Por Alonso Rosales, analista internacional
La relación entre México y Estados Unidos se encuentra nuevamente en un punto crítico tras una nueva ronda de comunicaciones diplomáticas en torno al problema del narcotráfico, en particular al tráfico de fentanilo, que ha cobrado miles de vidas en territorio estadounidense y ha sido una piedra angular de la agenda de seguridad del presidente Donald Trump.
Esta semana, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que abordaron los retos compartidos en materia de seguridad, narcotráfico y flujos ilícitos a lo largo de la frontera común. En el diálogo se reafirmó la cooperación bilateral, aunque desde Washington se lanzó un claro mensaje de insatisfacción respecto al ritmo y alcance de los resultados obtenidos por México.
La advertencia de Estados Unidos
En el comunicado oficial emanado de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos tras la llamada, se estableció que el gobierno estadounidense considera “inaceptable” cualquier progreso gradual en el combate al tráfico de fentanilo y otras amenazas de seguridad. La administración Trump exigió a México resultados “concretos y verificables” para desmantelar lo que Estados Unidos ha calificado en ocasiones como “redes narcoterroristas” y frenar el flujo de fentanilo y armas hacia su territorio.
En el trasfondo de estas exigencias está la advertencia implícita —y en ocasiones explícita por parte de actores de la administración de Trump— de que, de no observarse avances sustanciales, Estados Unidos no descartaría medidas más drásticas o incluso unilateralidades en su combate contra los cárteles desde territorio mexicano. Aunque no hubo anuncios oficiales de operaciones militares, la retórica de Trump y sus principales funcionarios sigue generando inquietud en la diplomacia mexicana.
Respuesta del gobierno mexicano
La respuesta oficial de México, desde la Presidencia y la Cancillería, ha sido de rechazo a cualquier insinuación de intervención militar extranjera o de subordinación a las exigencias de Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido en varias ocasiones que la cooperación debe basarse en respeto a la soberanía nacional y en responsabilidades compartidas, sin coacción ni imposiciones unilaterales.
Sheinbaum ha resaltado los logros alcanzados por el gobierno mexicano en materia de seguridad, incluyendo una colaboración estrecha con agencias estadounidenses que ha resultado, según sus declaraciones, en resultados concretos en la reducción de homicidios y decomisos de drogas. Ha insistido también en que el problema del fentanilo no puede ser abordado únicamente desde el lado mexicano, sino que implica atacar la demanda y el consumo en territorio estadounidense.
El gobierno mexicano ha reiterado que continuará con la estrategia de cooperación, participación en grupos binacionales de seguridad y coordinación de inteligencia, pero con un énfasis claro en que cualquier acción conjunta debe respetar la legalidad y la integridad territorial de México.
Expectativas y próximos pasos
Tras la llamada entre De la Fuente y Rubio, ambos países acordaron avanzar hacia una reunión ministerial de seguridad programada para febrero en Washington, como parte de los mecanismos institucionales para evaluar y fortalecer la cooperación frente a los cárteles transnacionales. El llamado Grupo de Implementación de Seguridad bilateral se reunirá el 23 de enero para revisar los avances y diseñar estrategias conjuntas.
La tensión diplomática se mantiene, pero también refleja una compleja interdependencia en seguridad que obliga a ambas naciones a coordinar acciones pese a las diferencias en estilo y prioridad política.
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