Por: Alessia Genoves
Títulos inmobiliarios y garantías sociales para el sostenimiento del trabajo productivo y soberanía alimentaria han sido demandas reiteradas en la propuesta de Ley para el Acceso y Títulos de Propiedad e Inmuebles para Mujeres, de la Mesa de Mujeres Suelo y Tierra. Con el recurso se pretende otorgar herramientas productivas a cerca de 100 mil mujeres campesinas, para sustentar sus necesidades básicas.
La propuesta responde a la premisa de reconocer “a las mujeres rurales como productoras agropecuarias”; así como a la valorización de sus aportes en “labores productivas que desempeñan y que contribuyen a la mejora de las condiciones de vida en el área rural”.
Apenas el 13.21% (43,895) de la producción agropecuaria está a manos de mujeres, del total de 332,285 personas dedicadas al sector primario de la economía. Sin embargo, cerca de 269 mil personas están dedicadas a la agricultura, actividad a la que el más del 68.12% de mujeres se dedican, según lo constata la última Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples (EHPM-2020), de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), del Ministerio de Economía (MINEC).
Las condiciones actuales, sin embargo, son el resultado del decrecimiento de trabajadores tras la pandemia del covid19. El anterior informe hacía constar al menos un total de 52,733 mujeres dedicadas a las actividades agropecuarias y de 24,200 dedicadas a laborares agrícolas; es decir, hubo, hasta el año pasado, un decrecimiento del 16.75%, del total de mujeres agropecuarias.
“Como Mesa de Mujeres Suelo y Tierra creemos que el trabajo de las mujeres rurales es importante en la lucha contra la pobreza estructural y el hambre. El acceso y la propiedad de la tierra es fundamental para resolver ese histórico problema económico-social. Además creemos que si las mujeres son propietarias de tierras contribuyen a la sostenibilidad de la economía familiar y nacional, con soberanía alimentaria”, establece la gremial.
La gremial está representada por diez organizaciones representantes de mujeres rurales, que integran instituciones sociales como la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Red de Mujeres, la Fundación de Mujeres de Suchitoto, entre otras. Y, según lo sostienen, los programas sociales han beneficiado principalmente a los productores masculinos, pese a que representan cerca del 77% de la producción.
A la fecha, las activistas no han reconocido programas sociales que satisfagan la labor de las productoras, por lo que la representante de la Colectiva Feminista, Marivel Ayala, destaca la importancia de la nueva propuesta: “Esta lucha que ha sido histórica, y que se nos ha negado en la historia. Que ha pasado en gobiernos nacionales, y que nos han in-visibilizado Es hora de que nosotras, como mujeres, tengamos ese acceso, que a nosotras como mujeres tanto necesitamos y tanto nos corresponde”.
Para la activista de la Mesa, María Menjivar, el recurso responde a la ausencia de una normativa jurídica que reconozca el trabajo, y el acceso de prestaciones, en favor a las mujeres agrupecuarias. Por el contrario, las reformas surgidas en los años 80’s, y tras la firma de los Acuerdos de Paz, no lo subsanaron. Por ello sostiene que “la tierra nunca se ha visto como derecho para las mujeres, sino como un derecho para los hombres”; y que, “en ésta fecha, este derecho que se nos ha sido negado”.
Para Ayala, “tener acceso y títulos de propiedad” podría incrementar los margenes de beneficios que hasta ahora abastecen a cerca del 13% de las mujeres que son propietarias de sus tierras.
Las activistas demandaron al Estado el reconocimiento de las necesidades y potencialidades de las mujeres rurales, y el de su participación política; asimismo, demandaron apoyo y respaldo al nuevo proyecto de ley, a las organizaciones internacionales. También, instaron a las organizaciones feministas y a las trabajadoras agropecuarias a participar en la propuesta de ley, y en las demandas en favor de su trabajo.
