneficio de determinados intereses o fallas graves en los controles financieros.
Desde una perspectiva geopolítica y regional, el caso paraguayo tiene implicaciones que trascienden las fronteras nacionales. América Latina arrastra una larga historia de crisis financieras vinculadas a redes de poder político y económico, donde la debilidad de los organismos supervisores termina trasladando los costos de las irregularidades a los ciudadanos.
La situación de Paraguay plantea una pregunta fundamental: ¿pueden las instituciones actuar con independencia cuando las investigaciones alcanzan a quienes ocuparon las más altas posiciones del Estado?
La respuesta tendrá consecuencias para la credibilidad del sistema judicial, la estabilidad política y la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.
También será determinante conocer cómo responderá el nuevo Gobierno encabezado por Pedro Alliana, quien asume el desafío de administrar una crisis que combina incertidumbre financiera, tensión política y cuestionamientos sobre la institucionalidad paraguaya.
La prisión preventiva de Santiago Peña constituye, por tanto, un acontecimiento excepcional, pero el verdadero alcance del caso dependerá de las pruebas que presente la Fiscalía, de las decisiones de los tribunales y de la capacidad del Estado para esclarecer qué ocurrió con Ueno Bank.
El desenlace no solamente determinará el futuro judicial de un expresidente. También pondrá a prueba la credibilidad de las instituciones paraguayas y su capacidad para garantizar que el poder político y los intereses financieros respondan ante la ley.
Fuentes: France 24, con información de Reuters, EFE y medios de comunicación paraguayos. Información judicial y política correspondiente al 7 de noviembre de 2026.