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lunes, 25 de octubre del 2021

Necesidad de enfrentar la crisis fiscal

Se intentó financiar el pago pendiente de las pensiones mediante la emisión de bonos, pero no se consiguió los votos necesarios; no se tení­a preparada una segunda opción.

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Se intentó financiar el pago pendiente de las pensiones mediante la emisión de bonos, pero no se consiguió los votos necesarios; no se tení­a preparada una segunda opción. Las empresas valuadoras de riesgo disminuyeron la calificación de los bonos gubernamentales; dichosamente el gobierno logró elaborar un paquete de transferencia de fondos, ya consignados en el Presupuesto 2017 para pagar esa deuda, aprovechando la oportunidad para ampliar el plazo de pago de los Certificados de Inversión de Pensiones de 25 a 50 años.

Efectivamente el problema de fondo es que los últimos cuatro gobiernos (dos de Arena y dos del FMLN han tratado de compensar la insuficiencia de los ingresos tributarios para financiar los gastos públicos crecientes.

Los gastos públicos ha sido crecientes principalmente por el hecho que los gobiernos mencionados han pretendido favorecer el mercado interno para que la actividad económica se recupere, pero también porque se ha mantenido una cultura del gasto establecida durante el gobierno de Cristiani (fortalecimiento de los programas sociales, salarios elevados de los funcionarios públicos, subsidios públicos, publicidad gubernamental exagerada, viajes y viáticos innecesarios de los altos ejecutivos, modernización de la administración pública, etc. ) que no corresponde con el hecho de que la economí­a sufre una crisis económica estructural desde hace veinte años y estamos en el perí­odo de recuperación de la crisis mundial de finales de 2008. Desde hace más de diez años he venido insistiendo que el aumento de salarios en el sector público realizado principalmente durante el gobierno de Cristiani, tení­a como objetivo equiparar dichas remuneraciones con las existentes en la gran empresa privada, de tal manera de atraer al sector público a personas con alto nivel profesional; cuando se inició la crisis económica estructural de la economí­a salvadoreña en la segunda mitad de la década de los noventa y además se puso en práctica la flexibilidad laboral en la polí­tica de personal de la empresa privada, se observó una disminución de los salarios en la empresa privada. Sin embargo en el sector público los salarios no disminuyeron, e incluso en algunos casos aumentaron. Es de reconocer el esfuerzo gubernamental por disminuir el gasto público, el cual fue de 17.1 % del PIB en el año 2015, bajando a 16.8 en 2016; no obstante, debe seguirse disminuyendo los subsidios gubernamentales (electricidad, transporte, agua, gas licuado) e incrementar la eficiencia en los programas sociales.

Los ingresos públicos son insuficientes porque la carga tributaria del paí­s es relativamente baja y la economí­a ha disminuido su tasa de crecimiento desde hace aproximadamente veinte años. Es necesario aumentar la carga tributaria (impuesto al patrimonio, impuestos selectivos al consumo suntuario, impuesto a la renta de las personas en los tramos más altos, impuesto selectivo al valor agregado). La gran empresa privada ha mantenido una campaña publicitaria desde hace más de quince años para que la población no acepte más impuestos, especialmente para que fracase la gestión gubernamental de la izquierda, pero la mayorí­a de ellos no invierten en el paí­s desde hace más de quince años.

Es imprescindible un acuerdo de nación para disminuir gastos y aumentar los impuestos. Esto podrí­a mejorar la calificación de la deuda gubernamental, lograr colocar bonos a tasas de interés no tan onerosas, como medida transitoria hasta que se logren los ingresos esperados; tomando en cuenta que el nivel de la deuda de aproximadamente 60 % del PIB no es una limitante en la actualidad, no obstante que es la más grande en Centroamérica.

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Santiago Ruiz
Columnista Contrapunto
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