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Por Alonso Rosales
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para encabezar una nueva investigación sobre una denuncia de presunta violación grupal que involucra a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell.
El caso, ocurrido en 2024 y que había quedado sin cargos penales, volvió al centro de la atención pública después de que la presunta víctima presentara en septiembre una demanda civil contra los siete hombres señalados, la fraternidad, la Universidad de Cornell, un bar local y su propia hermandad.
La denunciante, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, sostiene que fue inducida a consumir alcohol y drogas y posteriormente sometida a actos sexuales mientras se encontraba incapacitada para consentir. Las acusaciones forman parte de una demanda civil y deberán ser examinadas por las autoridades competentes.
Una de las principales interrogantes que ahora deberá responder la nueva investigación es por qué la Fiscalía del condado de Tompkins decidió no presentar cargos en 2024.
Según las autoridades estatales, la investigación original presenta importantes cuestionamientos. Hochul afirmó que el fiscal de distrito cerró el caso sin entrevistar personalmente a la denunciante ni a otras personas que podrían haber estado involucradas.
Otro elemento bajo revisión es el contenido del informe policial remitido a los fiscales. De acuerdo con la información divulgada sobre el expediente, la declaración de la joven habría sido resumida de manera que no incluyó íntegramente una afirmación realizada durante su denuncia, en la que manifestó estar segura de que había sido violada.
La gobernadora cuestionó públicamente cómo pudo tomarse una decisión sobre la posible presentación de cargos sin que la denunciante fuera entrevistada directamente por los fiscales.
El fiscal de distrito de Tompkins, Matthew Van Houten, ha defendido la decisión adoptada en 2024 y señaló que las pruebas disponibles entonces no permitían sustentar cargos penales. Sin embargo, después de que aparecieran nuevos elementos, decidió reabrir la investigación.
Con su designación como fiscal especial, Letitia James tendrá la responsabilidad de examinar nuevamente las actuaciones policiales y fiscales, así como las pruebas disponibles.
James afirmó que la investigación requerirá tiempo y que su oficina analizará los hechos, recopilará evidencia y entrevistará a posibles testigos.
La fiscal general también señaló que, si las pruebas permiten establecer la existencia de delitos, su oficina evaluará la posibilidad de emprender acciones penales.
El nombramiento representa un nuevo capítulo en un caso que ha generado preguntas sobre la manera en que las denuncias de agresión sexual son investigadas cuando existe consumo de alcohol o drogas.
El caso también ha reactivado el debate sobre las leyes de Nueva York relacionadas con el consentimiento sexual y la intoxicación.
Uno de los puntos centrales de la controversia es determinar en qué circunstancias una persona intoxicada se encuentra legalmente incapacitada para consentir una relación sexual y qué elementos deben demostrar los fiscales para presentar cargos.
La gobernadora Hochul ha expresado su respaldo a cambios legislativos destinados a fortalecer la protección de personas que se encuentran demasiado intoxicadas para consentir.
Legisladores estatales también han planteado modificaciones a la legislación para establecer con mayor claridad la responsabilidad penal cuando una persona mantiene relaciones sexuales con alguien que, por su nivel de intoxicación, no está en condiciones de otorgar un consentimiento válido.
El debate, sin embargo, deberá desarrollarse en el ámbito legislativo y jurídico, mientras la nueva investigación determinará qué ocurrió concretamente en el caso de Cornell.
La Universidad de Cornell ha defendido las medidas adoptadas después de conocer las acusaciones.
La institución sostiene que realizó una investigación interna y que tomó medidas disciplinarias contra integrantes de Chi Phi. Entre las acciones mencionadas figuran expulsiones y otras sanciones, además de restricciones contra la fraternidad.
Sin embargo, la demanda civil presentada por Jane Doe cuestiona la respuesta de la universidad. La denunciante sostiene que solamente dos de los siete hombres señalados fueron expulsados, mientras que otros recibieron sanciones menores.
La demanda también afirma que la joven abandonó sus estudios después de los hechos y que Cornell se negó a devolverle determinados pagos relacionados con su matrícula.
Estas afirmaciones forman parte del litigio civil y tendrán que ser examinadas judicialmente.
El nombramiento de Letitia James coloca nuevamente el caso bajo escrutinio estatal y abre la posibilidad de revisar decisiones tomadas durante la investigación original.
La cuestión central ya no se limita a determinar qué ocurrió la noche denunciada, sino también a establecer cómo fueron recopiladas, documentadas y evaluadas las pruebas.
Para las autoridades de Nueva York, la nueva investigación deberá determinar si existieron errores u omisiones que afectaron la decisión de no presentar cargos en 2024.
Mientras tanto, los siete hombres señalados mantienen su presunción de inocencia y las acusaciones de la denunciante deberán ser demostradas mediante los procedimientos correspondientes.
El caso de Cornell se ha convertido así en un nuevo punto de discusión sobre el consentimiento sexual, la responsabilidad institucional de las universidades y el funcionamiento de las investigaciones criminales cuando existen denuncias de agresión sexual.