Crédito France 24
Por Alonso Rosales
El Gobierno de México anunció este 9 de julio que interpondrá denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de al menos 17 connacionales vinculadas a acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un caso que ha generado fuerte tensión diplomática y cuestionamientos sobre el trato a migrantes.
Entre los hechos más recientes destaca la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un obrero mexicano de 52 años que fue baleado el pasado 7 de julio en Houston, Texas, durante un operativo migratorio. Según autoridades estadounidenses, el hombre habría intentado embestir a los agentes con su vehículo, lo que provocó que uno de ellos disparara en “defensa propia”. No obstante, hasta el momento no se han divulgado pruebas que respalden esa versión, como los videos de las cámaras corporales.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no permanecerá indiferente ante estos hechos. “No podemos hacer la vista gorda ante los mexicanos que han muerto”, declaró, al confirmar que se tomarán medidas jurídicas tanto en territorio estadounidense como en instancias internacionales.
Por su parte, el canciller Roberto Velasco detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias formales ante el Departamento de Justicia de EE. UU. y fiscalías estatales. Además, se emprenderán acciones civiles contra empresas privadas que administran centros de detención migratoria, señaladas por presuntas violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con cifras oficiales, 14 de los fallecimientos ocurrieron dentro de centros de detención, mientras que tres se registraron durante operativos. El caso de Salgado ha provocado indignación, especialmente tras conocerse que residía desde hacía más de tres décadas en Estados Unidos y se dirigía a su trabajo al momento del incidente.
Organizaciones no gubernamentales defensoras de migrantes han condenado enérgicamente lo ocurrido. Amnistía Internacional y Human Rights Watch, junto a colectivos locales en Estados Unidos, han señalado que existe un patrón preocupante de uso excesivo de la fuerza y falta de transparencia en las operaciones del ICE. Estas organizaciones exigen investigaciones independientes, acceso público a las pruebas y una revisión integral de las políticas migratorias que, según advierten, “criminalizan la migración y ponen en riesgo vidas humanas”.
Asimismo, activistas han denunciado condiciones precarias en los centros de detención, incluyendo hacinamiento, negligencia médica y abusos sistemáticos. En ese contexto, el Gobierno mexicano también anunció que solicitará medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, encabezada por Volker Türk.
Mientras tanto, la familia de Lorenzo Salgado continúa exigiendo justicia. “No merecía morir ni ser reducido a un titular”, expresó uno de sus hijos durante una vigilia en Houston, donde cientos de personas se manifestaron contra las políticas migratorias y el accionar del ICE.
El Gobierno de México aseguró que mantendrá el diálogo con autoridades estadounidenses, pero dejó claro que este caso será tratado como una prioridad nacional, marcando un posible punto de inflexión en la relación bilateral en materia migratoria.
Fuentes: AP, EFE y Reuters