Por: Alessia Genoves
Una reducción en la calidad de las condiciones laborales y sociales sobre personas de la diversidad sexual y genérica ha sido el principal impacto que se prolonga tras la activación de políticas sanitarias para la contención del virus del covid19 en El Salvador, según así lo afirman organizaciones sociales como el Colectivo Alejandrías, Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (COMCAVIS Trans El Salvador) y el Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica, AMATE El Salvador.
Esta prevalencia es sustentada por más de seis estudios de organizaciones sociales para la defensa de los derechos de personas de diversidad sexual en El Salvador. Según lo destacan, la prevalencia sobre las condiciones sanitarias han desplazado a más del 22% de los afectados, a la interrupción parcial o total de las actividades de trabajo.
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“Investigaciones que se han realizado después de la Pandemia del Covi19, y que se siguen realizando y que están en el proceso de realizarse, también, nos arrojan datos de la situación laboral, que ya de por sí era precaria para la población LGBTI, que ha sido una de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ahora se ha agravado aún más después de la Pandemia”, afirmó la titular del Colectivo Alejandrías, Carla Guevara.
Esta realidad se ve reflejada en investigaciones como la titulada “Impacto Socioeconómico de las Mujeres Trans durante la cuarentena de la Pandemia del COVID19 en El Salvador”, por el Colectivo Alejandría; así como los informes titulados “Las Vidas Trans en Tiempos de Pandemia” y el informe “Paren de Matarnos” del Centro de Estudios de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), elaborados por la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano de El Salvador (ASPIDH) Arcoíris Trans. En su contexto, también se destaca el informe “Huir y Sobrevivir. Una mirada de la situación en El Salvador de las personas LGBTI desplazadas internas y los riesgos que enfrentan”, elaborada por Comcavis Trans.
Según lo testifican los activistas, las afectaciones a personas LGBTI fueron más evidentes en las formas de trabajo informal, en las que condiciones como la restricción a los derechos desplazamiento, las cuarentenas y la ausencia del transporte público limitaron el intercambio de bienes y servicio.
“Es importante contextualizar que la situación laboral de las personas LGBTI, previo a la pandemia por le covid19, sigue siendo preocupante, y siguen habiendo altas tasas de desempleo y de desigualdad para poder acceder a la misma”, estableció la representante de Comcavis, Amalia Leiva.
Esta realidad ha sido tomada en cuanta por la más reciente investigación del Colectivo Alejandrías, en la que no descarta despidos, interrupciones parciales de las actividades de trabajo y reducciones en las prestaciones laborales de las personas dedicadas al trabajo formal. Según los datos, al menos un 17% de una población representativa de mujeres trans gozaba de un empleo formal; mientras que el 32% declararon dedicarse al comercio y el 11% en su propio negocio.
Esta situación se vio agravada por la pérdida de la capacidad adquisitiva de las personas de diversidad sexual. Al cierre del año 2020, más del 70% de las usuarias de ASPIDH declararon no haber tenido ingresos económicos durante la pandmia.
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“Si bien, el Estado Salvadoreño se enfrentó a una situación en dónde todas las personas estaban en proceso de perder sus empleos, etcétera, muchas de estas personas tienen la posibilidad de volver a buscar empleo, de tratar de generar ingresos. Pero, en el caso de las personas LGBTI, pues, se vuelve algo bien difícil”, establece el representante de AMATE, Gonzalo Montano..
Sólo durante el año 2019, un total de 21,409 empleos formales fueron suspendidos por órdenes de despidos, tanto en sectores formales como informales. A esta cifra se añadirían al menos 130,226 contratos laborales suspendidos, en el contexto de la cuarentena por covid19, hasta finales del mes de junio, identificados por la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) y por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), en su informe titulado “Balance de Casos de Vulneración de Derechos Laborales en el Marco de la Pandemia por COVID-.19”.
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“El Estado es el responsable de garantizar el empleo a la población en general, y específicamente a la población LGBTI, un empleo digno, un empleo donde se puedan garantizar la sostenibilidad de la vida. Y, en esa medida, creo que es bien necesario que entremos a poner responsabilidades en actores claves”, destacó Montano, refiriéndose a que el Gobierno debe garantizar las normas y leyes necesarias para garantizar la apertura al empleo formal de personas lgbt.
De acuerdo con Guevara, las condiciones de trabajo y el acceso a prestaciones formales se ven reducidas a más del 50% de la población de mujeres trans el país. Sólo al cierre del año 2020, ASPIDH evidenció, en su último informe, que menos del 20% de las mujeres trans son tienen seguro social y pensiones.
“¿Qué va a pasar con estas personas que nunca tuvieron acceso a un trabajo formal, cuando ya entren a la tercera edad, las personas LGBTI? Sabemos que la esperanza de vida de la población trans es de 35 años; pero tenemos población que sobrepasa esa edad, y que están llegan a ser adultos mayores?. ¿Quiénes van a cuidar a esta gente que no tuvo nunca un ahorro de previsión, y que pueda tener de alguna manera una pensión mínima básica, para su supervivencia, porque ni siquiera llega a su sobre-vivencia?”, cuestionó Guevara.
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