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Por Alonso Rosales
Managua, Nicaragua — En los últimos años, el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han intensificado una serie de políticas que críticos y organizaciones internacionales describen como un esfuerzo sistemático por controlar no solo la sociedad civil y los medios de comunicación, sino también la esfera religiosa en Nicaragua. Ante este panorama, analistas advierten que el régimen aspira a replicar en Centroamérica el estricto modelo de control ideológico y social que caracteriza al régimen de Corea del Norte.
Una ofensiva contra la libertad de religión
La restricción a la libertad religiosa ha sido gradual pero profunda. Organizaciones como Christian Solidarity Worldwide han documentado que Nicaragua ha implementado medidas que restringen la entrada de material impreso y religioso, incluyendo Biblias, libros y revistas, a través de advertencias en terminales de transporte internacional y revisiones exhaustivas en puntos migratorios. Estas acciones buscan limitar el acceso a textos que no estén bajo el control del Estado o de grupos afines al régimen, en una práctica que recuerda el estricto control de información en Corea del Norte.
Además de estas restricciones informales, informes internacionales denuncian que más de 1.300 organizaciones religiosas han sido despojadas de su personalidad jurídica y forzadas a cerrar, al igual que miles más de organizaciones civiles, en un proceso de desmantelamiento de las instituciones independientes en el país.
Persecución, exilio y expulsión de líderes religiosos
El gobierno de Ortega ha intensificado su persecución contra líderes religiosos, principalmente contra la Iglesia Católica, considerada durante décadas una voz crítica dentro de la sociedad nicaragüense. Según Human Rights Watch, desde 2023 las autoridades han expulsado del país o forzado al exilio a más de 200 figuras religiosas, incluyendo obispos y sacerdotes, y han empleado detenciones arbitrarias bajo cargos de “traición” o actividades subversivas.
Estos actos se enmarcan en una estrategia más amplia de neutralización de cualquier ámbito que pueda articularse como desafío al poder del gobierno. En varios casos, las detenciones y expulsiones han ocurrido luego de que figuras religiosas expresaran críticas al Estado o defendieran derechos humanos básicos, según diversos informes de libertad religiosa.
Control constitucional y legislativo bajo la bandera del orden público
En paralelo a las medidas represivas, Ortega ha promovido reformas constitucionales y marcos legales que buscan condicionar la actuación de las organizaciones religiosas bajo pretextos de “orden público” o de mantenerlas “libres de control extranjero”. Aunque estas reformas afirman proteger la libertad de culto, críticos señalan que terminan otorgando al Estado amplias facultades para reprimir actividades religiosas que no se alineen con su agenda política.
Este tipo de reformas se suman a leyes anteriores que han permitido cancelar la personalidad jurídica de miles de organizaciones no gubernamentales bajo argumentos vagos de seguridad nacional o financiamiento indebido, afectando también a entidades religiosas o vinculadas a la fe.
Comparaciones con Corea del Norte
La acumulación de estas políticas ha llevado a analistas y defensores de derechos humanos a comparar el rumbo de Nicaragua con el modelo de Corea del Norte, donde el Estado controla de manera estricta la información, restringe el acceso a textos no aprobados y persigue fervientemente cualquier expresión religiosa o ideológica independiente. En ambos casos, el control del pensamiento y del acceso a fuentes de información externas se convierte en un pilar del mantenimiento del poder.
Defensores de derechos humanos señalan que, lejos de proteger la soberanía nacional, estas medidas debilitan el tejido social y marginan a comunidades de fieles, sacerdotes y defensores de fe que buscan mantener viva la libertad de culto y expresión en Nicaragua.
Fuentes