Caso de la mujer asesinada por soldado en el Centro Histórico de San Salvador

Redacción ContraPunto

El jueves 6 de noviembre de 2025, en el Centro Histórico de San Salvador, frente al Palacio Nacional de El Salvador sobre la Avenida Cuscatlán, ocurrió un lamentable suceso: una mujer de 32 años, identificada como Jessica Solís, originaria de Nueva Concepción en el departamento de Chalatenango, murió a causa de un disparo de arma de fuego.

El presunto responsable es un soldado de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), identificado como Dermán Fernando Jorge Benítez, quien estaba destacado en esa zona. Se alega que accionó su arma de fuego de forma accidental, impactando a la víctima, y fue detenido por el delito de homicidio culposo.

La institución militar ofreció una compensación de 200 000 dólares para la familia de Jessica como “muestra de solidaridad y responsabilidad institucional”.

Contexto y repercusiones

• La víctima se encontraba con su hermana en la zona centro, aparentemente haciendo compras de medicamentos para una persona de su familia.
• La muerte ocurrió en un área altamente vigilada, considerada “recuperada” para el turismo y actividades comerciales, lo que añade sorpresa y alarma al incidente.
• La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) ha clasificado el hecho como homicidio culposo, es decir, sin intención deliberada de matar, ya que según su informe el disparo fue accidental.

Impacto humano

La madre de Jessica, Marí­a Josefina Castro, expresó su dolor profundo al enterarse del fallecimiento de su hija. Según el relato, la joven era “hogareña, dedicada y obediente”.

En la zona del suceso, los comerciantes y transeúntes se muestran consternados y cuestionan cómo pudo ocurrir algo así en pleno centro. Además, se instaló un pequeño altar con flores y fotografías de Jessica, aunque fue removido por seguridad municipal poco tiempo después.

Aspectos criticos

• Aunque las autoridades sostienen que fue un accidente, algunos observadores y ciudadanos plantean preguntas sobre los protocolos de seguridad, la manipulación de armas por personal militar en zonas civiles y la vigilancia existente en el centro histórico.
• La compensación económica ofrecida por la FAES, aunque significativa, no atenúa el hecho de que una vida se perdió. Se abre el debate sobre responsabilidades institucionales, la rendición de cuentas y la prevención de sucesos similares en el futuro.
• La clasificación como homicidio culposo en vez de homicidio intencional significa que el proceso judicial contemplará los factores de negligencia o imprudencia, y no necesariamente una intención deliberada de matar. Según el artículo 132 del Código Penal salvadoreño, el homicidio culposo conlleva una pena de dos a cuatro años de prisión.

Este caso pone en evidencia que, aún en zonas consideradas “seguras”, la ocurrencia de tragedias es posible y genera heridas abiertas en la comunidad.

Para la familia de Jessica, lo ocurrido es irreparable: la vida de un ser querido se fue por un disparo que, según la versión oficial, pudo haberse evitado. Para la sociedad, la pregunta sigue siendo: ¿cómo asegurar que el uso de armas y la presencia militar o policial en espacios públicos no terminen en daños colaterales?

El desafío ahora es que la investigación sea transparente, la justicia sea aplicada de manera rigurosa y que las instituciones asuman su responsabilidad para reparar, al menos parcialmente, el daño.