Por Alonso Rosales
La guerra contra las drogas impulsada por el Gobierno de Donald Trump, marcada recientemente por ataques con drones contra embarcaciones sospechosas de transportar cocaína hacia Estados Unidos, ocurre en un contexto mucho más complejo y peligroso de lo que aparenta. Mientras Washington apunta al tráfico marítimo, en el corazón de Sudamérica se consolida un fenómeno silencioso pero devastador: la fusión entre el narcotráfico y la minería ilegal de oro.
Este nuevo eje criminal, conocido como narco-minería, está transformando la economía ilícita en la región amazónica y multiplicando el poder de las organizaciones criminales, especialmente en Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela.
Perú: del coca-negocio al oro ilegal
Durante décadas, Colombia fue el epicentro indiscutible del cultivo de coca en Sudamérica. Sin embargo, en los últimos años Perú ha experimentado un crecimiento explosivo en la producción de cocaína. Según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, el país produjo más de 800 toneladas de cocaína el año pasado.
Pero la coca ya no es el único motor económico del crimen organizado. En julio, el entonces canciller peruano Elmer Schialer reconoció que la economía del oro ilegal en Perú es siete veces mayor que el comercio de cocaína, una cifra que ilustra el enorme atractivo de este mineral para las mafias.
A diferencia de la droga, ilegal desde el cultivo hasta la venta final, el oro extraído ilícitamente puede ser blanqueado con facilidad: una vez refinado, es prácticamente imposible rastrear su origen. Esta ventaja ha convertido a la minería ilegal en un refugio financiero ideal para lavar dinero del narcotráfico.
Ucayali y la nueva frontera criminal
El cultivo de coca en Perú se ha desplazado desde zonas montañosas tradicionales hacia las tierras bajas amazónicas. La región de Ucayali, fronteriza con Brasil y Colombia, registra el mayor incremento de cultivos ilícitos, pistas de aterrizaje clandestinas y rutas de salida de droga, según un informe de Amazon Watch elaborado por el exdirector de Devida, Ricardo Soberón.
Una investigación del medio ambiental Mongabay identificó 128 pistas de aterrizaje ilegales abiertas en la selva peruana, muchas de ellas rodeadas de plantaciones de coca. Estas infraestructuras no solo facilitan el tráfico de drogas, sino también el transporte de oro ilegal.
La pandemia como catalizador
La pandemia de covid-19 aceleró este proceso. Según el especialista en crimen organizado amazónico Dan Collyns, el confinamiento debilitó la presencia estatal en zonas remotas, permitiendo a los grupos criminales expandir su control territorial.
Al mismo tiempo, más del 70 % de la población peruana, que depende de la economía informal, quedó sin ingresos y fue empujada hacia actividades ilegales como la minería informal y el cultivo de coca.
Carteles, guerrillas y mafias transnacionales
El fenómeno no es exclusivo de Perú. A lo largo de la frontera amazónica con Colombia, disidentes de las FARC controlan cultivos de coca y rutas de distribución. En la extensa frontera con Brasil, el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de ese país, se ha consolidado como actor dominante.
Según la periodista de investigación Pamela Huerta, el grupo brasileño no solo gestiona cultivos ilícitos en Ucayali, sino que controla operaciones mineras y sistemas de “seguridad” en Madre de Dios, una de las regiones más devastadas por la minería ilegal.
El exministro del Interior peruano Rubén Vargas advierte que el Comando Vermelho ha logrado articular ambos negocios —coca y oro— para dominar rutas, centros de producción y mercados emergentes, alimentando lo que describe como el peor aumento de la criminalidad en la historia del Perú.
Venezuela: el Arco Minero y el colapso institucional
Más al norte, el sur de Venezuela se ha convertido en otro epicentro de la narco-minería. El International Crisis Group estima que más del 30 % de los sitios de minería ilegal en la cuenca amazónica se encuentran hoy en Venezuela, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar.
Allí, bandas colombianas, grupos guerrilleros y organizaciones criminales venezolanas operan con frecuencia bajo la mirada complaciente —o cómplice— de sectores corruptos del Estado. En algunos casos, miembros de las fuerzas armadas controlan directamente los yacimientos para su beneficio personal.
Las rutas del narcotráfico atraviesan la misma selva remota utilizada para extraer oro, y las ganancias de la cocaína terminan invertidas en la industria minera ilegal, cerrando el círculo del lavado de dinero.
Violencia, corrupción y devastación ambiental
Ecuador también ha registrado un aumento de la violencia asociada a minas ilegales en su frontera con Perú. En zonas como La Pampa, una banda conocida como Guardianes de la Trocha ha impuesto un régimen de terror mediante extorsión y asesinatos. Las autoridades sospechan que fosas comunes podrían albergar los cuerpos de más de cien personas.
Mientras tanto, los esfuerzos estatales son fragmentarios. Aunque el Ministerio del Interior de Perú afirma haber erradicado 27.000 hectáreas de coca en nueve meses, estas acciones suelen desplazar el problema hacia zonas más remotas, acelerando la deforestación.
Las consecuencias son devastadoras: ríos contaminados con mercurio, pérdida irreversible de biodiversidad y la destrucción del modo de vida de comunidades indígenas ancestrales.
Un problema político y global
La crisis se ve agravada por la inestabilidad política y la corrupción. Perú ha tenido más de una docena de ministros del Interior en cinco años, mientras sectores del Congreso favorecen abiertamente la minería ilegal de oro.
Parte de los ingresos de este negocio ilícito ya fluye hacia la política nacional de cara a las elecciones, contaminando aún más la respuesta estatal. Al mismo tiempo, como señala Vargas, la lucha contra las drogas ha sido abandonada en los principales mercados consumidores, especialmente Europa y Brasil.
El resultado es un escenario ideal para que las organizaciones criminales transnacionales consoliden su poder.