Por: Alessia Genoves


La aprobación de propuestas por una Ley de Identidad de Género y por una Ley por la Igualdad y la no Discriminación han sido reiteradas por organizaciones sociales de diversidad sexual y genérica. La demanda responde a la ausencia de garantías legales que formalicen el derecho a la identidad de género para personas transgénero y transexuales, y la no discriminación hacia sectores sociales “históricamente excluidas”.

En memoria de los más de medio centenar asesinatos de personas sexo-diversas registrados desde los últimos 28 años, la Federación Salvadoreña LGBT demandó a las autoridades la investigación y la judicialización de los casos; así como la aplicación de la jurisprudencia penal en respuesta de la violencia y de asesinatos motivados por odio.

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Justicia: +600 Asesinatos

En conmemoración del Día Internacional por la Memoria Trans, organizaciones y activistas salvadoreñas rindieron homenaje a la memoria personas sexo-diversas, principalmente a la de hombres y de mujeres trans que perdieron la vida, a manos de la violencia, de la exclusión social y de la pandemia global de covid19.

Según declaran: “conmemoramos el Día Internacional de la Memoria Trans. Este día está dedicado a todas las personas trans que han sido víctimas de violencia impulsada por la transfobia y la falta de leyes que garanticen el respeto hacia las vidas e integridad de las personas trans”.

Más de 600 asesinatos contra personas LGBT han sido documentados por organizaciones LGBT. Desde el año 1993, los registros fueron iniciados por la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) Arcoíris. A la fecha la Federación suma más de 76 casos; 43 de los cuales corresponden a hombres y a mujeres trans.

Durante los últimos tres años, el registro es mayor a los 20 casos de asesinatos reportados; siendo el año 2019 el que reportó el 50% de los casos. El curso de la pandemia covid sólo restó 2 casos, con diferencia del año anterior; y, en lo que va del año, ContraPunto registra al menos 5 muertes trans a causa de la violencia.

Pero, pese a que el curso de la pandemia contrajo la actividad delictiva contra personas trans, “se evidenció la pobreza y la exclusión social que pesa sobre las personas trans, siendo de las poblaciones más afectadas debido a que la principal fuente de subsistencia es el trabajo por cuenta propia y causa de las restricciones de circulación quedaron fuera de las economías formales y en total des-protección”, añade la federación.

Otros factores de des-protección social también se devienen a la ausencia de respuesta penal para las más de 600 personas asesinadas. “La mayoría de los hechos violatorios descritos adolecen de altos niveles impunidad, puesto que aun cuando en ocasiones son llevados a los tribunales, las víctimas directas y sus familias no reciben pronta y cumplida justicia, ni son tratadas con dignidad”, lamenta la federación.

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Y, aunque hasta diciembre del año pasado, las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) declararon la oficialización de un “Protocolo de Actuación para la Investigación de Delitos Agravados por Motivos de Odio a la Identidad y Expresión de Género o la Orientación Sexual”, los activistas reiteran demandan “aplicar los artículos 129 y 155 del Código Penal en los casos de homicidios y violencia contra personas LGBTIQ+”.

La jurisdicción penal refiere a una pena máxima de 50 a 60 años de prisión, a los delitos de homicidio agravado “cuando fuere motivado por odio racial, religioso, político, a la identidad y expresión de género o a la orientación sexual” (núm. 11, art. 129). Asimismo, imputan de 2 a 5 años la coacción violenta y las amenazas, cuando fueren, también, “motivado por odio racial, religioso, político, a la identidad y expresión de género o a la orientación sexual” (núm. 5, art. 155).

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Hasta la fecha, sólo los asesinatos contra las mujeres trans, Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez recibieron una respuesta favorable por el sistema judicial. Los perpetradores del crimen de la llamada “Masacre de San Luis Talpa” (2017), recibieron penas de 60 a 66 años de prisión, de acuerdo con el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca.

Las personas formaban parte de una estructura terrorista, uno de los grupos demográficos con mayor incidencia delictiva contra personas LGBT, según los reportes “Basta de Genocidios Trans”, de ASPIDH; y “Huir para Sobrevivir”, de la Organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (Comcavis).

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Otra hecho de violencia culminó en la judicialización de tres agentes del Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, las penas fueron de al menos de 20 años de prisión. La víctima respondía al nombre de Camila Díaz Córdova, una mujer transexual que fue arrojada de un vehículo, y cuyo acto produjo el arrastre de su cuerpo, con heridas que le produjeron su muerte.

Reiteran Ley de Identidad y No Discriminación

Más de 13 años han transcurrido desde que las organizaciones sociales demandan a la Asamblea Legislativa la aprobación de una normativa secundaria que regule el derecho a la identidad de las personas transgénero y transexuales. Más de nueve meses han transcurrido desde que representantes de sectores sociales “históricamente excluidos” llevaron al congreso la Ley Especial por la Igualdad y la No Discriminación.

Imágen: FSLGB

La discusión parlamentaria trascendió hasta la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, pero sin resultados favorables. Celebrada hasta el 23 de marzo, y propiciada por los Grupos Parlamentarios de ARENA y del FMLN, la discusión llegó a su fin. Hasta el 14 de mayo, el grupo parlamentario de Nuevas Ideas envió a archivo las propuestas, más otras 28 iniciativas de ley, tras considerarlas “obsoletas, y no acordes a la realidad nacional”, en palabras de la representante Lorena Fuentes.

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El Proyecto de Ley de Identidad de Género fue fruto de años de trabajo y diálogo entre liderazgos de personas trans, que consensuaron una propuesta que permitiera el reconocimiento del derecho a un nombre que identifique a las personas trans en sus documentos de identificación”, lamenta la federación.

Tres días transcurrieron para que una atestada marcha de activistas y simpatizantes LGBT marcharan hacia el congreso, para demandar una respuesta ante las decisiones legislativas. Extendieron un comunicado para solicitar “audiencia para buscar alternativas que permitan retomar la Ley de Identidad de Género y demás normativas”, expresó la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, que capitaliza la demanda.

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Aunque no recibieron respuesta, re-adecuaron la propuesta. Presentaron el nuevo recurso ante el congreso, que fue recibido por la diputada del FMLN, Anabel Belloso; y la representación del diputado de ARENA, Jhony Wright. Los asambleístas contrariaron el discurso del partido oficial, al definir que las propuestas “sí son acordes a la realidad nacional”.

Recordemos los nombres, las realidades y las omisiones del Estado, porque de forma valiente e incansable las personas trans han luchado de forma constante por vivir siendo quienes son y este es un legado que debe ser reconocido por todos, todas y todes”, motiva éste mensaje a la reflexión, la Federación.

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