La izquierda extremista arrastra un problema histórico que nunca ha querido resolver: su incapacidad para desprenderse del apoyo —explícito o tácito— a dictadores.
Zarko Pinkas – Ramírez |
La izquierda extremista arrastra un problema histórico que nunca ha querido resolver: su incapacidad para desprenderse del apoyo —explícito o tácito— a dictadores. Allí donde buena parte del mundo ve violaciones sistemáticas a los derechos humanos, fraudes electorales, represión y Estados fallidos, un sector de la izquierda sigue viendo “procesos internos”, “soberanía” y “resistencia al imperialismo”.
Ese doble estándar no solo es moralmente insostenible; es políticamente suicida.
Porque mientras se escudan en el argumento de que “nadie debe intervenir en los asuntos internos de un país” cuando se habla de Venezuela, Cuba o Nicaragua, esa misma izquierda no tiene ningún problema en intervenir discursivamente —y sin pruebas judiciales concluyentes— en conflictos como Gaza, donde se habla de genocidio con una ligereza alarmante, sin esperar investigaciones formales, procesos judiciales completos o sentencias definitivas.
Ni siquiera los responsables del Holocausto fueron condenados sin juicio: los nazis pasaron por Núremberg. La justicia internacional, cuando es seria, no funciona por consignas ni por hashtags.
Con Nicolás Maduro ocurre algo similar pero en sentido inverso. Maduro debe ser juzgado, sí. Y como cualquier persona, se le presume inocencia hasta que un tribunal competente dicte sentencia. Ese principio no se negocia. Pero reconocer la presunción de inocencia no obliga a negar la realidad política: Nicolás Maduro es un dictador. Lo es hoy, como lo es el régimen cubano, como lo es el de Daniel Ortega en Nicaragua. Fingir que no lo son es una forma de negación ideológica.
En los últimos días, se ha visto a dirigentes y opinadores de extrema izquierda atrapados en una contradicción evidente. Algunos intentan legitimar el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para capturar a Maduro, mientras otros advierten —con razón— que ese precedente podría utilizarse mañana contra otros presidentes incómodos. Ambos argumentos pueden debatirse, pero lo que no se puede seguir haciendo es evadir el núcleo del problema: ¿por qué siguen defendiendo a Maduro?
Venezuela tiene millones de personas fuera de su territorio. La gente no abandona su país por capricho, no sueña con ser migrante ni solicitante de asilo. Eso ocurre cuando un Estado deja de garantizar condiciones mínimas de vida, seguridad, futuro y dignidad. Eso es la definición misma de un Estado fallido.
No afirmo —porque no tengo pruebas— que Venezuela haya sido “mal saqueada” en términos judiciales específicos. Pero sí es innegable que Venezuela es hoy un Estado fallido, como lo es Nicaragua, como lo es Cuba. Y cuando un Estado falla, alguien es responsable.
La izquierda radical ha caído en un círculo vicioso: defender a estos regímenes, legitimar su narrativa, buscar siempre un culpable externo y reducir todo a Estados Unidos. Todo es culpa del “imperio”, incluso cuando el daño es interno, estructural y evidente.
Nicolás Maduro tuvo todas las señales. Sabía que Donald Trump no era un presidente convencional, ni en el sentido diplomático ni en el democrático. La primera administración de Trump fue más tolerante de lo que muchos admiten, pero también dejó claro que no iba a actuar como Obama o Biden, más proclives al diálogo y a la contención.
Si Maduro hubiese tenido un mínimo de humanismo y sensatez democrática, no habría permitido un fraude electoral, no habría forzado procesos que hoy ni siquiera sus aliados pueden defender con argumentos sólidos. Lo que hoy se intenta legitimar no es un proyecto político: es un fraude probado en la práctica, aunque aún no juzgado en tribunales internacionales.
Aquí está el punto más incómodo:para una parte de la izquierda, Maduro no es un problema, es un símbolo. Como lo es el dictador impuesto por los Castro en Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez , como lo es Ortega, como lo son los regímenes de Corea del Norte o Irán cuando se autodefinen como “antioccidentales”.
No importa si reprimen, si encarcelan opositores, si empujan a su población al exilio. Mientras se declaren de izquierda o socialistas, reciben apoyo automático. Esa es la tragedia ideológica: la causa se volvió más importante que las personas.
Este extravío no es gratuito. Tiene consecuencias electorales y sociales muy concretas.
Chile es un ejemplo claro. La extrema derecha ha ganado terreno no solo por sus propios méritos, sino por la desconexión de una izquierda que parece más preocupada por Gaza que por los problemas cotidianos de los chilenos.
Mientras se movilizan con pasión por un conflicto lejano, ignoran las demandas sociales internas, la inseguridad, el desgaste institucional, la frustración ciudadana. Y peor aún: defienden a grupos y causas que, en algunos casos, nacieron del voto popular y derivaron en organizaciones terroristas, sin jamás cuestionar ese origen ni sus responsabilidades.
Esa incoherencia es percibida por la ciudadanía. Y cuando la gente percibe hipocresía, castiga en las urnas.
La izquierda no puede seguir en esta necedad ideológica. No puede seguir legitimando dictadores que no han aportado nada al bienestar social de sus pueblos, ni excusando el fracaso con discursos antiimperialistas reciclados.
Criticar a Estados Unidos es válido. Denunciar abusos internacionales es necesario.
Pero defender dictaduras por conveniencia ideológica es indefendible.
Si la izquierda quiere recuperar credibilidad, debe empezar por lo más básico:
romper con Maduro, romper con Ortega, romper con La Habana, y dejar de romantizar el autoritarismo cuando se disfraza de revolución.
Porque mientras no lo haga, seguirá caminando sin rumbo, atrapada en su propio laberinto moral, entregándole el poder —una y otra vez— a una extrema derecha que solo necesita una cosa para ganar: que la izquierda siga equivocándose.