Ésta mañana, organizaciones feministas demandaron el cumplimiento de la garantía a la participación política de las mujeres y personas LGBT de cara a los comicios electorales de 2021.
Asimismo, exigieron el cumplimiento de regulaciones en las instituciones rectoras, así como la discusión y aprobación de la Ley de Paridad en la Participación Política de Mujeres y Hombres, para erradicar la comisión de delitos y prácticas que perpetúen la disparidad de género entre el número de representantes;
“En éste país, hay una deuda enorme de décadas, en dónde los funcionarios que han llegado a los diferentes espacios de toma de decisión, han dejado como parte relegada de su agenda las problemáticas que afectan a las mujeres, a los jóvenes y a la comunidad LGBTI. En tal sentido, es necesario que las mujeres empoderadas empiecen a incursionar en éstos espacios, para garantizar que las políticas públicas impulsadas por los gobiernos, tanto locales como los nacionales, vayan orientadas a la búsqueda de solucionar éstos problemas”, expresó Ana Gladis Chinchilla, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.
VEA: ORGANIZACIONES DEMANDAN GARANTÍAS A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA…
Las demandas y propuestas fueron discutidas por lo menos doce organizaciones feministas que, además, declararon estar abiertas a apoyar las propuestas políticas que favorezcan la garantía de los derechos humanos de las mujeres en las próximas elecciones. Algunas de esas organizaciones identificadas son: la Asociación Nacional de Regidoras Sindicas y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS), la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL), la Asociación de Mujeres Jóvenes Feministas (AMAYELI), entre otras.
Sólo el 10% de representantes son mujeres
En El Salvador sólo el 27 mujeres ostentan el cargo de alcaldes, una cifra que contrasta con las 262 municipalidad es que hay en el territorio nacional. Además, sólo dos de ellas están a cargo de los departamentos de Santa Ana y Cojutepeque, de acuerdo a datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Es decir , sólo el 10% de las personas que se desempeñan como alcaldes son mujeres. La cifra también es reducida respecto al número de diputados representantes en la asamblea legislativa, pues sólo el 30% de los curules está representado por mujeres; pese a que la participación de mujeres inscritas era la del 47.7%, según declaraciones de la Jefa de la Unidad de Género, Cristina Rivera.
Sin embargo, el TSE demanda un cuota de participación de mujeres de al menos el 30% en cada “partido político, o coalición”, en las panillas de elección de cada circunscripción, a nivel nacional, departamental y municipal, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Partidos Políticos del TSE.
La situación alerta a las organizaciones feministas, quienes plantean que en el país existen una “profunda disparidad de género”, con resultados electorales que no rinden con la proporción mínima requerida en la cuota de participación femenina, establecida por el TSE.
“Demandamos al TSE que asuma un rol, como ente rector, en materia de garantizar la cuota de participación política de las mujeres que establece el 30% en la Ley de Partidos Políticos, así como también exigir a la Asamblea Legislativa la aprobación del anteproyecto de Ley de Paridad, para garantizar la participación política de las mujeres”, expresó una de las representantes de la CFDL, Milagro Alvarado.
Demandan protección a la integridad de las participantes
Las organizaciones también demandaron la aplicación y creación de prerrogativas jurídicas para garantizar la protección de los derechos de las participantes, ya que consideran que las herramientas técnicas vigentes son insuficientes, ante prácticas de desprestigio que, según ellas, limitan la participación política de las mujeres.
“El TSE, por su parte, tiene un reglamento de funcionamiento que establece cuáles son las pautas de comportamiento de los candidatos y candidatas; pero, cuando una persona, o un partido político expresa una manifestación de violencia hacia un candidato o candidata, ellos saben bajo qué normas deben hacerlo, para que no se les pueda imputar el delito”, expresó Chinchilla.
Por su parte, la representante de ANDRISAS, Carolina García Vega, plantea que la participación política electoral implica la exposición a riesgos, como la violencia política, que limitan a las mujeres a competir.
“Necesitamos una le contra la violencia política, porque a las mujeres se les violenta, se les ridiculiza, más que todo en las redes sociales; y las redes sociales se están haciendo ahoríta las principales, en cuanto a que a las mujeres diputadas, a las mujeres alcaldesas, se llevan hasta el ridículo. ”, expresó García Vega, quién, además declara haber sido víctima de “Violencia Política”.
En efecto, “desprestigio de la política” y el “miedo e inseguridad” son los principales factores que limitan a las mujeres a participar en los espacios políticos, de acuerdo con el estudio “Hacia la participación política de las mujeres en El Salvador”, elaborado por la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias Salvadoreñas (ASPARLEXAL), de la Asamblea Legislativa
“La fiscalía, en éste país, desde hace años, ha estado en éste país inclinada hacia ciertos sectores de poderes económicos, y no les garantiza una correcta aplicación de justicia. Es por eso que las mujeres, en su mayoría, que son víctimas de éste tipo de delitos, se quedan sin poder tener acceso a la justicia, porque la fiscalía no cumple con su deber constitucional de investigar el cometimiento de ese delito”, lamentó Chinchilla.
Asimismo, La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer establece una sanción de veinticinco salarios mínimos (sector comercio y servicio), a comportamientos arraigados en la burla, el descrédito, el aislamiento, la limitación, el impedimento y la obstaculización de mujeres en espacios tales como en los de “participación política” (art. 55).
Ante la problemática, las defensoras en derechos humanos, además, plantearon la ampliación del trabajo territorial, el diálogo entre gobernantes y el empoderamiento de las aspirantes a cargos públicos.
“Vamos a respaldar las candidaturas de mujeres, de feministas, en el sentido que vamos a respaldarlas políticamente, vamos a acuerparlas ante las situaciones que significan estar en el ámbito público… por ejemplo, las campañas de desprestigio y difamación; y, creemos que es fundamental que tomemos esa consciencia de la necesidad que las mujeres estén en el ámbito público, para poder transformar esas maneras patriarcales de hacer política”, expresó Sara García Gross, defensora en derechos humanos.
