Por Alessia Genoves
Moody’s Investors Services sostiene que la reducción de homicidios en El Salvador estimulará la inversión. Ésta aseveración la comparte el analista de la agencia de calificación de riesgos, Jaime Reuche a la revista económica Bloomberg. No obstante, la agencia reserva una proyección en la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) al 1.7%; y una calificación de riesgo alto riesgo crediticio: Caa3 estable.
Reuche sostiene que “el principal problema económico en la economía de El Salvador es ciertamente la falta de inversión”. Asegura, al mismo tiempo, que “si la situación de seguridad se traduce en una mayor inversión, eso sin duda podría cambiar las reglas del juego para la economía”, según lo indicó a Bloomberg.
ContraPunto ha constatado que la tendencia en la reducción de homicidios remarca una contracción del 79%, hasta el cierre del año fiscal 2022, en comparación con los registros de homicidios del año 2019. Y, obedeciendo a la lógica de Reuche, el Banco Central de Reserva (BCR) ha registrado un incremento en la recepción de la Inversión Extranjera Directa (IED), de hasta $41,785 millones de dólares al término del año fiscal 2021; superando los $40,696 millones de dólares del año 2021. Y sólo hasta el tercer trimestre de 2022, la recepción ha sido de $31,348 millones de dólares.
Menos delincuencia: más pros que contras
307 días sin homicidios ha identificado el criminólogo salvadoreño, Ricardo Sosa, durante la administración del presidente Bukele. El experto en seguridad identifica que las cifras oficiales de “homicidios se reducen 79.3% en el comparativo interanual febrero 2023”, tal y como lo titula en su último análisis compartido a ContraPunto.
“El Salvador mantiene una clara tendencia a la baja en violencia homicida a partir de junio del 2019 que el gabinete se seguridad impulsa su estrategia denominada «Plan Control Territorial» (PCT) Al finalizar tres semanas completas del segundo mes del año 2023 se registra una disminución de – 79.3% en relación al comparativo criminológico interanual”, detalla el criminólogo.
Reuche reconoce que de los resultados oficiales hay “evidencia anecdótica significativa”, en la contención el crimen de El Salvador. Condiciones como las descritas por Reuche podrían elevar la inversión extranjera, tendencias que continúan hasta la fecha, según autoridades del Gabinete de Seguridad, con la implementación de políticas públicas como el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales; y el Plan Control Territorial (PCT), que continúa vigente con su IV fase.
37 días sin homicidios se enumeran desde el 1 de enero al 19 de febrero del año 2023. En paralelo, la PNC apenes identifica 23 homicidios reportados, una cifra que es inferior a los 135 concurridos durante el mismo período del año 2022. Por otra parte, la cifra fechada del año 2022 es aún inferior a los 203 homicidios concurridos en el mismo período del año 2021; y aún lo es más respecto a los 446 del año 2019.
Bloomberg, por otra parte, no omite referirse a que la política de seguridad es avalada por la población salvadoreña. Ésta realidad queda patente en múltiples estudios de opinión pública relacionados, como los de Cid Gallup y los de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), que consignan un apoyo popular del 95% y del 88.9%, respectivamente. No obstante, el medio especializado en noticias de coyuntura económica también habla de las antipatías, principalmente de una proporción residual a los disidentes, que han tramitado denuncias formales en contra del Estado, en el contexto del Régimen.
4,071 denuncias han sido procesadas por 7 distintas organizaciones sociales, ante la Comisión Contra la Tortura (Cat), de la Organización de Naciones Unidas (Onu); y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), ante las presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante el Régimen de Excepción. ContraPunto, por su parte, ha identificado que las denuncias incrementan en proporción -con un total de 8 organizaciones- consignando una cifra de 5,907 presuntas denuncias.
Entre las organizaciones, es posible enumerar a la Fundación Cristosal, a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad); al Servicio Social Pasionista (Sspas); y hasta la organización Socorro Jurídico Humanitario. Y es necesario aclarar que cerca del 80% de las denuncias -omitiendo al caso de la última organización mencionada-, responden a presuntas detenciones arbitrarias. De hecho, de los 64,512 detenidos, se hace una sustracción de 3,313 personas liberadas hasta la primera semana del mes de enero de 2023.
Más Inversión
Reuche comunica a Bloomberg tendencia decreciente en los registros de homicidios, y delincuencia organizada, “podría alentar a las empresas locales a impulsar la inversión”. Los hechos han sido evidentes en el ramo de turismo, que incrementó sus haberes a los $2,600 millones de dólares al cierre del año fiscal 2022; con un aporte de al menos 2,5 millones visitantes del exterior. Sólo al término del tercer trimestre del año 2022, el crecimiento del PIB se percibió en un 2.2%, según el BCR.
Como lo ha informado ContraPunto, el registro de ingresos dinerarios de la IED no ha sido mayor a los $41,784 millones de dólares hasta el año fiscal 2021, de acuerdo con los registros más actualizados del BCR. La cifra es superior a los $40,696 millones de dólares registrados en el término del año 2020; como también lo es a los $39,964 millones de dólares registrados al término del año fiscal 2019.
Por otra parte, otros $31,348 millones de dólares han sido acumulados de la recaudación de la IED hasta el tercer trimestre del año 2022. Ello indica que la cuantificación oficial de los aportes extranjeros no ha concluido aún; por lo cual, no se puede concluir si en el año 2022 hubo un incremento o un decrecimiento en las IED.
Bloomberg, por otra parte, también reconoce el pago de la Deuda a Corto Plazo, con vencimiento hasta enero de 2023. El fondo de lo solicitado respondía a un préstamo de $800 millones de dólares, más intereses. El gobierno del presidente Bukele emitió títulos valores, con la serie EuroSv2023, hasta el pasado 24 de enero; con la que consiguió la capitalización de ingresos de $432,590,000 en dos eventos de venta, según lo constata la facturación de la agencia financiera “Hercorp, S.A de C.V Casa de Corredores de Bolsa”, a la que accedió ContraPunto.
Pero lo que no se menciona en el artículo es que había una diferencia de $640 millones de dólares, respecto al saldo obtenido de la capitalización de bonos. ContraPunto, por otra parte, hizo notar que la Asamblea Legislativa aprobó, en diciembre de 2022, aprobó una designación de $1,139,394,210 dólares para la emisión de Títulos Valores en Créditos, para el pago de la deuda a corto plazo. El objetivo consignado era el de “gestionar la obtención de recursos”, con el fin de “ser colocados indistintamente en el Mercado Nacional o Internacional o bien por medio de la contratación de préstamos”.
Indica, en consecuencia, que El Salvador habría incurrido en los fondos acumulados por los préstamos de terceros, que fueron colocados en el Presupuesto General del Ejercicio Fiscal 2023. No así, ésta hecho se habría concretado en el saldo de una segunda deuda a corto plazo, para la que se consiguió la venta de $198,984,000 dólares en títulos valores, nominados en la serie NotaSv2025 –que rindieron el 74.33%- por préstamos asumidos en 2012 de otros $800 millones de dólares. Por tanto, ContraPunto estima una diferencia aproximada de $601,016,000 dólares para concretar la deuda.
Riesgos
15 puntos es el valor adquirido por El Salvador, en los Índices de los Bonos de los Mercados Emergentes (Embi). El resultado, que es la relación entre los bonos locales y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, es el más alto de Centro América; no obstante, ha demostrado una contracción respecto de la calificación atribuida por la empresa JP Morgan en junio de 2022, que era de 28 puntos.
Otras calificadoras aún definen a El Salvador como el país con mayor riesgo financiero de la región. Standard And Poor`s (SP500) han consignado al país una clasificación CCC+. En último término, la agencia Moody´s Investor Services ha consignado al país una calificación de Caa3 Estable. Estas evaluaciones contratan con las del resto de países centroamericanos hispanohablantes; cuyas calificaciones no son superiores a B+ (estable); ni inferiores a BBB+ (negativo, según SP500).
Entretanto, El Salvador acumula una deuda pública de $23 millones de dólares, que según el BCR representa el 80.5% del PIB. Aunque éste dato corresponde al saldo acumulado hasta el mes de marzo de 2022, se afirma que ésta habría crecido hasta el 5.5% respecto al mismo período del año anterior. Hasta esa fecha, de hecho, el 80% de la deuda heredada provenía de los préstamos incurridos por los gobiernos predecesores (ARENA y FMLN).
