Por Alessia Genoves
Salvador Sánchez Cerén fue presidente de El Salvador, y recibió la nacionalidad nicaragüense el 30 de septiembre de 2021. Hijos y nietos del ex-mandatario también recibieron una resolución favorable de la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua, otorgándoles la nacionalidad nicaragûense. El dato queda patente en La Gaceta – N.º 178 de éste viernes 23 de septiembre de 2022.
$350 millones de dólares es el monto estimado en pérdidas, por presuntos delitos de corrupción que acusan a Cerén, y a su administración presidencial. El mandatario fue naturalizado apenas dos años de la deposición de su cargo, cuando la Corte de Cuentas de la República (CCR) se consideró “incapaz de auditar la Partida de Gastos Reservados”, pues la presidencia no declaro los gastos. Hasta el pasado 23 de agosto, varios de sus funcionarios de administración, fueron llevados a prisión, acusados de extraer ilegalmente $183,860,715.02 dólares.
Familia y Nicaragua
Nicaragüense es el gentilicio que obedece a la naturalización del expresidente y de su familia. Particularmente, Salvador Sánchez Cerén recibió la nacionalidad desde el pasado 30 de julio del año 2021, tras una resolución favorable de La Gaceta del Diario Oficial, con referencia N.º 3273. El acta fue suscrita por el titular de la Dirección de Migración, Comandante Juan Emilio Rivas Benitez.
Claudia Lissette Sánchez Villalta, la esposa de Cerén, también fue nacionalizada, en virtud de dicha resolución; así como su pariente directo, Rosa Margarita Villalta y Claudia Lissette Sánchez Villalta. Otro de sus parentescos, Juan Carlos Guardado Sánchez, también fue notificado como naturalizado nicaragüense, en el mismo ejemplar de La Gaceta. Estos últimos responden a las resoluciones N.º 3274 y 3275, citados por ContraPunto El Salvador.
En última instancia el gobierno nicaragüense también otorgó la ciudadanía a los nietos, y sobrinos del exmandatario, Sánchez Cerén. Los beneficiados responden a los nombres de Dolores Ivett Sánchez Villalta y William Oswaldo Vaquero León; y de sus hijos Celeste Alessandra Vaquerano Sánchez y Salvador Leonardo Vaquerano Sánchez y William Manuel Vaquerano Sánchez, conforme a a resolución N.º Ext 003-2022, de la Dirección de Migración
Corrupción
$350 millones de dólares es el estimado en pérdidas que El Salvador reporta, al término de la administración del expresidente Sánchez Cerén. La cifra responde a una estimación aproximada divulgada por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, de los informes adquiridos por la Corte de Cuentas de la República
$183.46 millones dólares, del total estimado en pérdidas del gobierno de Cerén, no habían sido auditados por la Corte de Cuentas de la República (CCR), al declararse “incapaz de auditar la partida de gastos reservados”, de las cuentas de la presidencia, hasta el año 2019. La declaración respondería a que la presidencia de Cerén habría limitado los exámenes de auditoría a la Presidencia. Sin embargo, las recientes investigaciones de la FGR ampliarían las observaciones en el monto de pérdidas, cifra que ascendería a los $183,860,715.02 dólares.
18 empleados del gobierno salvadoreño participaron en la sustracción dineraria. En específico, los fondos tenían origen de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, y eran transferidos hacia 6 cuentas bancarias no autorizadas de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, según lo detalló el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la institución ha hecho pública la identidad de al menos 9 de los imputados.
$152,985,170.69 dólares del tesoro público fueron “retirados en efectivo”, tras la emisión de cheques. Éstos títulos valores beneficiarían a varios de los empleados, en concepto de “complementos salariales”. Uno de los responsables en la emisión de dichas transferencias era Jorge Antonio Revelo, quien ostentaba el cargo de jefe del Estado Mayor Presidencial, quien habría sido capturado en Panchimalco; y habría participado en los hechos porque, según la FGR, “gestionó pagos salariales complementarios para el Estado mayor sin cumplir los requisitos de Ley”.
