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Redacción ContraPunto
El centro penitenciario tendrá capacidad para 1,339 personas, una inversión superior a los $210 millones y estaría terminado en mayo de 2027. El proyecto busca descongestionar las estaciones policiales y convertirse en referente de infraestructura carcelaria en Colombia.
Medellín, Colombia. La ciudad de Medellín avanza en la construcción de su primera megacárcel, un complejo penitenciario con capacidad para 1,339 personas que, de acuerdo con el calendario oficial, estará terminado en mayo de 2027. La obra se desarrolla en medio del debate regional sobre las políticas de seguridad y el modelo de grandes centros penitenciarios impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
El proyecto se construye en el sector de San Cristóbal, en el noroeste de Medellín, y representa una inversión superior a los 675,000 millones de pesos colombianos, equivalentes aproximadamente a 210 millones de dólares.
Según información difundida por la Agencia EFE, la obra registra un avance del 47 %. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió la construcción y aseguró que el objetivo es impedir que las personas detenidas continúen delinquiendo desde espacios de reclusión temporal.
“Vamos viento en popa: 47 % de avance de construcción de obra de la Megacárcel Metropolitana de Medellín. Aquí los criminales van a estar realmente pagando cárcel, no por ahí extorsionando a la gente”, afirmó el funcionario.
La infraestructura estará distribuida en seis pabellones. Cinco tendrán capacidad para albergar a 240 internos cada uno, mientras que el sexto contará con espacio para 139 personas.
Este último pabellón incluirá una Unidad de Tratamiento Especial y espacios adaptados para personas con discapacidad. El complejo también dispondrá de áreas de atención sanitaria, educación, formación, visitas familiares, administración y otros servicios.
La Alcaldía sostiene que el nuevo centro permitirá trasladar a personas que actualmente permanecen detenidas en estaciones de Policía, instalaciones que no están diseñadas para funcionar como cárceles de larga estancia.
El traslado busca aliviar la presión sobre estos espacios y permitir que los agentes policiales dediquen más recursos humanos y operativos a la prevención del delito, las investigaciones y las labores de seguridad ciudadana.
Gutiérrez ha señalado que la infraestructura pretende convertirse en un modelo para otras ciudades colombianas.
De acuerdo con las previsiones municipales, la construcción concluiría en mayo de 2027. Posteriormente, se necesitaría alrededor de un mes y medio para instalar, verificar y poner a prueba los sistemas tecnológicos y de seguridad. El alcalde espera que para finales de julio de ese año el establecimiento pueda albergar a unas 1,200 personas.
La megacárcel se desarrolla mediante un esquema de Asociación Público-Privada (APP), presentado como el primero de este tipo aplicado a un centro penitenciario en Colombia.
El contrato establece una concesión de 15 años: tres destinados a la construcción y 12 a la operación del complejo.
La administración municipal prevé incorporar vigilancia privada especializada para instalaciones penitenciarias, además de espacios destinados a la formación, la educación y el trabajo de las personas privadas de libertad.
El desafío será garantizar que la nueva infraestructura no solo amplíe la capacidad de reclusión, sino que también funcione bajo condiciones adecuadas de seguridad, atención sanitaria, acceso a la justicia y respeto de los derechos fundamentales.
La construcción de la megacárcel de Medellín coincide con el creciente interés de varios gobiernos latinoamericanos en desarrollar centros penitenciarios de gran capacidad y reforzar sus políticas contra el crimen organizado.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele convirtió la política de seguridad y el encarcelamiento masivo en elementos centrales de su gestión. Uno de los símbolos de esa estrategia es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión construida con capacidad anunciada para 40,000 internos.
La experiencia salvadoreña ha despertado interés entre dirigentes políticos de la región, aunque también ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por las condiciones de detención, las denuncias de abusos y las garantías judiciales durante el régimen de excepción.
En Colombia, las propuestas de construir megacárceles de máxima seguridad forman parte de una discusión más amplia sobre cómo responder a las organizaciones criminales, la extorsión, la violencia urbana y la crisis de los centros de detención.
Según el reporte de EFE, otros países latinoamericanos también avanzan o han planteado iniciativas de infraestructura penitenciaria de gran escala, entre ellos Ecuador, Costa Rica, Honduras y Perú.
Sin embargo, la construcción de una prisión de gran capacidad no significa necesariamente que un país esté adoptando de manera integral el modelo salvadoreño. En el caso de Medellín, el proyecto tiene como uno de sus objetivos inmediatos trasladar a personas detenidas en estaciones policiales y mejorar las condiciones de custodia.
El proyecto colombiano abre interrogantes sobre los resultados que puede ofrecer la ampliación de la infraestructura penitenciaria frente a problemas estructurales como el hacinamiento, la reincidencia delictiva y la falta de programas de rehabilitación.
La capacidad para recluir a más personas puede contribuir a aliviar la presión sobre los centros temporales, pero su impacto dependerá también de la gestión penitenciaria, la supervisión de las autoridades, el acceso a la defensa legal y las oportunidades de reinserción social.
La educación, la formación laboral y la atención sanitaria previstas en el complejo serán aspectos relevantes para evaluar si la nueva cárcel cumple una función que vaya más allá del confinamiento.
La experiencia regional muestra que las políticas penitenciarias también deben analizarse por sus resultados en materia de seguridad pública, transparencia institucional y cumplimiento de las obligaciones legales del Estado.
Si se cumple el calendario anunciado, Medellín contará a mediados de 2027 con una nueva infraestructura para afrontar parte de la presión sobre sus espacios de detención. Su funcionamiento y sus resultados permitirán determinar si el proyecto se convierte en un referente para Colombia y qué elementos pueden servir de ejemplo para otros países de América Latina.
Fuente: Agencia EFE y declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recogidas en la información publicada el 19 de octubre de 2026.